Opinión

Reforma o contra-reforma en la carrera judicial


— Horacio Rose —

Parte I ;


Ante manifiestas evidencias del mal funcionamiento de los sistemas de justicia y sus repercusiones en la vida económica y democrática de los países, desde finales de la década de los 80 se inició, particularmente en los latinoamericanos, un proceso de reformas judiciales de similares características para todos los Estados.;


Las reformas emprendidas han tenido un enfoque muy convencional respecto a los cambios requeridos para resolver los problemas de la justicia. En general se concentraron en modificaciones a los procedimientos, en la revisión de los códigos básicos, en reformas administrativas, como el ordenamiento de los despachos judiciales o las oficinas de distribución de causas y notificaciones, mejoras en los procedimientos de selección de los jueces, aumento de su número, incrementos en el presupuesto y mejoras salariales. ;


A pesar de haberse invertido muchos recursos, numerosos estudios muestran que dichas reformas, de las cuales Nicaragua no ha sido ajena, han logrado resultados que distan mucho de resolver los problemas de injusticia que las originaron. Tal como puede observarse en los altos índices de desconfianza ciudadana en la justicia para países como Venezuela, Bolivia, Guatemala, Ecuador o el Perú de Fujimori, países todos sujetos a procesos de reforma. Tengamos presente que la estabilidad y cohesión social están basadas por muchos en la confianza. ;


Se requiere entonces, darle a la justicia un tratamiento mucho más integral, con miras a restituir en la población la confianza en la administración de la justicia. Esto implica dejar de actuar con una política de retazos para desarrollar una visión de largo plazo, más comprensiva y estratégica: la de cambios estructurales, la de cambios en el sistema mismo. Los temas fundamentales son los relativos al gobierno del Poder Judicial y su estructura organizacional. Estos temas forman el corazón del Plan Nacional de Desarrollo.;


En este contexto, la organización de la carrera judicial, mediante ley, es una de las condiciones necesarias, pero jamás suficientes, para mejorar el desempeńo del sistema de justicia. Se imponen aún cambios en su gobierno, en su modelo de auto-regulación y de formulación de políticas, tanto como en su apertura a la participación ciudadana, para fortalecerlo y controlarlo. Ello requiere, entre otros, pasar de un sistema vertical a uno más horizontal, mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, un Código de Ética, un mejor sistema de incentivos y de control del patrimonio de sus funcionarios, y al final del día, de una reforma constitucional que le dé asideros institucionales de largo plazo a los consensos políticos y sociales que logren alcanzarse para inmacular la justicia.;


No debemos olvidar que el poder soberano, incluyendo el de la justicia, reside en el pueblo, quien lo ha delegado en los jueces y magistrados. De manera que demandar la reforma implica también aceptar que ésta debe surgir en gran medida o del poder sujeto de la reforma o del pueblo. Separarla es dar paso a la contra-reforma y aceptar todas sus consecuencias. Una ley de carrera judicial debe ser, pues, el reflejo de una política institucional gestada de manera participativa dentro del Poder Judicial respecto a su sistema de normas y gestión de personal. ;


No existe modelo óptimo de sistema de justicia, ni de gestión de los recursos humanos del Poder Judicial que pueda ser replicado. Sin embargo, los estudios efectuados sobre diferentes modelos establecidos, desde los primeros Consejos Superiores de la Magistratura, creados en la Europa de la posguerra, hasta los latinoamericanos de más reciente data, seńalan un conjunto de lecciones que no deberían ignorarse en el proceso de definición del modelo a adoptar en Nicaragua. ;


En los párrafos que siguen me referiré a lecciones aprendidas más importantes de la administración de la carrera judicial en el derecho comparado contemporáneo, vistas desde el ángulo de los problemas de nuestra justicia y los temas sobre los que versa el debate nacional.;


Una primera reflexión de carácter general, pero aplicable a este caso, indica que la ley debe ser de carácter general y evitar en lo posible el exceso de legislación que resta flexibilidad para la solución de casos concretos que es imposible que la ley pueda prever. Las leyes que se han elaborado últimamente, en general, son tan casuísticas que dejan de ser normas abstractas capaces de guiar el comportamiento de las personas y establecen rigideces que la tornan inaplicable. ;


Una segunda lección apunta a la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Actualmente hay una confusión. Cada vez se le exige más al juez o jueza someterse al control administrativo de las Cortes Supremas o de los Tribunales de Apelaciones; fortaleciendo el sistema vertical de gestión y la creencia de que la autoridad del juez le es delegada de sus superiores y no investida por la ley. Este sistema es el mayor atentado contra la independencia de los jueces y una de las fuentes más importantes de abusos y presiones. ;


Sin embargo, la definición de las políticas administrativas y las actividades que se le desprenden están bajo la tutela de las Cortes de Apelaciones o de las Cortes Supremas, según el caso. De tal suerte que el juez prácticamente ha pasado a ser más que una autoridad con iguales facultades que el resto de sus colegas, un subordinado administrativo o un empleado sujeto a los procedimientos y requerimientos que las administraciones hacen por autoridad delegada de la CSJ o de los presidentes de los Tribunales de Apelaciones. La Ley de Carrera Judicial tiene que establecer una clara separación entre estas funciones, dejando al juez la facultad de participar en las decisiones y evaluaciones de política institucional y administrativa, mas no en su ejecución.;


Por otra parte, la política de gestión y administración de personal debe ser abarcadora e integral, incluyendo tanto las facultades nominadoras, de ascensos y de capacitación, como la facultad disciplinaria de los miembros. Por tanto, la ley no sólo debería tratar del procedimiento de selección, sino también de la función disciplinaria. Este es un punto fundamental. En la realidad, la potestad disciplinaria y uno de sus atributos: la facultad de destitución o traslado de los jueces como consecuencia de sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccional, se presenta como una de las funciones que más atenta contra la independencia judicial. ;


Aunque para preservar la independencia y evitar la injerencia política en la integración de los jueces y cortes, no basta con trasladar los poderes de nominación y destitución de un cuerpo colegiado a otro.;


La experiencia internacional seńala que las reformas son sostenibles cuando se asegura el autogobierno del Poder Judicial, haciendo que el consejo que administra la carrera judicial sea parte del mismo poder, regido por lo tanto por su misma ley orgánica. Esto se logra cuando la reforma contribuye a crear el sentido de cuerpo, o sentido corporativo como se dice hoy, con una visión de largo plazo, donde el juez ocupa el centro del sistema. Ésta debería pretender fortalecer la independencia del juez y no legislar contra el juez. El Poder Judicial ha podido funcionar mucho tiempo sin presidente o sin magistrados de Tribunales de Apelaciones, pero un solo día sin jueces se tornaría en un caos social. ;


Sin embargo, no se trata tampoco de favorecer una política de islas o feudos al interior del Poder Judicial, que permita la indolencia absoluta o el enfrentamiento entre cuerpos colegiados. De tal suerte que los vicios del uno sean asumidos, sin solución de continuidad, por el otro. Se trata de crear mecanismos institucionales de contra-balance al interior mismo del Poder Judicial; haciéndolo más horizontal en su estructura y más democrático y participativo en su gobierno, sin atentar contra la independencia del juez al juzgar.;