Nacional

Caso OCI al rojo vivo

*Funcionarios declaran que no podían investigar supuestas alteraciones *Procurador enfila baterías sobre los beneficiados y "los que abrieron el cofre en el cuarto piso" *Uno de los privados se ampara por no haber sido llamado a defenderse

— XIOMARA CHAMORRO —

El procurador de Justicia, Julio Centeno Gómez, seńaló a los beneficiados con millonarias indemnizaciones valoradas por la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), como los verdaderos responsables de una presunta estafa contra el Estado por falsificar documentos para obtener el pago de las propiedades reclamadas.;

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"Yo no dudo que los autores criminales de la falsificación y las autoridades que contribuyeron con ese delito, sean los responsables, y los que cobraron tienen nombres y apellidos", seńaló ayer el procurador Centeno.;

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El funcionario coincidió con los planteamientos presentados la mańana de ayer por ex integrantes de la Junta Directiva de la OCI, los que no negaron la posibilidad de que las indemnizaciones se hayan realizado indebidamente si el proceso de los casos se realizó sobre la base de expedientes falsificados.;

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"El acto irregular se comete en nuestra oficina, porque tomamos documentos irregulares como auténticos y aunque los sometimos a un proceso correcto, todo queda irregular, pero no era nuestra misión verificar la autenticidad de los documentos públicos que nos presentaban, en todo caso, nosotros fuimos timados, el error se origina en los Registros", expresó ayer en conferencia de prensa el ex-director general de la OCI, Ramiro Balladares.;

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La ex directora de la Asesoría Legal de la OCI, María Auxiliadora Camacho, explicó que su oficina procesó 5400 expedientes y cada uno contenía el expediente de confiscación conforme el Decreto 11-90; el expediente de reclamo y el expediente de la Dirección General de Ingresos.;

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"Nosotros trabajabamos con documentos públicos, extendidos por notarios o por los registradores departamentales y no teníamos por qué dudar de su autenticidad, nosotros dábamos credibilidad a esos documentos, así se lo explicamos a la Contraloría, por eso nos sorprende esta resolución en la que nos seńalan a nosotros y no a quienes pudieron haber falsificado esos documentos", agregó Camacho.;

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Los ex funcionario, dijeron no comprender la razón de la Contraloría para no seńalar a los ciudadanos Ariel Sotomayor, Tirso Celedón y Carlos Mc Culloch y a sus asesores legales, como los verdaderos responsables de cualquier irregularidad en el proceso de la indemnización.;

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"Nos están usando en una guerra entre la Contraloría y la Presidencia, en la que no tenemos nada que ver", manifestó Balladares.;

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CONTRALORIA NO LOS ACUSO PENALMENTE;

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El contralor Agustín Jarquín, explicó ayer que las causales por responsabilidad admnistrativa contra los ex integrantes de OCI, no es por falsificación de documentos, sino por "la inobservancia de responsabilidades administrativas que dieron pie a que se facilitaran esos hechos".;

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"No hay una imputación directa a ellos, sino estarían siendo objeto de un escrutinio de caracter judicial, su falta es de caracter administrativo, no están vinculados, no tienen responsabilidad en la aparente alteración de documentos.", indicó el contralor.;

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Jarquín también seńaló que la labor de la Contraloría se ejerce sobre funcionarios públicos y no sobre privados, por lo que le corresponde a la Procuraduría y al Juzgado Sexto del Distrito de lo Criminal de Managua, determinar responsabilidades penales contra Mc Culloch, Celedón y Sotomayor.;

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SOTOMAYOR SE AMPARO;

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Sotomayor Callejas, uno de los beneficiados con 2,251,813 dólares en bonos por dos fincas de 5,489 manzanas una y de dos mil manzanas la otra, ubicadas ambas en Zelaya Sur, introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua.;

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Actuando como agraviado, Sotomayor recurrió contra el contralor Jarquín por la presunción de responsabilidad penal que se deriva de la resolución de la Contraloría sobre el caso.;

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"La resolución recurrida amenaza con privarme de mi libertad y se ha emitido sin atenerse a un procedimiento legal, desde luego que la mencionada resolución me impidió tomar parte en las investigaciones de la auditoría especial practicada por el contralor. Se ha levantado un proceso administrativo en contra mía sin atenerse a la prescripción constitucional de presumir mi inocencia", expresa parte del recurso de Sotomayor.;

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El agraviado solicitó que se suspendan las diligencias judiciales de la Procuraduría y del Juzgado Sexto, por lo que estaría anuente a rendir una fianza para tal fin.;

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Según la Contraloría, los documentos presentados por Sotomayor ante la OCI para solicitar su indemnización, no demuestran la existencia de deslinde y amojonamiento en la historia registral, además de inconsistencias en los certificados registrales.;

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Sotomayor presentó ante el Tribunal de Apelaciones, la certificación registral de la finca indemnizada, la libertad de gravamen de la finca, la constancia del INRA de que no podía devolverse la propiedad por lo que debía indemnizarse y la constancia de ocupación de la propiedad.;

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LOS QUE ABRIERON EL "COFRE";

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Pero si bien el Procurador Centeno no desestima los argumentos presentados por los ex funcionarios de la OCI, en relación a que los responsables penales deben buscarse entre los beneficiados de las indemnizaciones y sus asesores legales, cree que también son culpables "los que abrieron el cofre" para pagar las indemnizaciones.;

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"El asunto no está en empleados menores, los pagos se hacían en el cuarto piso, ahí está la cosa", dijo Centeno.;

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Según Balladares y Camacho, antes de entregar los bonos, se pasaba el expediente a la Notaría General de la República, que era la encargada de trasladar el derecho de posesión al Estado y era el encargado de verificar los documentos en el Registro y luego esa oficina emitía una carta a la Tesorería para el pago correspondiente.;

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"En ese momento se podían detectar anomalías, pero no se podía suponer que se estaba actuando de mala fe y la Notaría tampoco podía presumir dolo", manifestaron los funcionarios.;

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Aseguraron que el actual Gobierno ha realizado importantes indemnizaciones a funcionarios y familiares de personas ligadas al Gobierno, en casos que ellos desestimaron por detectar anomalías o falta de suficiente documentación que sustentara la petición de indemnización.;

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Aunque no seńalaron nombres, los ex funcionarios aseguraron que el Gobierno indemnizó a un diputado, al papá de un funcionario de Telcor y a un ministro, identidades que estarían dispuestos a revelar próximamente.;