Nacional

300 comunidades en peligro

*** ¿Quién alienta a norteamericanos? *** Cunninham: "Se sienta grave precedente" *** Gobierno ha abandonado derechos indígenas

— ERVING SANCHEZ RIZO —

El proceso judicial contra Alamikamba y Tasbapouni es apenas;
la punta del iceberg a través del cual corren peligro de;
desalojo no sólo ocho poblaciones ubicadas en la demarcación;
territorial reclamada judicialmente por empresarios gringos,;
sino que igual suerte tendrían más de 300 comunidades de la;
Costa Atlántica, sostiene la doctora Mirna Cunninham.;


La doctora Cunninham, funcionaria de la Universidad de la;
Región Autónoma de la Costa Atlántico Norte (URACCAN), uno de;
los organismos que apoya incondicionalmente a las comunidades;
indígenas en el diferendo judicial con la Caribbean Shipping;
Developmen Corporation, dijo que ya existe una orden de;
desalojo de las ocho localidades.;


La mencionada empresa gringa demanda la propiedad sobre 58 mil;
888 hectáreas de tierras, en posesión desde hace siglos por;
comunidades indígenas que reivindican su derecho ancestral;
sobre unas 100 mil hectáreas ubicadas entre los territorios de;
Alamikamba, en la Región Autónoma de Atlántico Norte y;
Tasbapouni, en la Región Autónoma de Atlántico Sur.;


JUEZ LLEVA ORDEN DE DESALOJO;


Los estadounidenses Roberto Edward, Merrick Burlinson, Joseph;
Patten, Brown Keller, Richard Clarence, Twist Giltne y Paul;
Stauder Morales, sostienen por medio de su representante, el;
abogado costeńo Dennis Hodgson Hodgson, que adquirieron las 58;
mil 888 hectáreas de tierras en 1974.;


Dijo la funcionaria de URACCAN que hace unos 15 días que el;
Juez de Puerto Cabezas, Fernando Saavedra, llegó con el;
abogado Hodgson Hodgson y un policía a notificar a los;
extrańados vecinos que tendrían que desalojar sus comunidades,;
puesto que eran reclamadas por los empresarios de la;
Caribbean.;


PRECEDENTE SUMAMENTE PELIGROSO;


Contra esa pretensión, la doctora Cunninham recordó que el;
artículo número cinco de la Constitución Política de la;
República y el Estatuto de Autonomía, seńalan el derecho de;
las comunidades indígenas a sus territorios y sus formas de;
organización comunal, sin embargo de progresar la demanda;
serían desalojadas más de dos mil personas de sus propiedades.;


La doctora Cunninham manifestó que el desalojo constituiría un;
precedente sumamente peligroso que pondría en riesgo la;
estabilidad de 300 comunidades en las dos regiones autónomas,;
que se verían expuestas a otras demandas dado que a inicios de;
siglo, en tiempos de Zelaya, fue cedido por medio de títulos;
supletorios buena parte del territorio de la Costa Atlántica,;
a espaldas de los pueblos indígenas.;


La actual situación puso de nuevo en el tapete el problema de;
la demarcación de los territorios pertenecientes a las;
comunidades indígenas, proceso que terminaría con una;
titulación de acuerdo a las modalidades de propiedad;
prevalecientes en el litoral Atlántico, pero que no ha sido;
cumplido por el gobierno.;


En 1996 se formó una comisión que trabajaría en una ley para;
la demarcación de los territorios indígenas, pero desde que el;
doctor Arnoldo Alemán comenzó a presidirla, el organismo no se;
volvió a reunir, dijo la doctora Cunninham.;


TOMAR EN CUENTA DERECHOS INDIGENAS;


Sin embargo, el proyecto de ley existente por parte del;
gobierno no toma en cuenta a representantes de las mismas;
comunidades donde va a regir, afirmó Mirna Cunninham.;


La doctora manifestó que también existe una iniciativa que;
debe crear un nuevo proyecto de ley que sea consultado con los;
Consejos de Ancianos, para determinar cuáles son los límites;
reales y ancestrales de los territorios de las diversas;
comunidades indígenas, no obstante hasta ahora está;
paralizado.;


Para esta costeńa, la situación favorece la explotación sin;
tomar en cuenta los derechos de las comunidades indígenas, de;
los recursos que en madera y minerales aún posee la Costa;
Atlántica.;


Cunninham aseguró que los representantes de los pueblos;
indígenas están dispuestos a ir hasta la Corte Suprema de;
Justicia e incluso a tribunales internacionales para defender;
sus derechos, si internamente no les son reconocidos.;