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Instituciones callan ante amenaza a Río San Juan

* Área ambiental del Ministerio Público se proclama como la abanderada contra los delitos ambientales, pero dice no darse por enterada * Procuraduría Ambiental escucha solicitud, promete dar respuesta, pero luego viene el silencio y la lucha en defensa del Río y del Lago la asumen sectores de la ciudadanía

A casi una semana que EL NUEVO DIARIO diera la voz de alarma sobre un proyecto hidroeléctrico que pretende cambiar el curso del Río San Juan y verter las aguas del Gran Lago de Nicaragua al Océano Pacífico, las principales instituciones encargadas de velar por el Medio Ambiente en el país, guardan silencio.
Desde que el profesor Salvador Montenegro, Director del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos de la UNAN-Managua, explicó la magnitud de los daños ecológicos que el Proyecto Hidroeléctrico Brito provocaría en los ecosistemas del Río San Juan, Lago Cocibolca y San Juan del Sur, END ha buscado una explicación a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y a la Procuraduría Ambiental.

La única respuesta y a medias
El Ministerio del Ambiente, a través su viceministro, Roberto Araquistain, lo único que dijo es que el proyecto polémico está apenas en una etapa de estudio, y que se tomarían en cuenta los estudios de impacto ambiental antes de tomar una decisión definitiva al respecto.
Sin embargo, este medio descubrió que la “decisión definitiva” ya va tomando forma, y que detrás del proyecto hidroeléctrico existen intensas gestiones oficiales tanto del Ministerio de Energías y Minas, como del gobierno del mismo presidente Daniel Ortega, quien incluso vendió a Venezuela y los países miembros del ALBA, la idea de un proyecto de irrigación agraria a partir del proyecto en cuestión, para generar alimentos y comerciarlos “a precio justo” con sus aliados socioeconómicos de la Grannacional de Alimentos.
El citado proyecto energético pretende construir una presa en el Río San Juan para revertir el flujo natural del lecho, aumentar el nivel de las aguas y alimentar el embalse Miramar en el lago Cocibolca. Mediante un canal de abducción que atravesaría Rivas a partir del río Brito, las aguas que el Lago dejaría de verter naturalmente en el Río San Juan, serían vertidas en la zona costera de San Juan del Sur.
El multimillonario proyecto, estimado inicialmente en 600 millones de dólares, sería realizado por empresarios brasileños y contraparte nicaragüense, y cálculos oficiales venden la idea de que generaría 250 megavatios de energía limpia.
Detrás del negocio energético está la empresa Albanisa, ligada a la pareja presidencial y manejada por Francisco López Centeno, tesorero del FSLN, quien por medio de Alba-Rivas anda tras las tierras adyacentes y ubicadas en la ruta del Proyecto Hidroeléctrico Brito.
Además de Salvador Montenegro, expertos en temas ambientales como Kamilo Lara, así como los mismos promotores de la megaobra, han advertido de daños al medio ambiente en la zona del Río San Juan, así como desplazamiento de poblaciones, inundaciones de zonas ribereñas, afectaciones a la navegación del lecho, y alteraciones de ecosistemas tanto en el Lago como en el estuario marino de San Juan del Sur, entre otras decenas de afectaciones más.

No ven, no oyen ni sienten nada
EL NUEVO DIARIO, igualmente, buscó durante la semana al Ministerio Público, para conocer de primera mano la visión de la Fiscalía Ambiental sobre la amenaza al ecosistema, pero olímpicamente, tras varias llamadas solicitando una entrevista, el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez dijo “no estar muy enterado del asunto”.
De igual modo se buscó la visión del asunto en la Procuraduría del Medio Ambiente, con el argumento de que la Ley General del Ambiente y Recursos Naturales se basa en el Principio Precautorio, con el cual no se necesita demostrar fehacientemente las pruebas del daño sino advertir del riesgo que acciones y proyectos puedan provocar en el Medio Ambiente, pero a la fecha, seguimos esperando la llamada en la que nos confirmarían la entrevista.
Contrario al silencio institucional, las voces de alarma y protestas contra la amenaza al Río San Juan, se han levantado de diversos modos desde la ciudadanía.
Empresarios turísticos de las riberas del Río y del Lago, se preparan para un congreso de hoteleros de Centroamérica, el 30 de septiembre en León, donde denunciarán el tema a nivel internacional.
Del mismo modo, socios estadounidenses y costarricenses de negocios ubicados en las márgenes del río, recopilan información para llevar las denuncias a nivel oficial de sus países, según informaron fuentes del sector turístico.
Grupos ambientalistas del Río San Juan, alcaldes y trabajadores de pesca, transporte y guías turísticos, recogen firmas para pedir formalmente a la Asamblea Nacional que tomen cartas en el asunto e impidan represar el río.
En la red social Facebook se libra otra lucha. Defensores del medio ambiente crearon esta semana el foro “Salvemos el Lago, digamos no a Brito”, donde llaman a pronunciarse contra la obra y a protestar contra las intenciones gubernamentales. Más de 500 usuarios apoyan la idea, y el número va aumentando, junto al debate y las expresiones de condena contra los promotores del negocio energético.