Nacional

Critican “militarización” de cobertura a desastres

* Propuesta de Ortega recuerda al Comité Nacional de Emergencia de los tiempos de Somoza, dice ONG ambientalista * Ieepp observa: el golpe no es tanto a Sinapred, como sí lo es a Defensa, quien cede su espacio al Ejército

José Adán Silva

Las propuestas y cambios de hecho que el gobierno de Nicaragua impulsa al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred), fueron interpretadas por dos organizaciones de la sociedad civil como “una militarización de la cobertura a desastres”, y como “un apoderamiento del poder militar frente a la autoridad civil”.
El director ejecutivo del ambientalista Centro Humboldt, Amado Ordóñez, dijo ayer que de aprobarse la propuesta de reforma a la Ley 337 (Ley Creadora del Sinapred), y el Plan Nacional contra Desastres tal como se ventila públicamente, “sería lamentable y hasta un retroceso sustancial en materia de gestión de riesgo, desastres y derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense”.
La propuesta gubernamental, presentada por el presidente Daniel Ortega, establecería el replanteamiento del papel del Ejército y de la Policía Nacional como principales responsables de las acciones de rescate, salvaguarda y mitigación ante
este tipo de fenómenos, relegando a las autoridades civiles en la toma de decisiones.

Al igual que Somoza
Al respecto, Ordóñez dijo que eso implicaba una militarización del tema, y con ello “estaríamos retornando a la década de los 60 y 70, cuando existía en Nicaragua una ley que militarizaba la intervención humanitaria, y limitaba los derechos ciudadanos”.
“Nos preocupa enormemente que con esta reforma en lugar de avanzar en que los factores de riesgo sean incorporados en los procesos de desarrollo y en los instrumentos de gestión pública del Estado nicaragüense --tales como el presupuesto general de la República, el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), o en la Estrategia Nacional del Ambiente y de Cambio Climático--, más bien haya una ley exclusivamente para desastres y emergencias, que no da cabida a las acciones de prevención que al final le
dan sustentabilidad a los procesos de desarrollo y mayor seguridad a la vida humana”, dijo.
Para Ordóñez, esta propuesta no es la solución a los problemas de los desastres “además, no contribuye con la  transformación sustancial de los factores de riesgo”.
La propuesta de reforma establece la creación del Consejo Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, incorporando a la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, manejada por la primera dama, Rosario Murillo.

Abrirse a consultas
Sin embargo, la Ley actual ya cuenta con una comisión nacional que encabeza el Presidente de la República, y participan miembros de su gabinete, además del Ejército Nacional y la Policía, por lo cual, a criterio de Ordóñez, “no es una novedad la creación del mencionado Consejo Nacional”.
“No se trata de que con militarizar la respuesta humanitaria, el problema de los desastres se resolverá.
Esto es un problema de nación vinculado al alto grado de vulnerabilidad, para lo cual se requiere educar a la población y prepararla ante hechos inevitables, pero si esta ley se aprueba con una visión de emergencia, tal vez estaremos condenando al país  a que quede atrapado de respuesta en respuesta, y no buscando cómo trascender a otros escenarios donde la prevención debe ser la preocupación principal”, explicó.
Ordóñez manifestó su desacuerdo ante los procedimientos utilizados por el gobierno en la presentación de este anteproyecto de ley, con trámite de urgencia, y propuso la apertura de un proceso de consulta para escuchar a todos los sectores, y que éstos decidan conjuntamente el instrumento de ley requerido para el país, tomando en cuenta el caso como una problemática de nación y “no como decisiones del Presidente y su gabinete”.

Militares encima de civiles
Por su parte Yassir Chavarría, investigador del área de Seguridad del no gubernamental Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp), más que una militarización de la respuesta humanitaria ante desastres, lo que se evidencia con la propuesta es un apoderamiento del estamento militar a los espacios civiles.
Chavarría dijo que las propuestas de Ortega, tanto la creación del Plan Nacional Antidesastres como la idea de modificar el Sinapred, se están manejando desde dos estamentos: el Ejército y la Presidencia.
“Según algunas fuentes que hemos consultado, la propuesta no nació del presidente, sino que fue planteada por el Ejército, para tratar de formar un sistema nacional para darle cabida, formalmente en la ley, a las funciones que ya ejerce, pero que en la ley actual (337) le corresponden al Ejército como acompañante del Ministerio de Defensa”, observó.
En la composición oficial de funciones del Sistema Nacional, establecido en la Ley 337, de marzo de 2000, se lee que el Comité Nacional es la entidad rectora del Sistema y le corresponde definir, entre otras atribuciones, las políticas y planes; asesorar al Presidente de la República sobre la declaración de Desastres Naturales; aprobar la propuesta del presupuesto anual para el Fondo Nacional para Desastres.
Y se conformaba de la siguiente manera: en primer lugar el Presidente de la República o quien él delegue, y, en segundo lugar, al Ministro de Defensa, acompañado por el Jefe del Ejército de Nicaragua. Y más abajo, 11 instituciones más.

Ejército por Ministerio
“Es decir que en esta propuesta, cuando se habla de darle su lugar al Ejército, lo que se hace es atribuirle ya directamente al Ejército, sin el papel de intermediario del Ministerio de Defensa, lo que vienen haciendo desde hace 30 años”, expresó Chavarría.