Nacional

BID se lava las manos

* Han invertido mucho en esa legislación y necesitan su aprobación, haciendo abstracción de su contenido * Revelaciones las hizo Ética y Transparencia, y fue imposible que el organismo financiero internacional nos diera una declaración * Cada vez que se profundiza en el dictamen de ley, aparecen más amplias discrecionalidades para disponer de los recursos del Estado sin ningún control

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, está condicionando el desembolso de unos 42 millones de dólares por la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, sin importar las enormes discrecionalidades a las que abre puertas el dictamen que está a punto de fallarse por la Comisión Económica, y posteriormente por el Plenario de la Asamblea Nacional.
Los miembros del sector de Transparencia y Contratos del organismo cívico, Ética y Transparencia, EyT, afirmaron que hay “urgencia” de parte del organismo financiero multilateral, de que la nueva Ley de Contrataciones, de 128 artículos, sea sancionada por el Parlamento.
“Hay bastante prisa en aprobar este dictamen, se está urgiendo que antes de que termine el año, si es posible antes de octubre, y no se dice nada de que hay presión para eso, porque de eso dependen préstamos”, dijo César Hernández, Coordinador de Proyectos de E y T.
Indicó que en una reunión que sostuvieron en días recientes con la representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano les indicó que como organismo que trabaja con el Estado, desean que se apruebe una norma que cumpla con los estándares internacionales de transparencia, agilidad y modernidad.
“Doña Mirna nos dijo que el BID no quiere que se den las cosas malas, quiere un dictamen positivo para el país y para las contrataciones, pero que es un organismo respetuoso de la parte nacional y que no puede incidir en ello, aunque sí nos reconoció que uno de los requisitos para la aprobación de 42.5 millones de dólares de parte de ellos desde el año pasado, es que se apruebe una nueva ley”, dijo Hernández.

¿Lo más importante es aprobarla?
“Le hicimos ver (a Liévano) que el dictamen, como está, no cumple con todos los estándares y principios fundamentales de contratación, y nos dijo que, efectivamente, aunque fuese así, si se aprueba en los términos en los que está, debemos aceptarlo así, porque se está cumpliendo con un compromiso asumido que es lo más importante”, añadió.
El BID ha desembolsado varios millones de dólares en busca de mejorar la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323. “Es decir, que ellos tienen especial interés, y aunque no lo admitan están presionando para que se apruebe lo antes posible”, dijo Hernández.
Ayer durante el día contactamos a la Dirección de Relaciones Públicas del BID en busca de una reacción sobre las afirmaciones de EyT, pero luego de recibir nuestra solicitud y prometer una respuesta, al cierre de la edición ésta no llegó.
El dictamen de ley, cuyo detalle ha señalado END desde el pasado fin de semana, quita a la Contraloría la facultad de administrar las licitaciones públicas, exclusiones de procedimientos y contrataciones directas, acomoda las posibilidades de contratar a familiares como oferentes, no regula a los entes autónomos cuando las acciones sean de su giro propio, y abre las puertas a una enorme cantidad de discrecionalidades que en lugar de velar por la transparencia, facilitan el fraude y la malversación.

Más perlas de la nueva ley
La propuesta de dictamen de la nueva Ley deja manos libres a varias instituciones para hacer contrataciones directas en la compra de bienes y servicio sin ningún tipo de control. La Policía Nacional, por ejemplo, podría contratar la compra de vehículos de lujo sin necesidad de licitar, bajo el argumento de garantizar la seguridad ciudadana, según explicó el jurista Miguel Argüello, asesor del diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El artículo 61, numeral 1), del borrador de dictamen, establece que “podrán celebrar contrataciones directas a través de resolución de su máxima autoridad: 1) El Ministerio de Gobernación para el uso de la Policía Nacional cuando se realicen con fines exclusivamente policíacos y sean totalmente necesarias en situaciones de urgencia que hagan peligrar el mantenimiento del orden y la seguridad pública que sean declaradas por el Ministerio a solicitud de la Jefatura Nacional de la Policía”.
Según Argüello, como está propuesto en el borrador de dictamen, este artículo deja a discrecionalidad de la Dirección General de la Policía Nacional y del Ministro de Gobernación, la contratación directa, pero, además, establecer los casos que ellos consideren “de urgente necesidad”, y decidir qué situación “pone en riesgo el mantenimiento del orden y la seguridad pública” para realizar la contratación directa.

También al Ejército
Por otra parte, en el acápite 2) se deja también al Ejército de Nicaragua la facultad exclusiva para realizar las contrataciones directas “con fines exclusivamente militares necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional…”.
Argüello considera que esto también representa un riesgo para la misma institución armada, pues el concepto es demasiado amplio y no se especifica en qué casos particulares se va a permitir a las Fuerzas Armadas hacer las contrataciones directas.

Contratos Marco, otra trampa
Para el jurista, otra de las trampas de la propuesta de dictamen de ley, lo constituye el concepto de “Contratos Marco”, mediante los cuales varias instituciones del Estado se juntan para realizar la contratación de una misma adquisición, y una sola asume la distribución.
El artículo 2 en su numeral 7 define los Contratos Marco, como “los celebrados por el órgano rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público a través de un proceso licitatorio con el propósito de adquirir, dentro de un plazo determinado, bienes de consumo o servicios generales, determinándose el precio, cantidad y demás condiciones contractuales pertinentes, bajo las cuales el proveedor se obliga a suministrar el bien de consumo o servicio general al órgano o entidad del sector público que desee contratar los bienes o servicios dentro de dicho plazo”.
En el artículo 13 se establece el ámbito de aplicación de los Contratos Marco. Según este artículo, “se crea dentro del órgano rector del Sistema de Contrataciones… un área encargada de la celebración de los contratos marco. Dicha área, a petición de uno o más organismos o entidades del sector público, actuará como representante o mandatario en la licitación de bienes y servicios generales. La suscripción de contratos marco estará regulada en el reglamento de la presente Ley”.
“En tal carácter, representará o actuará como mandatario de uno o más organismos o entidades del Sector Público, en la licitación de bienes o servicios generales, para la suscripción de dichos contratos, en la forma que establezca el Reglamento”, se lee en el último párrafo de la propuesta de artículo 13.
Además, señala Argüello, la discrecionalidad en este tipo de contrataciones es más amplia, pues su regulación se traslada al reglamento de la Ley.