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Bestias llamados Zetas se ensañan con inmigrantes

* El caso de los 72 indocumentados masacrados en Tamaulipas fue muy publicitado, pero diariamente ocurren muchos en la misma ruta, que no aparecen en los medios * Cuando se le pide a un indocumentado que defina lo que para él es México, dice que es “un cementerio de centroamericanos que buscan una vida mejor” * Las ganancias del negocio de extorsión a familiares de inmigrantes, se calculan en 25 millones de dólares en seis meses, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos

México / EL PAÍS

Como a las siete de la noche, cuando Chiapas y Oaxaca habían quedado atrás, “Carlos” escuchó la orden de quedarse quieto. El tren en el que este ciudadano de origen guatemalteco iba de polizón acababa de detenerse en Medias Aguas, Veracruz. Desobedeciendo la instrucción, “Carlos” saltó del ferrocarril y logró esconderse en el monte.
“A dos salvadoreños que se opusieron al asalto, los mataron sin mayor menester, ahí mismo”. Ese fue el primer susto. Dos horas después el tren siguió su ruta al Norte. Y en él, colgados en racimos entre los vagones o en el techo de los mismos, decenas de inmigrantes centroamericanos. A las cinco de la mañana avistaron Tierra Blanca, también Veracruz, pero ahí “Carlos” no corrió con tanta suerte.
“El tren estaba parado cuando a las seis de la mañana llegó alguien a quien llamaban ‘El Gordo’ con seis hombres, en un carro verde. Al coyote le permitieron apartar a su gente. A los que viajábamos solos, los seis pistoleros nos decían que si no aportábamos un número telefónico de parientes en Estados Unidos nos iban a matar. Los que se negaron fueron tableados (tiroteados). Dos intentaron escapar y los asesinaron. Como yo soy bien pacífico, di el número para que no me hicieran nada”, cuenta “Carlos” vía telefónica.
Su caso parecería menor ante la tragedia de hace una semana, cuando 72 emigrantes sin papeles fueron encontrados acribillados en una finca de San Fernando, Tamaulipas, pero es uno de los muchos que ocurren sin aparecer en los telediarios.
En su intento por llegar a Estados Unidos, el entrevistado --que habla a condición de que no se revelen ni su identidad ni su ubicación--, resume que en su viaje vio cómo mataron a cuatro personas, se encontró cadáveres tirados en basureros y pasó hambre tres días, en una casa de seguridad de tres plantas, atestada de centroamericanos.
La parsimonia con que cuenta que sus parientes tuvieron que enviar telegráficamente mil dólares para pagar por su libertad, sólo se pierde cuando le pregunto si no había policías cuando los secuestraron: “No hicieron nada, sólo se nos quedan viendo (mirando), ellos le avisan a ‘El Gordo’ que ya llegó el tren”.
Polarizada por la división política y erizada por la sensación de vulnerabilidad total, cimentada por escenas de violencia que se superan en crueldad mes a mes, la sociedad mexicana cumple una semana de haberse atragantado en el desayuno con la sangre de 72 ciudadanos de origen centroamericano y sudamericano que fueron hallados en una finca a medio construir en el ejido El Huizachal, de San Fernando, Tamaulipas, a hora y media de la frontera con Estados Unidos.
El corte de caja siete días después cabe en unas cuantas líneas poco novedosas: los autores de la matanza fueron los Zetas (era más que sabido que dominan las redes de extorsión y secuestro de los emigrantes sin papeles); como no podían pagar por su rescate, a los indocumentados se les propuso, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente, enrolarse en la organización criminal (tampoco táctica nueva), se habrían negado y los mataron; de los 31 que hasta el momento han sido identificados, el grupo mayoritario hondureño, con 14, luego los salvadoreños, con 12, guatemaltecos son cuatro, hay un brasileño, y, el sobreviviente, un ecuatoriano.
Y, finalmente, el agente asignado a la investigación desapareció, junto con un policía, el 25 de agosto, un día después del hallazgo de los cadáveres. Esto podría parecer novedoso si se pasa por alto que ahí, en Tamaulipas, y cuando las encuestas lo ponían como virtual gobernador, el candidato del PRI fue asesinado en junio, una semana antes de los comicios para renovar al gobernador del Estado.

Cementerio de centroamericanos
Cuando se le pide que defina lo que para él es México, “Carlos” dice que es un país “muy peligroso, un cementerio de centroamericanos que sólo andan buscando una vida mejor, pero aquí la mercancía son los inmigrantes”.
Las ganancias de ese negocio han sido calculadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en al menos unos 25 millones de dólares en seis meses.
Esa fue la conclusión del más reciente informe sobre secuestro y extorsión, realizado en 2009 por la oficina del Ombudsman mexicano. En ese informe se contabilizaron 9,758 testimonios de emigrantes que habían sido víctimas de esos delitos, sólo en el semestre estudiado.
Pero la máxima autoridad migratoria mexicana tiene otra apreciación. “La migración indocumentada, pues no se puede calcular porque es indocumentada, ¿verdad?”, responde Cecilia Romero cuando se le pregunta por la dimensión del problema transmigratorio.
La funcionaria asegura que éste ha venido reduciéndose desde 2005, entre otras razones, por “el aumento de la criminalidad”. ¿Cuántos indocumentados extorsionados? “Ese es un dato que yo no lo puedo dar”, responde, y señala que el reporte de la CNDH “es estadísticamente imperfecto”. El Gobierno mexicano hace alguna otra estimación que “reduce el número”, pero no aventura ninguno.

Impera la impunidad
En cambio, y tomando por buena la estimación de la CNDH de que son alrededor de 20,000 los casos de secuestros por año, la organización “I(dh)eas. Litigio estratégico en Derechos Humanos” llevó el ejercicio más allá: se preguntó cuántos de esos delitos contra inmigrantes están siendo perseguidos por autoridades mexicanas.
Mediante la Ley de Acceso a la Información solicitó a las fiscalías que le enviasen el número de investigaciones donde la parte afectada en delitos de violación y trata de personas incluya a emigrantes sin papeles.
La Procuraduría General de la República respondió con un oficio el 15 de junio pasado. La palabra que más se repite en el mismo es “no”: ni denuncias ni averiguaciones previas desde septiembre de 2009. En el caso de la Fiscalía de Chiapas, juntas denuncias y averiguaciones previas no llegan a 30 expedientes. Es esa impunidad la que abona a este negocio criminal, denuncia Mario Santiago, Director de Investigación de I(dh)eas.
Así se cumple la semana de la peor matanza de emigrantes indocumentados en el México moderno: con el agente investigador desaparecido, un solo detenido que alegó ser menor de edad, 41 cadáveres de los hallados en San Fernando sin ningún documento --ni siquiera una estampita religiosa-- que facilite su identificación, y con la certeza de que en este momento, encima de ese tren que de tan fatídico ya apodan La Bestia (no sólo por los que ahí son secuestrados, sino por las decenas de personas que al subir o bajar a los vagones en movimiento caen y pierden piernas, brazos o la vida), los delincuentes están gritando, en algún punto de este país en este momento, ¡Quietos!