Nacional

Probidad estorba

* Documentos de Hacienda dicen que empresas como Petronic, Enacal, INAA y otros entes, no se regirán bajo la nueva norma, “cuando sus giros sean de orden mercantil” * Acomodos para que se puedan contratar a los parientes, “siempre y cuando no tengan poder decisorio o incidencia respecto de los bienes o servicios que se contraten” * Falta de exigencia de requisitos propios de una contratación seria, son invitación a la creación de decenas de empresas de papel para atracar sin piedad al erario

Luis Galeano

La nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, próxima a aprobarse por la Comisión Económica y posteriormente por el plenario de la Asamblea Nacional, dominado por el oficialismo, dejará abierto el camino a entes autónomos y descentralizados, como Enacal, Enatrel, INAA, y el polémico Petronic, para no ceñirse a las normas de licitación pública, exclusiones de procedimientos y contrataciones directas.
Así lo dice una carta del actuar director General de Contrataciones del Estado --dependencia del Ministerio de Hacienda-- José María Saravia Cruz, enviada al presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, el 15 de junio de este año.
El proyecto de ley del cual informó END el fin de semana pasado, y que quita a la Contraloría su facultad de supervisar los procesos de licitación, aprobar o denegar las contrataciones directas y las exclusiones de procedimientos, transfiriéndola a la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, contiene elementos dirigidos a facilitar los procesos de compras en entidades específicas.

Saravia lo deja claro
“Los contratos civiles o mercantiles celebrados por el Sector Público se regirán por la ley de la materia”, dice el segundo párrafo del artículo 1 de la nueva Ley de Contrataciones, de 128 artículos.
“En el proyecto de ley se propone liberar a las empresas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Sector Público en el ejercicio de su giro ordinario, debido a que su giro es ‘comercial’, sus contratos son mercantiles y no actúa como autoridad, adolece de las prerrogativas exorbitantes del derecho común”, explicó Saravia a Gutiérrez, respondiendo a las inquietudes de los legisladores de la oposición miembros de la Comisión.
“Ejemplo” --cita Saravia-- “Enacal: su constitución es de una empresa comercial, su giro es ordinario, es el de su objeto en este caso ‘brindar servicio de agua potable y disposición de residuos sólidos’. Todas las compras de bienes, servicios y obras que realice en función de este giro, se denominan contratos mercantiles. Las compras que ejecute para administrar la empresa si es aplicable a la Ley de Contrataciones del Sector Público, tales como papelería, equipos de computación, para la administración, construcción de oficinas y edificios”.
Este ejemplo deja claro que empresas como Petronic, dueña del 49 por ciento de las acciones de la polémica Alba de Nicaragua S.A., Albanisa, el emporio comercial vinculado a la familia presidencial, no estaría sujeta a la nueva norma. Los contratos de la Empresa Nicaragüense de Petróleo, Petronic, son millonarios, ya que por sus cuentas circulan unos 1,200 millones de dólares al año, según declaraciones que brindó a END en febrero de este año su ex gerente y actual gerente de Albanisa, Rodolfo Zapata.

“Es manos libres”, dice EyT
Este último aspecto es uno de los que más preocupa al organismo cívico Ética y Transparencia, EyT, que ha enviado una carta al presidente de la Comisión Económica, pidiéndole no aprobar el dictamen de ley tal como se encuentra, pues no se ajusta a los estándares de transparencia, y por la cercanía del proceso electoral de 2011.
“Se utilizan una serie de conceptos jurídicos para justificar esa disposición, todo con el objeto de que las empresas como INAA y demás entes autónomos cumplan con sus fines, aduciendo que eso no es del ámbito de la Ley de Contrataciones, sino propios de su giro comercial, y eso abre una enorme puerta a discrecionalidades”, indicó César Martínez, coordinador de proyectos de E y T, al hablar del punto.
Añadió que para evitar esto, en el proyecto de ley debería establecerse que ésta “no aplicará para la elaboración, firma y ejecución de estos contratos, pero sí aplicará para el proceso de preparación, selección y adjudicación del contratista, es decir, siguiendo los procedimientos de la modalidad de contratación establecida en la ley según el monto”.
El dictamen de la nueva Ley de Contrataciones, próximo a fallarse en la Asamblea Nacional, a pesar de la polémica que ha causado, fue defendido por el diputado Gutiérrez, quien dijo que lo que se busca es “agilidad” en las adquisiciones. El ministro de Hacienda, quien ha hecho un periplo mediático defendiendo las cifras de reducción de la pobreza, no se ha referido al tema, sólo indicó que los procesos de licitación son los que provocan sub ejecución en el presupuesto por lo tardado de los procesos licitatorios.

Acomodos
Luis Aragón, del área de Transparencia de EyT, planteó que la situación venidera dará lugar a tráfico de influencias y a la proliferación de empresas de papel.
La nueva ley al igual que la actual Ley 323, establece que no podrán ser oferentes “los cónyuges y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos principales y servidores públicos cubiertos por las prohibiciones anteriores”, sin embargo, la norma a punto de aprobarse indica con una coma después de esto último “siempre y cuando se trate de personas con poder decisorio o incidencia respecto de los bienes o servicios que se contraten”.
Para Aragón, esta prohibición no debe limitarse sólo a las entidades donde ejerzan su labor los funcionarios y sus cónyuges o parientes, pues los conflictos de intereses podrían presentarse aun cuando éstos participen en contrataciones de entidades donde no ejercen sus labores los funcionarios con quienes tienen parentesco.
“Es posible que existan conflictos de intereses de cónyuges y parientes que participan en entidades donde laboran funcionarios con quienes tienen parentesco, aun cuando estos últimos no tengan poder decisorio o incidencia en el proceso de contratación, y eso da lugar a situaciones de ventaja y tráfico de influencias”, dijo Aragón.

Estado sin garantía
Otro aspecto es el relacionado con la Declaración de Seriedad de la Oferta, que hoy todavía es Garantía de Mantenimiento de Oferta, la cual, según la nueva ley, se va a solicitar a través de un compromiso notarial, no monetario como es actualmente, lo que quiere decir que empresas de maletín que no son formales y que no puedan respaldar la seriedad de la oferta, se pueden retractar y causar que el proyecto se le otorgue al segundo oferente que, generalmente, es más caro, o declararlo desierto y volver a hacerlo.
Otro elemento es que la nueva ley abre el espacio para que las medianas y pequeñas empresas participen en las licitaciones, pero no les exige garantías como sí lo hace con las grandes.
“El no pedir garantías es clave, porque se debe delimitar en qué procesos se puede dar eso, porque en megaproyectos no se va a meter a trabajar a los pequeños o medianos empresarios, porque es obvio que no tendrán capacidad, y por eso es importante no perder de vista eso”, sostuvo.

Certificado de proveedor hasta firmar contrato
Aragón mencionó también como “una aberración jurídica” el hecho de que en la nueva ley se pida el certificado de proveedor del Estado para el último momento. “Esto se presta a una manipulación de parte de empresas inexistentes para licitar, poder ganar, y hasta en ese momento darte cuenta como Estado que no está en el registro correspondiente”, dijo.
“Esto se puede prestar a emisiones de certificados por ‘debajera’, en cuestión de segundos, a fin de favorecer a quienes han decidido favorecer los que deciden”, dijo por su lado César Hernández.
“El Registro de Proveedores es una herramienta básica, porque se trata de una referencia que habla de tus antecedentes, de tu experiencia, de tu capacidad financiera y de la solvencia, es decir, es un aseguramiento del Estado, y la nueva norma no da espacio para ello”, añadió.

La separación de la CGR
La separación de la Contraloría de los procesos de licitación es un enorme retroceso, según EyT, pues se decidió quitarle la facultad en lugar de fortalecer la capacidad de gestión del cuestionado ente fiscalizador, por las exclusiones de procedimientos otorgadas a la actual Administración, que gracias a indagaciones de END, se conoce sumaban cerca de nueve mil millones a diciembre de 2009.
El presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, hasta dio gracias a Dios por el contenido del dictamen, que pasa la responsabilidad a la cancha de la DGCE.
“Lo irónico es que entre más trabajo le quiten más complacidos se encuentra, es decir, que todos los nicaragüenses pagamos enormes cantidades de dinero a estos funcionarios por hacer cada vez menos trabajo, y creemos que es un pésimo ejemplo para el resto de funcionarios, que un presidente de la Contraloría agradezca a Dios porque le quitan trabajo”, dijo en referencia a las palabras del titular inconstitucional de la CGR.
Argüello Poessy señaló que no se abre puerta a la corrupción, porque los auditores internos de las entidades son para prevenir esas acciones, pero Hernández indicó que el colegiado no toma en cuenta los dos fenómenos que enfrentan esos funcionarios: el primero relacionado al temor a denunciar un acto anómalo, y, el otro, a que hay varios auditores que por estar ligados a un determinado partido, en lugar de ejercer su función de fiscalización, callan y se vuelven cómplices de actos irregulares.
“Otro elemento es que si el auditor interno cumple su trabajo, y a juicio de la autoridad de la entidad para la que trabaja está muy necio, ésta se queja y al poco tiempo ya está otro en su cargo”, dijo Martínez.