Nacional

Despedida por embarazo y se burlan de la ley


Edgard Barberena

La señora Carolina Tercero Guadamuz denunció ante el Movimiento “María Elena Cuadra” (MEC), que la Empresa Maquiladora D & M Co. Ltda., de capital salvadoreño, se ha negado a acatar un fallo del tribunal del trabajo que protegió a la trabajadora que fue despedida en 2007 por haber salido embarazada.
El que tenía de jefe le dijo claramente: “Así en estado de embarazo no me servís”. Carolina se defendió y le preguntó que si le tenía miedo a las leyes nicaragüenses, y le recordó el articulo del Código del Trabajo (art. 144) que dice que ninguna mujer puede ser despedida de su puesto de trabajo estando en estado de embarazo”.
“Yo hago aquí lo que se me da la gana, ésta es mi empresa y no te voy a dar un solo centavo de tu liquidación”, le insistió a Carolina el alto funcionario de la maquiladora. Según la denuncia de la joven, ese funcionario salvadoreño responde al nombre de Marco Antonio Fuentes.
“Yo me siento desprotegida, las leyes aquí no se cumplen”, dijo Carolina, quien considera que el salvadoreño no acata el fallo judicial “porque tiene cómplices indirectos”.
Además, llamó la atención de que a las autoridades de la Zona Franca siguen dándoles los beneficios que reciben esas empresas, a sabiendas de que algunas violentan los derechos de los trabajadores.
La sentencia fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Como se negaron a reintegrarla, el aparato jurídico del MEC le solicitó al juez laboral que pusiera fin a la relación laboral y ordenara el pago de las prestaciones, pero no cumplieron las sentencias. Según cálculos del abogado, a Carolina le deben unos 473 mil córdobas que corresponde a sus prestaciones como salarios caídos y la liquidación. La cifra fue liquidada por el juez primero del trabajo.
Dijo el abogado que la maquiladora ha efectuado actos antijurídicos para no cumplir la sentencia --como autoembargos--, y no descartó que estén siendo beneficiados por tráfico de influencias con alguno de los magistrados orteguistas que controlan la Corte Suprema de Justicia.