Nacional

Policía se había convertido en una “guardia nacional”

* “Cambios en personal de delegación de este municipio es bien visto”, opinan * “No atendían las denuncias, pedían mordidas a dueños de negocios, detenían y golpeaban a muchos sin justificación”, afirma Alfonso Salomón, de la comisión de paz * Después de los sucesos violentos del 7 de julio, las autoridades tratan de limpiar la imagen y ganarse a la ciudadanía, una tarea que no será fácil de lograr en esta ciudad

Carlos Larios

La tragedia en Chichigalpa, que ayer cumplió un mes, tiene más de una explicación, pero llama la atención cómo parte de la población del lugar tiene un mal referente de los oficiales, quienes teóricamente están en el lugar para brindar protección y no represión. La inconformidad, sobre todo de los jóvenes, es tan grande, que llaman a los uniformados “guardias nacionales” y no policías.
Una de las medidas urgentes que ha tomado la jefatura de la Policía es cambiar a todo el personal que trabajaba en la delegación de Chichigalpa, a solicitud de la misma población. En el lugar ha quedado a cargo de la situación la comisionada Gloria Aguirre, pero ¿cómo miraba la población a los agentes del orden que estaban hasta el día que ocurrió la tragedia?

Retratan el comportamiento que tenían
Don Alfonso Salomón, notable de Chichigalpa y partícipe de la Comisión de Paz conformada por representantes de diversos sectores del lugar, considera que la Policía que existió era deficiente y no cumplía con su deber.
“Llegabas a poner la denuncia y casi como que te decían: ‘andá averiguá vos y después venís’, una cosa totalmente prepotente”, señaló.
Doña María Auxiliadora García, de 37 años y pobladora del reparto Candelaria, denunció que algunos policías llegaban a pedir “una mordida” a los dueños de algunas pulperías y se violentaban contra las personas ya detenidas.
“Hace como cuatro meses detuvieron a mi pareja, Julio César Téllez, de 23 años, y lo golpearon hasta rajarle la cabeza, le quebraron un clavo que andaba adentro de su brazo y en la delegación lo que hicieron sólo fue lavarle la cabeza”, aseguró.
Salomón dijo ser testigo de casos en los que algunos oficiales actuaban de forma represiva contra algunos jóvenes, sólo porque éstos no andaban bien vestidos.
“Un joven que me iba a hacer un trabajo de albañilería venía caminando con su chochadita de albañilería y le dice un policía que se encontró en el camino: ‘ve vos tenés cara de traficante de drogas, vas preso’, se lo llevó detenido, entonces yo fui con el jefe de la Policía y le expliqué lo que había pasado y él decidió soltarlo y aceptó que sus policías son locos”, recordó.

Jóvenes temen a la Policía
En el recorrido que hizo EL NUEVO DIARIO por Chichigalpa, pudimos ver a grupos de jóvenes reunidos en las esquinas, otros jugando algún deporte y otros entreteniéndose con juegos de azar. La mayoría no cuenta con trabajo estable y dependen sobre todo del “enganche” que puedan obtener en el Ingenio San Antonio, ISA. Ellos dijeron no sentir protección por parte de los oficiales, por el contrario, los califican como “guardias nacionales”.
Bayardo Arce Hernández, de 23 años, habitante del barrio Modesto Palma, estaba jugando naipes con unos amigos en una de las calles del lugar y dijo que “los policías se creen dueño de Chichigalpa. Es verdad que hay que tenerles respeto, porque son la autoridad, pero ellos no actúan como debe ser, porque a veces detienen a las personas por puro gusto, las golpean y sin saber por qué; ellos hablaban mal de la guardia y son peores”.
José Izaguirre, de 35 años, habitante del mismo barrio, señaló que “los oficiales no dan seguridad y que por el contrario, golpean a la gente inocente”.
Los jóvenes dijeron que plantearán sus inquietudes a la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, cuando llegue a visitarlos.
Reconocen abusos policiales
La comisionada Aguirre afirmó que se cambió a los 14 policías de la delegación y que se fortaleció al incluir a 16 más a petición de la comunidad.
“Al momento de detener, nosotros como profesionales tenemos los procedimientos ya establecidos, que los compañeros no los desconocen. Están capacitados, por eso cada funcionario antes de ingresar a la Policía, pasa por la academia, y el error era el abuso de la fuerza, ese es el sentir de la población y la falta de escuchar la demanda de la población. La gente se queja de que venían, llamaban y nosotros no les dábamos atención a los casos”, señaló Aguirre.
La jefa policial consideró que la detención del muchacho se hizo en un mal momento, ya que éste estaba acompañado de muchos compañeros de trabajo.
Según varios pobladores, desde hace mucho tiempo la Policía ha dejado ver una actitud servil y disposición completa ante los empresarios del Ingenio San Antonio, ISA, como agradecimiento por las ayudas materiales que esta empresa les da.
“Hay una tradición del ingenio, como todo los poderosos, en todas partes los hacendados te regalan una bolsa de cemento, una provisión, pero es con interés, para después utilizarte y debo decirlo, el San Antonio y la Licorera tiene esa tradición”, explicó don Alfonso.
Doña María García dijo que el inspector Nelson Rodríguez es uno de los policías a quien la empresa le daba dinero y comida por sus servicios.
La actual jefa policial dijo que la Policía Nacional tiene estrecha relación con la empresa privada por el apoyo que dan, pero que en la práctica, atienden al ISA de igual manera que se hace con otra empresa que requiera los servicios policiales ante una denuncia.
Llamamos al gerente administrativo y al relacionista público de ISA, Álvaro Bermúdez y Ariel Granera, pero el primero, a través de su asistente, manifestó que estaba en una reunión, mientras el segundo dijo que nos atendería cuando se desocupara, pero al final no recibimos respuesta.

La falta de coordinación de autoridades de justicia
Nunca hubo una denuncia directa contra el joven Alonso Cuadra por el delito de robo con fuerza. La Policía recibió el pasado 30 de enero de este año la denuncia de Candelario Manuel Ruiz, conductor del ISA, por el delito de estelionato, por la venta de unos cables propiedad del ingenio valorados en 6 mil córdobas, en contra de Julio César Téllez y Manuel Jarquín. Pero Téllez habría señalado que los cables se los había facilitado Cuadra y que fue éste quien robó.

El expediente mostrado por la Policía al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, muestra que según la denuncia de un funcionario de ISA, el monto de lo robado asciende a un mil 741 córdobas con 87 centavos, lo que implicaría que el hecho tendría que haberse calificado como una falta y no un delito, según lo establece en su reforma el Código Procesal Penal, CPP.
Con el señalamiento de Téllez, la Policía dirigió sus investigaciones de este caso hacia Alonso y pasó el expediente al Ministerio Público, MP. La causa estuvo a cargo del fiscal Boanerges Fornos, quien solicitó a la jueza Local Único, Flor de María Noguera, orden de detención contra Alonso.
La judicial explicó que ella recibió la acusación del MP el pasado 7 de abril y a petición del MP, ocho días después, dictó auto de detención contra Alonso para que la Policía llevara al muchacho a la audiencia inicial que se realizaría seis días después a las 1:30 p.m., pero dicha orden no fue cumplida por las autoridades policiales.
La comisionada Aguirre aceptó que por ley están obligados a notificar al judicial el no cumplimiento de las órdenes de captura, pero que desconoce si las autoridades policiales que la precedieron hicieron caso omiso a esta obligación.

Una orden vencida
Según Gonzalo Carrión, Director de Denuncia y Defensa del Cenidh, la Policía propició la tragedia en Chichigalpa al ejecutar una orden vencida, ya que la hicieron efectiva hasta el pasado 7 de julio cuando ya la fecha de la audiencia inicial había pasado y el delito que perseguían no requería necesariamente de una medida extrema, como la privación de la libertad.
Fornos explicó que debido a que no contaban con la dirección domiciliar de Alonso para enviarle una citación judicial y tomando en cuenta que Téllez tenía temor a ser agredido por haber denunciado al “chavalo”, decidieron solicitar a la jueza la detención.
La jueza Noguera dijo que en base al artículo 266 del CPP decidió dar a lugar a la orden de detención contra Alonso para hacer que se presentara a la audiencia inicial.
Para Carrión, los argumentos y pruebas en el expediente policial contra Alonso son “huecos”, pero Noguera dijo que “yo no tengo por qué cuestionar el actuar ni de la Policía, ni del Ministerio Público, porque son operadores de justicia también”.
Sin embargo, la Policía nunca informó a la jueza ni al MP las razones por las cuales no dio cumplimiento en tiempo y forma a la orden de detención.
La comisionada Aguirre dijo que la Policía sí conocía el lugar donde residía Alonso, pero que en los momentos en que fue buscado, no se encontró. Señaló que lo detuvieron el 7 de julio, pero que fue puesto en libertad debido al momento de crisis ocurrido ese día junto a las personas que habían amenazado con quemar las instalaciones policiales.
La jueza afirmó que la orden de detención puede ser ejecutada por la Policía en cualquier momento, ya que éstas no caducan, porque se desconoce si la ejecución será exitosa.

No hubo audiencia y nadie sabe
La detención que dejó como saldo dos muertos, civiles y policías lesionados, no cumplió su objetivo, ya que la famosa audiencia inicial no se realizó, a pesar de que el supuesto ladrón estaba detenido en las celdas policiales. La judicial no había cambiado la fecha de realización de la misma y tampoco ha fijado el momento en que se hará, debido a que alega que la Policía no le ha puesto a la orden al joven.
La fiscal Jeannette Zamora, en nombre del MP, dijo a los representantes del Cenidh que la jueza Noguera no debió fijar la fecha de realización de la audiencia inicial, debido a que el acusado no estaba detenido, pero esta última no quiso pronunciarse sobre este señalamiento.
El fiscal Fornos afirmó que se presentó a la “audiencia inicial fallida” el pasado 7 de julio, pero la Policía no se presentó al lugar a explicar las razones por las cuales no llevaron ante la judicial al supuesto ladrón. Mientras, el acusado niega haberse robado los cables del ISA.
“Si yo hubiera robado eso, entonces ellos (el ISA) no me hubieran dado enganche, yo toda mi vida he chambeado (trabajado) cargando y cortando caña en el invierno y en el verano he sido enganchado para trabajar en los puchos. Yo me pregunto; si el Ingenio dice que yo me les robé los cables ¿Por qué me mantenían empleado?, nadie me ha explicado nada”, aseveró Alonso.

¿Quién es Alonso?
En el año 2008 Juan Aguirre denunció en la Policía de Chichigalpa, que su sobrino Alonso Cuadra, había hecho desaparecer a su hijo Pedro José Aguirre, de 18 años, argumentando que fue visto junto a él en los últimos momentos que lograron saber del paradero del joven.
Según Alonso, la Policía investigó el caso y a pesar de que él explicó que no sabía del paradero de su primo y supuesta víctima, algunos oficiales lo detuvieron y golpearon.
“Estando frente al comando de los policías, ellos me agarraron, me enchacharon y me metieron hacia adentro, por este caso la Policía me persiguió, me acosó, me tuvieron preso como cuatro días en la casa amarilla (Sistema Penitenciario de Chinandega), me metían a un cuarto oscuro, me golpeaban diciendo que yo lo asesiné; desde ese entonces nunca me ha gustado ver a la Policía”, expresó.
Al final, el “muerto” se había ido a El Salvador con una novia, aprovechando que acababa de recibir su liquidación en un trabajo que tenía y apareció tranquilamente en febrero de ese mismo año.
Las autoridades de justicia señalan que Alonso ha sido acusado por algunas faltas y hurtos, pero que nunca ha recibido una sentencia firme que lo mande a la cárcel y que éste supuestamente es jefe de una banda que se dedica a cometer diversos robos.

Policía puesta a prueba
La comisionada Aguirre expresó a END que el plan inmediato policial es rescatar la relación de la Policía con la comunidad, desarrollando diferentes proyectos, sobre todo con los jóvenes.
“Las familias han perdido el control de estos jóvenes, ellos consumen licor, fuman y algunos hasta consumen drogas y eso los lleva a cometer actos delictivos… nosotros consideramos que los jóvenes reaccionaron espontáneamente contra la Policía, pero no fue una reacción generalizada”, consideró.
La jefa interina dijo que han realizado diversas reuniones con la comunidad y que los pobladores están anuentes a cooperar con el trabajo policial. Agregó que no permitirán que la delegación sea quemada por las personas que están inconformes con el trabajo policial.
Don Alfonso indicó que espera que las promesas de la nueva jefa interina de la Policía se materialicen y no se vuelvan a repetir los errores cometidos.
Mientras, la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía, aseguró que visitará a los chichigalpinos cuando hayan concluido las investigaciones de la segunda muerte en este lugar.