Nacional

Ruth Herrera solicita a CGR revisar caso de megaliquidación


Oliver Gómez

La ex Presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera Montoya, quiere que la Contraloría General de la República (CGR) decida sobre el caso de su liquidación, pero sólo acataría una resolución a su favor. Bajo esos términos solicitó este martes una auditoría especial a la entidad fiscalizadora, donde además de ponerse a su disposición considera “inaceptable que este tema se quede en el limbo, está de por medio mi integridad”.
“Es mi obligación mantenerles informados sobre lo que acontece con el famoso cuestionamiento a mi liquidación, hoy me recibieron una carta en la CGR donde solicito una revisión”, dice Herrera en un correo electrónico divulgado ayer.
La misiva de dos páginas en la que resume la liquidación que recibió de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), fue recibida en la CGR a las 11:30 de la mañana, y media hora después, en la Secretaría Privada para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República.

Condición
“Solicito a ustedes la realización de una auditoría especial o revisión de los componentes incluidos en la misma y una resolución que me permita conocer la posición oficial del Consejo de Contralores”, reza la carta, donde aclara de inmediato “que pese a mi convicción de que solamente me han pagado lo que en derecho me corresponde, acataría una resolución firme”.
Reitera que después de su renuncia, en la preparación, revisión y autorización de la liquidación en cuestión participó una batería de funcionarios de Enacal, que junto a Salvador Vanegas, Secretario Técnico de la Presidencia de la República, le recibieron su cargo.
“La suscrita no se involucró para nada en el proceso de la liquidación y como corresponde, desde que el Lic. Vanegas me informó que se aceptaba la renuncia, firmé cartas para los bancos cancelando mi firma e incorporando las orientadas por la comisión de traspaso”, agrega.

Correo incompleto
Además de su carta, Herrera envía a los contralores una copia del comprobante de su liquidación, un documento que no adjunta en el correo difundido, donde sólo reitera que el pago de la misma está respaldada en los artículos 43 y 45 del Código del Trabajo, que “no excluye de su aplicación en cuanto a derechos a los directores, ministros o similares, salvo en el procedimiento de su nombramiento”.
También reconoce que hay contradicciones legales en este caso. “A todas luces para mí y para varios juristas consultados, es claro que existe una contradicción de normas, porque las prestaciones de Ley son irrenunciables, de acuerdo con el Código del Trabajo, y rige el principio constitucional de que somos iguales ante la Ley”, firma en su carta.
Para ella resultaría incomprensible que el Estado, en aras de evitar indemnizaciones abusivas, aplique la política de despojar de sus derechos de trabajador a los funcionarios públicos. “Además de inconstitucional podría ser contraproducente”, asegura, pues quedarían “en total desventaja respecto a sus subordinados, situación anómala que podría alentar excesos a lo largo de su ejercicio”.
Herrera también pone a disposición de la CGR sólo el monto recibido por antigüedad, “mientras se revisan las liquidaciones de cargos similares al que ejercí”, en clara referencia a las liquidaciones de los ex titulares del Minsa y Mined, Guillermo González y Miguel De Castilla. Copia de este documento fue enviada al presidente Daniel Ortega.