Nacional

PLC desconoce a los usurpadores de CGR


El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se pronunció en contra de la posibilidad de que el concejal conservador Luciano García recurra a la Contraloría General de la República para que investigue la corrupción existente en la Alcaldía de Managua.
“El ente fiscalizador del Estado está manejado por usurpadores de cargos en una clara violación a la Constitución Política, y su principal función es defender y ocultar la corrupción gubernamental y la de los gobiernos municipales del oficialista FSLN”, indicó el PLC mediante un comunicado de prensa.
La semana pasada, el concejal Luciano García anunció su intención de recurrir ante la CGR para denunciar una serie de irregularidades que se cometen en la Alcaldía de Managua, incluyendo el hecho de que la comuna está ejecutando obras sin haber concluido el proceso de licitación.
No obstante, el PLC se ha negado a respaldar esta posición, argumentando que la CGR está en manos de funcionarios a quienes ya se les venció el período, afirmó el concejal liberal y vocero de este partido Leonel Teller.
“Recurrir ante la CGR es legitimar las pretensiones del dictador de mantener por la vía de hecho y no de derecho a los altos cargos en el Estado, potestad que únicamente le corresponde a la Asamblea Nacional y no está sujeta a ningún tipo de interpretaciones por ningún otro poder del Estado, como lo pretenden el dictador y su partido”, indicó Teller.

Vuelve el terrorismo fiscal
Sobre informaciones de que el gobierno actúe en contra de empresarios opositores utilizando las estructuras del Estado como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para presionarlos, Teller dijo no tener información precisa, pero no descartó que, efectivamente, el Frente Sandinista lo haga, ya que en el pasado lo ha hecho.
“El Canal 8 fue uno de ellos, y hay otras empresas a las que les han hecho lo mismo, por lo que no hay que descartarlo, ya que esa es una forma de evitar que la empresa privada apoye a la oposición”, afirmó el vocero del PLC.
Calificó al gobierno de Daniel Ortega como un nuevo “apartheid”, donde los únicos que están bien son los allegados a él, mientras el resto no tiene ningún tipo de beneficio, repitiendo los mismos principios del general Somoza García con sus famosas “tres P: Plata para los amigos, Palo para los indecisos y Plomo para los enemigos”.