Nacional

Herrera admite delitos

* Dice que los casi C0 mil fueron ganados “con creces” por ella, y que se le agradezca que no cobró por “cargo de confianza” * Cerca de C0 mil correspondieron a indemnización por 3.25 meses de salario, violando la Ley 390, y dice que se autopagó para evitar manoseo de Gustavo Porras * Presidente de facto de la Contraloría dice que pedirán información sobre el pago y que actuarán de conformidad con la ley

Luis Galeano

La ex presidenta Ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera, degradada en los medios oficialistas de “compañera” a simplemente “señora”, admitió haber recibido casi C0 mil de liquidación, y que de ellos más de C7 mil fueron por el concepto de una ilegal “indemnización” al estilo de las administraciones neoliberales, la cual fue aprobada por lo más alto del gobierno que preside el comandante Daniel Ortega.
Herrera no quiso comunicarse con EL NUEVO DIARIO el lunes cuando la llamamos a su casa para hablar del tema, y ayer en declaraciones que brindó a Canal 12, y que luego repitió en una carta enviada a este medio, dijo que nadie la había buscado, pero que entendía que todo se debía a una “campaña orquestada” en su contra por este medio de comunicación, que según ella, “sigue las orientaciones de los sindicatos de Gustavo Porras”.
Luego, poco a poco fue admitiendo que recibió los C1,693 córdobas de liquidación, al salir de Enacal, desglosando grosso modo los conceptos por los cuales se le pagó esa cantidad, sin decir la cantidad de cada concepto.

Nunca descansó
“Mi liquidación fue de C2,617 córdobas, y eso incluye lo que recibí de once días trabajados el mes de abril, que no se los puedo regalar a Enacal, 83 días de vacaciones que no tengo por qué regalárselos a Enacal, porque trabajé día y noche, los fines de semana, nunca pude tomar vacaciones, estaba agotada, pero siempre estaba trabajando, ¿y por qué voy a regalar mis vacaciones?”, se preguntó Herrera, mostrando de largo a la cámara el documento de su liquidación.
Con base en ese documento del que END tiene una copia, admitió que esos C2,617 fueron los que recibió de contado después de que se le dedujeron C,876 en concepto de Impuesto Sobre la Renta, IR, cuota del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, y Cuentas por cobrar a empleados y comisariato.
Herrera compite ahora con Edgard “El Tigre” Quintana, con Marco Aurelio Sánchez y con Gabriel Levy, tres ex funcionarios de Arnoldo Alemán que se llevaron decenas de miles de córdobas en indemnizaciones ilegales, y con el ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI) de Enrique Bolaños, Pedro Solórzano, quien por 65 días de vacaciones se pagó C9,302, acumuladas desde que inició sus funciones el 10 de enero de 2002 hasta el 30 de octubre de 2005, es decir, nunca descansó.

Límites salariales de Ortega son pura mentira
El documento de liquidación de Herrera en manos de EL NUEVO DIARIO, detalla, entre otras cosas, que Herrera ganaba de salario básico C,300 y de antigüedad C,947, es decir, se redondeaba un salario mensual de C,247, equivalentes a US,019, en una evidencia más de que el Decreto Presidencial No 19-2007 es papel mojado.
Ese decreto --conocido como “Decreto de Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos de Mayor Jerarquía en el Poder Ejecutivo”-- fue publicado en La Gaceta número 34 con fecha del 16 de febrero de 2007, y señala que el máximo salario de un funcionario público, el del presidente del país, será equivalente de US,200. En los entes descentralizados, según ese decreto, los salarios serían para los presidentes US,900 dólares, pero Herrera ganaba US,019.

C7 mil de ilegal indemnización
Herrera confesó que desde lo más alto de la Presidencia, le aprobaron el pago de 3.25 meses de indemnización, “que son los meses que me tienen que dar a mí, de acuerdo con el Código del Trabajo, porque los artículos 43 y 45 del Código, dice que cuando vos te vas, te dan hasta el tercer año, un mes por cada año trabajado y luego una fracción de los otros meses trabajados”.
El documento de liquidación dice por esos 3.25 meses, Herrera recibió C7,054, contraviniendo lo que dice la Ley 390, “Ley de Control de Indemnizaciones de los Funcionarios Públicos”, que prohíbe y pena el pago de prestaciones bajo ese concepto a los empleados del Estado de elección popular, nombrados por la Asamblea Nacional y por el Presidente.
Pero para Herrera nada de eso es importante, pues en sus declaraciones dijo que su liquidación fue revisada por Socorro Ortega, que es la contadora de Enacal; por Freddy Pérez, tesorero; por Hugo Zepeda, financiero, y por Ottoniel Argüello, de la Junta Directiva.

Se autopagó para evitar manoseo de Porras
“Pero, además, las dos personas que llegaron con Salvador Vanegas a recibirme, Eliseo Moreno, que es el actual administrador, tuvo en sus manos mi liquidación y la revisó, y Mario Esquivel, que supuestamente iba a ser el financiero, también la revisó, así como Manuel Ortiz, que era el de control interno”, dijo Herrera, dando por sentado que la Presidencia a través de su secretario, dio el aval para el ilegal pago.
Además, según el documento de liquidación, Herrera recibió C,044 de 4.37 meses de aguinaldo proporcional, y C,257 de 11 días laborados en abril.
“¿Por qué si ellos encontraron algo incorrecto en mi liquidación no la pararon?”, se preguntó Herrera. “La liquidación no me la apruebo yo, y sabe Salvador Vanegas que yo solicité que me prepararan mi liquidación, y que la revisaran todas estas personas, porque yo sabía que el día que Gustavo Porras empezara a mandar en Enacal, me iban a pagar la liquidación qué sé yo, un año después, igual que lo han hecho con otros directores que han despedido, a quienes hasta hoy no les han querido pagar la liquidación”, argumentó la polémica Herrera.

“Agradezcan que no pedí cargo de confianza”
“Esto (la liquidación) es el resultado de más de tres años de trabajo, los ahorros que he tenido en vacaciones y mis prestaciones de ley, yo no pedí que me pagaran indemnización por cargo de confianza, no se me ocurre pedirla, sabiendo que eso no se le debe pagar a la mayoría de la gente. Hubo un abogado que me dijo que la pidiera, pero yo le dije que no me parecía correcto”, sostuvo.
Añadió que “Enacal tiene 400 dirigentes sindicales que no trabajan, y si cien de ellos no trabajan y reciben C,000 al mes, sólo ellos se llevan medio millón de córdobas, es decir, estarían recibiendo el mismo monto que recibí yo, y por eso creo que no se puede poner en duda la rectitud y honestidad de una persona como yo, porque esa plata me la he ganado, pero con creces, y si hay algo malo en mi pago, que vayan a increpar a todos los funcionarios que he mencionado que la vieron”.
Ninguno de los funcionarios mencionados por Herrera quiso hablar con END, a pesar que desde en la mañana se pidió a Relaciones Públicas una entrevista sobre el asunto.

Argüello Poessy: “La ley es clara, no hay indemnizaciones”
El presidente de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dijo que pedirán a las nuevas autoridades la liquidación de Herrera para conocer en detalle lo pagado, sin embargo, fue claro en decir que las indemnizaciones a los funcionarios públicos que menciona la Ley 390, son ilegales.
“Los servidores públicos de nombramiento del Presidente y de la Asamblea, cuando nos retiramos del cargo, únicamente tenemos derecho a que se nos paguen las vacaciones acumuladas que podríamos tener, y la parte proporcional del décimo tercer mes, no conozco la liquidación de ella, pero la vamos a pedir, para ver cómo alcanzó esa suma”, dijo el colegiado.
“Si al tener esa documentación comprobamos que de la misma se desprende un pago irregular, pudiéramos tomar una resolución con solo ese documento, sin necesidad de auditoría y a la luz de la Ley 390”, añadió.
“Los funcionarios que autoricen pagos en contravención a lo dispuesto por esta ley y los que los reciban, serán sancionados cada uno de ellos con la devolución del dinero recibido y con una multa pecuniaria equivalente a tres veces la suma pagada, sin detrimento de la responsabilidad penal y civil en que incurrieren, en su caso”, dice el artículo 2 de la mencionada ley.