Nacional

“La Esperanza, un lugar de terror y acuartelamiento”

* Recién liberada revela que son reprimidas por el miedo a quitarles “privilegios” o a dar mala información a jueces de ejecución de sentencias * Constitución y las leyes las protegen, opinan magistrados y ministra promete una investigación

El maltrato al que son sometidas las privadas de libertad dentro del Sistema Penitenciario “La Esperanza”, ayer fue reconfirmado por una ex reclusa de la que sólo daremos su apellido: Sánchez, y que recuperó su libertad hace 11 días, quien aseguró: “Sí hubo requisa vaginal. Han hecho de la cárcel un lugar del terror, las mismas funcionarias temen a la dirección. Hay demasiada represión, es un acuartelamiento”.
El Lunes Santo, día en que se practicó la requisa vaginal, Sánchez formaba parte de la fila y no se “capeó” del ultraje.
“Me sentí impotente porque ellas (oficiales) son la autoridad. Vos tenés tu vida enajenada por completo. Fue una humillación, nos dio vergüenza, independientemente de que la requisa la hayan realizado mujeres, pero no son especialistas ni lo hacen con tu consentimiento, y ni guantes se cambiaban”, expresó la ex interna de 50 años de edad.

Reprimidas por el miedo
Esta ex interna afirmó que muchas veces las privadas de libertad no denuncian los maltratos por miedo a que les quiten los supuestos “privilegios”, como salir a recrearse, recibir visitas y no ser mal informadas de su conducta ante el juez, el día que soliciten la suspensión de pena o la convivencia familiar.
Leyes no contemplan la requisa corporal
Mientras este tipo de situaciones se presentan, según vivencias de las internas, la Ley de Régimen Penitenciario y su Reglamento no contemplan la inspección corporal.
Según la Constitución Política, el Sistema Penitenciario Nacional es de carácter humanista, y todo hecho que contraríe este principio no es permitido en los centros penales del país, es decir, no permite un solo acto que lesione el respeto a la dignidad de la persona, sobre todo en el caso de las mujeres, explicó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma, miembro de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de dicha institución.
Según el magistrado Cuarezma, esta acción realizada por determinadas funcionarias, sirve para que las autoridades penitenciarias promuevan entre sus funcionarios(as), la capacitación de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad, sin perjuicio de que se encuentren o no con una condena impuesta.
Para el magistrado presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, “este acto (requisa vaginal), si es que se dio, es aislado y no forma parte de una política de Estado, y como todo abuso de poder debe ser investigado y aplicarle las medidas respectivas a las o los responsables”.

Derechos vigentes
Además, en las sentencias de la Sala Constitucional se ha dejado claro que los instrumentos internacionales de derechos humanos a que hace referencia el artículo 46 de la Constitución Política, tienen supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico nacional, y son de “obligatorio cumplimiento por la administración pública y de justicia”, recordó Cuarezma.
“Es importante que los funcionarios penitenciarios y el resto de la sociedad comprenda que a las personas condenadas o procesadas por un hecho delictivo, sólo se les priva de su libertad individual y el resto de sus derechos quedan en general vigentes. Por ejemplo, el respeto a su dignidad, a ejercer el voto en sufragio para elegir autoridades, su salud”, enfatizó el magistrado Cuarezma.

Habrá investigación
Al respecto, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, dijo que dada la gravedad de la denuncia, orientaría una investigación.
“Vamos a orientarla, claro que sí, una vez que tengamos las conclusiones las vamos a dar a conocer a través de Relaciones Públicas”, prometió la funcionaria.
Morales señaló que la institución a su cargo supo de una carta firmada por varias reclusas que habían hecho llegar a los organismos defensores de los derechos de la mujer, y donde exponían esa y otra serie de denuncias.
“Antes, la Procuradora de Cárceles nos pidió colaboración, y aparentemente las cosas no eran como las contaron, pero nosotros vamos a investigar”, reiteró.
La ministra negó que las funcionarias de los penales de mujeres les nieguen derechos a la reclusas por su condición de privadas de libertad, “incluso nosotros mismos hemos impulsado que las reclusas conozcan sus derechos, precisamente para evitar cosas como las que se denuncian. Pero vamos a orientar las indagaciones y las daremos a conocer”, finalizó Morales.

Leyes que las respaldan
Independientemente de los resultados de la investigación, la Constitución Política de Nicaragua es clara en decir en su artículo 36, que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral…. y la violación de ese derecho constituye delito y será penado por la ley”.
Además, según el artículo 7 de la Legislación Penitenciaria de Nicaragua, se prohíbe el maltrato físico o sicológico y cualquier otro procedimiento que atente contra de la dignidad humana del interno.