Nacional

Escandalosa “liquidación”

* Documentos demuestran que la polémica ex funcionaria logró la jugosa suma al estilo de los gobiernos “neoliberales” de Alemán y de Bolaños * Comprobante no detalla el concepto de lo pagado, y en lugar de esto se utilizó una extraña descripción de “Imputación contable”, con definiciones nada comprensibles, para encubrir el término indemnización * Herrera ilocalizable para hablar de situación que sólo recuerda al “Tigre” Quintana, uno de los que provocó que se aprobara la Ley 390, prohibiendo ese tipo de pagos, que hoy se viola abiertamente

Luis Galeano

La ex presidenta Ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera, recibió una ilegal indemnización de casi 600 mil córdobas, luego de renunciar a su cargo el 7 de abril pasado en medio de intrigas y señalamientos en contra del asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, y del líder sindical y diputado Gustavo Porras, a quienes acusó de “serrucharle” el piso en su gestión.
Documentos en poder de EL NUEVO DIARIO demuestran que la polémica Herrera, ex titular de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, logró una jugosa indemnización al estilo de los gobiernos “neoliberales” de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños, a pesar de que ella misma aseguró todo el tiempo que la aguadora estaba “en quiebra”.

Se autopagó
Un comprobante de pago de Enacal, de fecha viernes 09 de abril de 2010, firmado por Hugo Zepeda y Ottoniel Argüello, señala que a Herrera se le pagó la cantidad de 581 mil 693 córdobas, a través del cheque No. 84562, el cual fue bonificado de la cuenta 000886-8 que la aguadora tiene en el Banco de la Producción, Banpro, bajo el No. consecutivo 75. En el comprobante está el “Recibí conforme” de Herrera, con su firma y No. de Cédula 444-240253-0000W.
Cabe mencionar que la ex funcionaria renunció a su cargo dos días antes a través de una carta dirigida al presidente Daniel Ortega, haciendo mención de sus logros al frente de Enacal y exponiendo --entre otras razones de su cese-- la intención del diputado Porras de crear una administración “paralela” en la empresa, utilizando a dirigentes sindicales corruptos. También dijo a los medios --acompañada del secretario de la Presidencia, Salvador Vanegas-- que Bayardo Arce le hizo la guerra porque es aliado de las urbanizadoras con las que tenía conflictos.
Del gran total mencionado como liquidación, a la ex presidenta de Enacal se le dedujo la cantidad de 88 mil 876 córdobas, en concepto de Impuestos sobre la Renta, IR, el pago de la cuota al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, y cuentas por cobrar a empleados y comisariato.
En el comprobante no se detalla el concepto de lo pagado, es decir, su salario mensual, días de vacaciones, antigüedad y aguinaldo proporcional, entre otros.
En lugar de ello, se utiliza la descripción de “Imputación contable”, en donde aparecen desglosados los pagos. Por la cuenta No. 2111, de “Acueductos”, se le pagó 226 mil 334 córdobas con 48 centavos; por la cuenta No, 3421 de “Acueductos”, 31 mil 44 córdobas con 30 centavos; de la cuenta No. 5530, de “Gastos de administración centrales y territorio”, 31 mil 257 córdobas con 42 centavos; de la cuenta No. 3433 de “Generales”, la suma de 277 mil 54 córdobas con 38 centavos, y de la misma cuenta 5530 de “Gastos de administración centrales y territorio”, 6 mil 2 córdobas con 85 centavos.
“Pago en concepto de liquidación final, período del 10 de enero de 2007 al 11 del mes de abril de 2010, según documentos adjuntos”, dice el comprobante, lo que demuestra que Herrera se autopagó, pues el cheque y el comprobante fueron elaborados el 7 de abril, cuando ella estaba en las oficinas centrales de la aguadora.

Ilegal, según Ley 390
El pago a Herrera se contrapone con lo que ordena la Ley 390, “Ley de Control de Indemnizaciones de los Funciones Públicos”, que fue publicado en La Gaceta No. 91, del miércoles 16 de mayo de 2001, que dice en su artículo:
“Por Ministerio de la presente Ley, queda terminantemente prohibido el pago de cualquier indemnización o reconocimiento pecuniario a los funcionarios públicos de elección popular, a los electos y nombrados constitucionalmente por la Asamblea Nacional, Ministros, Viceministros, Directores y subdirectores de entes gubernamentales y descentralizados, y demás funcionarios nombrados directamente por el Presidente de la República; por motivo de retiro de su cargo, y cese de sus funciones por cualquier causa, es también extensiva esta prohibición a los miembros de la Juntas Directivas que representen al Estado en empresas estatales o mixtas, en las que el Estado sea socio”.

Las sanciones: devolución y hasta cárcel
Pero la Ley en su artículo 2 también habla de sanciones para quienes den luz verde a este tipo de prácticas. “Los funcionarios que autoricen pagos en contravención a lo dispuesto por esta ley y los que los reciban, serán sancionados cada uno de ellos con la devolución del dinero recibido y con una multa pecuniaria equivalente a tres veces la suma pagada, sin detrimento de la responsabilidad penal y civil en que incurrieren, en su caso”.
Cabe mencionar que esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, en el contexto de las escandalosas indemnizaciones recibidas por funcionarios del ex presidente y ex reo Arnoldo Alemán, entre ellas una de un millón 800 mil córdobas pagada a Edgard “El Tigre” Quintana, cuando salió la presidencia Ejecutiva de ENEL, y otra pagada al ex Director General de Aduanas (DGA), Marcos Aurelio Sánchez Gámez, de un millón 35 mil 118 córdobas al dejar su cargo.

Bolaños también se llevó lo suyo
Pero esta práctica no fue exclusiva de Alemán y compañía. El 20 de junio de 2007, EL NUEVO DIARIO publicó que un selecto grupo de 16 funcionarios públicos de la Administración de Enrique Bolaños, fue liquidado con más de 5.7 millones de córdobas.
“Definitivamente es inmoral”, afirmó la ministra del Trabajo del actual gobierno, Janette Chávez, quien aseguró que los salarios de los ministros son tan dignos, que no son necesarias esas liquidaciones, además de que eso es ilegal”.
Ayer intentamos por todos los medios de localizar a Herrera, pero en su casa nos dijeron que no se encontraba y no nos quisieron confirmar si estaba en el país o en el exterior.
Llamamos a Enacal para ver si la nueva titular de esa entidad, María Esperanza Acevedo, nos brindaba información sobre el pago a Herrera, pero la encargada de Relaciones Públicas, Martiza Tellería, dijo que la funcionaria no se encontraba disponible y que no había nadie que hablara del asunto. “En todo caso, lo mejor es que te comunicaras con la Presidencia, porque recordá que la nueva directora no tuvo que ver con eso”, dijo Tellería.
Llamamos al secretario de la Presidencia, Salvador Vanegas, para hablar del asunto, pero no fue posible contactarlo, y no respondió a los mensajes que le dejamos en su celular.