Nacional

Feminicidios en aumento


Rafael Lara

La noticia dicta: “Alba Zambrana Centeno, de 28 años, quedó registrada en las estadísticas como la primera mujer asesinada en 2010 en éste, porque su ex cónyuge, José Ramón Benavides González, de 29, la mató a la 1:15 de la madrugada. Se conoce que hubo una discusión, luego, el homicida le propinó una estocada en el tórax”.
Ese suceso ocurrió en enero, en el departamento de Nueva Segovia. Sin embargo, la situación no quedó ahí, y en los meses siguientes se leyó: “Hombre mata a machetazos a su compañera de vida, Sonia Herrera Olivas, de 20 años, y a sus dos pequeños hijos, de seis y un año, sin que hasta ahora se sepa por qué. La orgía de sangre ocurrió mientras las víctimas dormían”. El caso ocurrió en marzo, en el departamento de Jinotega, y conmocionó a todo el país… al menos por algunos días.
Ahora, entre los casos más recientes, tenemos que: “Rommel José Canales, de 31 años, mató de un disparo que le penetró en la parte derecha de la cabeza a su mujer Marielca Zambrana Pozo, de 21 años, al llegar ebrio a su vivienda. Se dice que Canales mantenía una relación extramarital con Zambrana, quien le había expresado su intención de terminar la misma, ya que no quería seguir con él”.
Éstos son ejemplos clásicos de la problemática del feminicidio o femicidio, como se denominan los asesinatos de mujeres, que constituyen una de las formas más extremas de la violencia por razones de género, y la mayoría de estos casos sigue sin resolverse en toda la región.

2010: doce muertes y contando
Fátima Millón, parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que el año pasado en total 79 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 11 eran niñas menores de seis años. “Sólo en el primer trimestre del presente año ya llevamos cuatro víctimas en ese rango de edad”, agregó.
Según monitoreo de la Red de Mujeres contra la Violencia, durante el primer trimestre de este año se contabilizan 12 mujeres muertas, entre ellas cuatro niñas menores de seis años asesinadas de forma atroz, como una forma de venganza contra las mamás de las víctimas, lo que refleja ser el 33 por ciento de la cifra total. En el caso de la efectividad del sistema de justicia sobre los asesinos de las 12 víctimas, reflejan que seis se encuentran prófugos y el resto están detenidos a la espera de sentencia.
El patrón de los agresores se sostiene: eran personas conocidas. En el 68 por ciento de los casos los asesinos son ex parejas, esposos o ex esposos. Sólo en el 16 por ciento el agresor era el papá, mientras en el 16 por ciento los asesinos fueron los novios o enamorados. El ámbito de la agresión por excelencia fue el hogar, seguido de la vía pública y lugares desolados.
A pesar del recurrente parentesco de los agresores, el 26 por ciento de las mujeres y niñas fueron violadas y desmembradas con arma cortopunzante (cuchillos, hachas o machetes), esto evidencia una acción con saña en una muerte muy violenta. Incluso algunas mostraron indicios de tortura, con mutilaciones y descuartizamiento, cuyos cuerpos fueron enterrados en letrinas y predios baldíos.
Entre los “razonamientos” para asesinar están los celos, la negativa a iniciar o reiniciar una relación íntima, la negativa a sostener relaciones sexuales. El delito fue cometido como venganza.
Haciendo un comparativo sobre el estado físico mental de los agresores, el 61 por ciento estaba sobrio al momento de cometer el delito y sólo el 38 estaba ebrio. Sólo en el 1 por ciento de los casos el agresor era discapacitado mental.
Sin embargo, regularmente los agresores son presentados como sicópatas, algo que impide reconocer los patrones culturales patriarcales, de propiedad y de dominio sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Por lo tanto, los agresores no son enfermos y saben muy bien lo que hacen.
Para Millón esto refleja la misoginia en los asesinos. Así el feminicidio sigue siendo la principal causa de muerte violenta intencional de mujeres en nuestro país. Situaciones que ocurren en un contexto de relaciones de pareja e interpersonales, con historial de violencia y maltratos previos. Lo que hace que muchas de las muertes que hoy lamentamos, pudieron haberse prevenido mediante acciones públicas específicas.

Campaña regional contra el feminicidio
Según Hena Carolina Velásquez Vargas, coordinadora la organización Comunicación e Información de la Mujer, Cimac, de México, en 2009 se perpetraron más de 2 mil 300 feminicidios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México.
Por lo tanto, en busca de una respuesta a la problemática, por parte de los gobiernos de la región, instancias por los derechos de las mujeres, este año lanzaron una campaña por el “Acceso a la justicia para las mujeres”.
Durante la presentación realizada en Nicaragua, Velásquez señala que el objetivo es promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, y feminicidio en Centroamérica y México, así como erradicar la impunidad asociada a estos casos, a través de la adopción de mecanismos adecuados por parte de los diferentes estados.
La campaña, que en Nicaragua inició en febrero, se llevará a cabo durante todo el año, remarcando fechas claves ligadas a los derechos humanos, para promover la necesidad de acciones concretas en la prevención y reducción de los feminicidios.
Cuenta con la participación de organizaciones feministas y de derechos humanos de México y de Centroamérica, menos de Costa Rica, que prefirió no participar. Las mismas convocaron a diversas instancias internacionales protectoras de derechos humanos, para integrar una misión que a Nicaragua vendrá en septiembre. Ésta revisará, documentará y conocerá la problemática a nivel regional, a través de visitas a zonas donde se documentan altos índices de violencia contra las mujeres y feminicidios, para que se pronuncien sobre la atención que los Estados dan a la problemática.
Otras de las acciones son capacitaciones a operadoras y operadores de justicia. Además, generarán un procedimiento para declarar una zona de alerta de violencia contra las mujeres en la región, dirigido a mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres, que permita evaluar la eficacia y aplicación de las medidas nacionales creadas para erradicar esta problemática.
Por otra parte, se pretende que los gobiernos generen un protocolo modelo de investigación criminal con prácticas más adecuadas. El objetivo es hacer recomendaciones que mejores los planes existentes, así como su implementación para incrementar el acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia y que se garantice la reparación del daño en las víctimas directas y colaterales del feminicidio.
Estos aspectos adoptan los objetivos de la campaña “Únete”, de las Naciones Unidas, que pretende poner fin a la violencia contra las mujeres, y deben cumplirse en todos los países del mundo en 2015.

Debilidades del sistema
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señala que nuestra legislación no contempla el delito de feminicidio, por lo que asesinatos y homicidios contra mujeres no son analizados desde su dimensión de género.
“Este tipo de delitos en violación al derecho a la vida de las mujeres debería ser tipificado por la necesidad de hacer la distinción para conocer cuántas mujeres mueren en el marco de la violencia intrafamiliar y sexual, y cuántas son víctimas de la delincuencia común”, señaló, mencionando que esto se necesita para establecer políticas y normas que permitan a las mujeres el acceso a la justicia, que los casos no queden en la impunidad.
En el Cenidh, según sus datos, por la falta de respuesta de las autoridades correspondientes, hay un aumento en las denuncias por casos de violencia intrafamiliar y sexual. “Las denuncias se vienen incrementando anualmente. Hace tres años se incrementó de 150 a 200, y el año pasado se cerró con un aproximado de 360 casos”.
Remarcó que los obstáculos para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia inician en las comisarías de la mujer donde la mayoría de los casos se clasifican como faltas penales, con la consecuente oferta de mediación o la constancia de falta de acuerdos entre las partes, lo cual se considera requisito para iniciar la acción penal, sin tomar en cuenta los estragos psicológicos en la mujer y la niña maltratada.
También hay debilidades y dificultades institucionales para investigar los casos con celeridad, ya sea por falta de recursos, falta de patrulla, o no hay investigadores tardándose meses para que el caso pase al Ministerio Público. Ahí se revisan las debilidades y se manda a complementar investigación, eso representa otros meses mientras la víctima sigue conviviendo con su agresor o ha sido nuevamente lesionada y termina muerta a manos de su agresor.
“Aún cuando nuestra legislación contempla medidas cautelares a favor de las mujeres en el artículo 111 del Código Penal, no existe una práctica de solicitar esa figura mientras continúa el proceso investigativo. Así la víctima se mantiene bajo amenaza, el chantaje o coerción para que desista de la acusación”, explica, mencionando que en esto pende sobre ella hasta un posible peligro de muerte en medio de la reconciliación.
Si después de tantos problemas el caso logra llegar al juzgado, lo primero con que la víctima se encuentra es la retardación de justicia comos otro elemento grave en el proceso, tal como ocurre con una niña violada que tiene tres años en el proceso judicial.
Aunque el problema de la concurrencia del jurado se supera poco a poco con el nuevo Código Penal, la convocatoria de la sala sigue siendo difícil, levantándose suspensiones por incomparecencia del acusado, porque el fiscal tenía otra audiencia, por inhibiciones del juez, y nuevamente se debe comenzar el proceso, por ausencia del abogado defensor o porque no llegaron los testigos. Esto representa un desgaste profundo para la víctima, que además de enfrentar eso, necesita tiempo y dinero principalmente cuando vive en comunidades alejadas.
“Nicaragua tiene protocolos ante la violencia intrafamiliar y sexual, pero están desactualizados; había un plan, pero actualmente está en desuso, y se instaló una comisión interinstitucional que no funciona, en un marco judicial débil ante la violencia de género. Se necesita una revisión para dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para superar los obstáculos,”, dijo Flores.
Indicó que hay buenos resultados con las campañas contra la violencia, y las víctimas están rompiendo el silencio, pero no basta con esto, se necesita una respuesta efectiva del Estado en el acceso a la justicia para las mujeres y niñas afectadas, con un agresor que obtenga una sanción por sus hechos delictivos.