Nacional

No hubo Sala ni sentencia, sólo una exhumación


Martha Vasquez

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez, aseguró ayer que la sentencia referente al decretazo, que sacó ayer la Sala “coja” Constitucional, es fantasma, porque fue dictada por una sala que no existe, y firmada por ex magistrados que no son miembros propietarios de la misma.
“Vuelve la burra al trigo. Esa sentencia es igual a la famosa sentencia para devolver la capacidad de reelegir a Ortega en las próximas elecciones. Fue dictada por una Sala que no existe, porque aquí estaban los magistrados propietarios de la Sala, Escobar y Cuarezma y no fueron convocados”, expresó Martínez.
Con respecto a la citación del artículo 201 de la Constitución de 1987 en esa misma sentencia, referida al recurso de amparo presentado por Oscar Moncada en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega, por emitir el decretazo que manda a permanecer en sus cargos a 25 funcionarios, dijo que es una muestra de debilidad.
“Es una manifestación de la debilidad que sienten ante la inconstitucionalidad y el irrespeto”, afirmó el magistrado.

Rosales se divierte sobre el 201 de la Constitución del 87
Mientras tanto, Francisco Rosales defendió su sentencia, asegurando que la Ley de Amparo les permitía pronunciarse de oficio sobre el 201 de la Constitución del 87, ya que era vinculante con el decretazo.

¿Es ley el decreto ejecutivo?
“Nos pronunciamos de oficio. Como esto está vinculado, porque el decreto 2010 es una ley derivada. Aunque no lo hayan mencionado, nuestra Ley Orgánica establece que si una persona está en una petición y no fundamenta su derecho y no cita el artículo debidamente o no lo cita el tribunal, debe suplirlo con mayor razón”, dijo Rosales.
Además, aclaró que los magistrados liberales no asistieron a la sala porque no quisieron, porque estaban citados desde el 12 de abril y sabían cuáles eran los puntos de agenda, e incluso desde hace una semana tenían en sus manos el proyecto de sentencia firmado el miércoles pasado.
También agregó que su deber como presidente de sala es garantizar su funcionalidad, y si no asisten los miembros propietarios, tiene que integrar a sus suplentes. El magistrado Francisco Rosales insistió en que los responsables de esta situación es la “dizque oposición”.