Nacional

Instan a que ni entren ni paguen a ex magistrados


Rafael Lara

Organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos pidieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, que se haga valer, que rechace el ingreso de los ex magistrados cuyos cargos cesaron el pasado 11 de abril, y que haga las acusaciones legales correspondientes si continúan interfiriendo en el trabajo de ese Poder del Estado, mientras la Asamblea Nacional es la destinada a terminar el problema con la escogencia de los sustitutos de los ya ex funcionarios.
La doctora Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, al igual que Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, CC, concuerdan en que el grave y bochornoso show que escenificaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representa el “descalabro” jurídico, ético y político propiciado por el mismo Presidente de la República, Daniel Ortega, quien detonó el problema con un decreto presidencial que intenta sostener en sus cargos institucionales a quienes se les vence su período, algo que violenta lo determinado por la Constitución de la República.

Pagarles sería robo al erario
“Ninguno de ellos es ignorante, son conscientes de que están incurriendo en delitos, y todos los ex funcionarios que pretenden prolongar su permanencia en el cargo de forma ilegal, pueden ser procesados por usurpación, pues no tienen inmunidad. Además, hay normas disciplinarias en la CSJ, y Martínez tiene que hacer valer su autoridad, incluso en el caso de los magistrados, debe sacarlos de la nómina, pues de no hacerlo, sería un robo a las arcas públicas”, alega la doctora Núñez.
Para la representante del Cenidh, no es extraño el espectáculo de prepotencia y bochorno que dio a Nicaragua el ya ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís, a quien calificó de ser sólo parte de los peones del candidato a tirano Daniel Ortega, que recibe órdenes para satisfacer las ambiciones personales del mandatario, el cual pretende eternizarse en el poder.

“Circo”, dice Coordinadora
Por su parte, Luisa Molina señaló que el “circo” de los magistrados demuestra la débil institucionalidad de Nicaragua, y los magistrados, que deberían dar el ejemplo del respeto a la Carta Magna, son los primeros en violentarla para aferrarse a un cargo público.
El abogado Irving Dávila, miembro de la Comisión de Gobernabilidad de la CC, comentó que en Nicaragua una gallera tiene mayor orden que las instituciones públicas, en especial la CSJ.

Sistema judicial fallido
Para Dávila, en la actualidad tenemos un sistema jurídico fallido, porque aquí se ha impuesto una forma de concentración de poder denominado autoritarismo institucional, que se encamina a una futura dictadura, que luego del control de los poderes del Estado busca cómo controlar a las instituciones de seguridad y defensa del país.
Según la doctora Núñez, “la falta de seguridad jurídica adquirió ribetes insospechados con la partidización e instrumentalización del Poder Judicial”.
Agregó que por eso Ortega recurre cada vez más a violentar las leyes y la Constitución, y a cometer atropellos al ordenamiento jurídico.