Nacional

Caos en Corte Suprema

* Magistrados liberales ordenan “aislar” a magistrados de facto, y sindicatos anuncian “acciones” a favor de funcionarios judiciales del orteguismo * Solís y Cuadra llegan a “laborar normalmente”, mientras Dámisis Sirias se retira a Chontales: “Volvería al cargo sólo con 56 votos de la Asamblea Nacional”, dice * Recurren contra Decreto Presidencial, Sala Civil suspende sesión y se agrava crisis

José Adán Silva

Varios hechos agravaron ayer la situación en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde la permanencia en sus cargos de magistrados cuyos mandatos se vencieron, provocó hasta un serio enfrentamiento verbal en la Sala Penal.
Los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra, de la bancada del gobernante FSLN, se presentaron ayer a sus oficinas en la sede de la Corte Suprema de Justicia, ignorando los reclamos y solicitudes de sus colegas liberales, quienes insisten en que la permanencia de los dos ex magistrados en el Poder Judicial es ilegal.
A ellos se les venció el período de cinco años para el cual fueron electos por la Asamblea Nacional en 2005. Sin embargo, Solís y Cuadra argumentaron, ante el reclamo de los magistrados liberales, que ellos seguirían en sus funciones amparados en el Decreto 03-2010, que emitió en enero pasado el presidente Daniel Ortega.
En dicho decreto el mandatario prorroga la permanencia en el cargo de más de 25 funcionarios públicos, cuyos períodos para el cual fueron electos por la Asamblea Nacional, están vencidos o por vencerse.
A Solís y a Cuadra se les venció la semana pasada, pero ellos se presentaron a las salas de la Corte a sesionar en la administración de justicia, ante la solicitud de expulsión y acusaciones de ilegalidad de los magistrados liberales vigentes en sus cargos.
Ayer no fue la excepción. Cuadra y Solís volvieron a aparecerse por sus oficinas, mientras la presión subía de tono junto a las diferencias vertidas a gritos el pasado lunes, cuando el operador político del FSLN llamó “matón” al magistrado Gabriel Rivera, y éste calificó de “imbécil” a Solís.

Sala Civil a “paro”
Ese ambiente de discordia se trasladó ayer a la Sala Civil, presidida por el magistrado Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán, quien suspendió su sesión al enterarse de que “por error” la Secretaría de la Sala había convocado al ex magistrado Cuadra.
Cuadra asistió bajo el argumento de que fue convocado por la Secretaría, pero el magistrado Alemán suspendió la sesión y orientó no convocar más a dicha persona, bajo el argumento de que “está fuera de legalidad en el cargo”.
La Sala es presidida por Antonio Alemán, y sus miembros son los magistrados Yadira Centeno González, el ex magistrado Armengol Cuadra López, Iván Escobar Fornos, Ligia Molina Argüello y José Dámisis Sirias, quien ayer tampoco asistió a la sede del Poder Judicial.

“Primero la Constitución”
Sirias expresó ayer a EL NUEVO DIARIO que decidió no asistir más a su oficina ni a las labores para las cuales fue asignado por la Asamblea Nacional, porque su criterio jurídico le impide acatar el decreto del presidente Ortega.
“Yo soy respetuoso de la Constitución. Ahí dice que los magistrados somos electos por 56 votos de los diputados, para ocupar un cargo por 5 años, y que una vez vencido el cargo, concluye la función”, dijo el ex magistrado liberal.
“Las otras personas que se acogen a ese decreto, allá ellos con sus criterios legales, pero para mí ningún decreto presidencial ni ningún artículo transitorio de hace 23 años, puede estar encima de la Constitución y el orden legal”, dijo Sirias, quien informó que ya entregó los expedientes, documentos y oficinas que ocupaba en la Corte.
Solís, por medio de la oficina de prensa de la sede del Poder Judicial, dijo que él y su colega seguían sosteniendo el argumento de validez y legalidad del decreto presidencial y del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, que establece que los funcionarios seguirán en sus puestos mientras los electos no tomen posesión de los cargos públicos.

Solís “tranquilo”
“Los miembros de la Corte estamos trabajando normalmente, tranquilamente. Los demás funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Contraloría, y las demás autoridades funcionarias de los diversos poderes del Estado, continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos”, justificó Solís, con base al transitorio artículo 201 de la Constitución de 1987.
La presión política entre magistrados de una y de otra bancada, se trasladó a las estructuras sindicales del ente judicial.
Ayer circuló la versión de que el presidente de la Corte, magistrado Manuel Martínez, prohibiría el acceso de los magistrados de facto a la sede del Poder Judicial, lo cual activó la organización de los sindicatos afines al gobierno, que anunciaron protestas en la entrada del edificio y “acciones firmes” para permitir la entrada de Solís y de Cuadra.
Carlos López Tinoco, Secretario de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, confirmó que se movilizaron en apoyo a los abogados Solís y Cuadra.
Indicó el sindicalista que los trabajadores estarán atentos a cualquier acción contra sus dirigentes, y que tienen previsto realizar plantones frente a la sede o marchar el viernes desde el edificio hasta la Asamblea Nacional, para exigir la reelección de los ex judiciales de la Suprema.

Recurren contra Decretazo
Y mientras eso ocurría a lo interno de la Corte Suprema de Justicia, un grupo de cinco abogados, encabezados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Marcos Carmona, se presentaron a la Secretaría de la CSJ a interponer un recurso de inconstitucional contra el decreto 03-2010.
El documento lo firmaron, además de Carmona, el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, Jaime Antonio Chavarría Morales, Gustavo Adolfo García Prado y Lulio Rafael Marenco García.
Ellos pidieron a la Corte Suprema de Justicia la declaración de nulidad del decreto 03-2010, la suspensión de los cargos de los funcionarios cuyos períodos están vencidos, y de paso anunciaron que en las próximas semanas iniciarán acusaciones penales en la Fiscalía contra contralores, magistrados judiciales y electorales y demás funcionarios que ejercen funciones con sus cargos vencidos de ley.
“Ellos ya no son magistrados ni funcionarios ni nada, y están cometiendo una falta penal al usurpar funciones públicas fuera de la ley”, argumentó Carmona.
El recurso de inconstitucionalidad fue recibido por el Secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, hermano del contralor de facto Luis Ángel Montenegro.

Reacción en Juzgados
El secretario de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Ajumanic, Ruen Arias, dijo haber reaccionado sorprendido por el incidente protagonizado por Rivera y Solís.
El también juez certificador de sentencia señaló que aunque no sabe qué le dijo el magistrado Gabriel Rivera a su par, probablemente la reacción de Solís se debió a una “acción de Rivera”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría Pública, tomó bando en el diferendo entre magistrados, emitiendo un comunicado a favor de los magistrados Cuadra y Solís.
“Rechazamos cualquier maniobra contra los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, que atente contra la estabilidad laboral”, dice el comunicado firmado por Sergio Jarquín Pérez, secretario general del mencionado sindicato.

(Con la colaboración de Ernesto García).