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“Solís pidió reprimir derecho a protestar”

* Pedir a Fuerzas Armadas “que estén atentas” contra quienes se opongan a decretazos y artículos “zombies” es violatorio a artículos 52, 53 y 54 de Cn. * Ven intimidación, manipulación del Ejército y amenaza a los derechos humanos

José Adán Silva

Las expresiones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís, en torno al posible papel del Ejército de Nicaragua en una eventual situación de protesta y crisis política, fueron consideradas por el jurista Alfonso Dávila Barboza, como lesivas a varios preceptos legales y constitucionales de la ciudadanía nicaragüense.
Según el ex magistrado y ex presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Solís implicó jurídicamente en materia de derechos constitucionales a la CSJ, al expresar delante de la Comandancia del Ejército, que esa institución sería decisiva para garantizar la institucionalidad y la gobernabilidad del país “a la hora que se elucubren una serie de consecuencias” de “algunos cabezas calientes”.
El pasado jueves 8 de abril, Solís, operador político del partido de gobierno, aprovechó una visita institucional del Ejército a la sede judicial para recordarle a la Comandancia su importancia ante posibles disturbios que se puedan presentar ante la hipotética aplicación del Decreto 03-2010 y el artículo 201 de la Constitución de 1987, que el oficialismo argumenta para sostener en el cargo a unos 25 funcionarios de instituciones claves, a quienes se les venció el nombramiento o está por vencérseles.
Instituciones comprometidas
“Puede haber algunos cabezas calientes que quieran hacer de los meses que vienen, tiempos difíciles alrededor de la institucionalidad del país o de la gobernabilidad, y creo que la presencia de ustedes (Ejército) como una institución respetada por todos, es decisiva a la hora que se elucubren una serie de consecuencias que nadie está deseando para Nicaragua”, dijo entonces Solís.
De acuerdo con el ex magistrado Dávila Barboza, expresiones como las del magistrado Solís comprometen la credibilidad del Poder Judicial, por cuanto roza con derechos ciudadanos constituidos en la Carta Magna, y complican, además, a la imagen del Ejército de Nicaragua al vincularlo a una discusión de tipo político que sale de las esferas de acción legal del cuerpo armado.
“Me sacude ver cómo un funcionario de ese poder del Estado, en vez de respetar y promover el derecho de protestar y de rechazar aspectos con los que no esté de acuerdo la ciudadanía, se preste a amenazar a quienes por cualquier razón puedan protestar en el marco de la ley”, dijo el jurista en retiro.
A criterio de Dávila Barboza, la manifestación de un funcionario judicial en torno a demandar el uso de la fuerza militar ante posibles protestas políticas, trasforma el derecho de la protesta en delito.
¿Violación de derechos o amenaza?
“Y es grave que pida al Ejército atención, como arma represiva, contra quienes no apoyen los argumentos legales de un partido o institución del Estado”, observó el abogado.
Según el jurista, invocar el uso de fuerzas represivas para detener cualquier intento inmediato, o de futuro, de posibles protestas o reclamos sociales o políticos, atenta contra la Constitución Política y contra la Ley de Participación Ciudadana, que establece el derecho al reclamo y a la protesta ante situaciones que la gente considere lesivos a sus derechos.
“El doctor Solís es un magistrado bien informado e inteligente, que conoce los alcances de la ley, y sabe que es violatorio de la Constitución y del Código Penal tratar de impedir con amenazas, o con expresiones intimidatorias los derechos de la población a oponerse a decisiones de los grupos políticos, de las instituciones, de los gobernantes y demás autoridades estatales”, observó.
Derecho al reclamo
La Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 52, 53 y 54 establece que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad”.
Además, la Carta Magna reconoce el derecho de reunión pacífica, y establece que el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.
“Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, dice el artículo 54, esgrimido por el presidente del TAM de Managua.
Otras voces de opositores y analistas de temas militares y de seguridad, también han interpretado como amenazas veladas las expresiones del magistrado Solís.