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Ejército no legitimará a magistrados de facto

* “Se arriesgan a que esos fallos sean recurridos ante la Corte Centroamericana de Justicia y eventualmente sean denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice Fanor Avendaño * Demanda de Rafael Solís de poder usar a militares denota la inseguridad de un magistrado que ya no debe estar en el cargo, y es preocupante porque ni en situaciones peores se ha hecho”, afirma representante del Cenidh

Para el constitucionalista Fanor Avendaño, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, Armengol Cuadra y Damisis Sirias, a quienes se les vence el período el domingo 11 de abril, no deberían hacer actuaciones jurisdiccionales a partir de la próxima semana, mientras no estén legitimados, porque se arriesgan a ser recurridos por nulidades.
“Aunque ellos (los magistrados) se quedaran en sus puestos, no creo que se arriesguen a hacer actos jurídicos, a firmar sentencias, porque deslegitimaría lo actuado. Si lo hacen se arriesgan a que esas sentencias sean recurridas ante la Corte Centroamericana de Justicia, y, eventualmente, sean denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el jurista.
El catedrático Óscar Castillo, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, también comparte la opinión de Avendaño y del magistrado Manuel Martínez, Presidente de la CSJ, quien anunció un “caos jurídico” en ese poder del Estado si se mantienen estos magistrados en sus cargos.

“Magistrado de facto”
“Efectivamente, lo que dice el doctor Martínez es cierto, pues las sentencias emitidas por magistrados de facto o usurpadores del cargo serían ilegales y nulas de oficio, ya que estos funcionarios no estarían revestidos de la jurisdicción para fallar o emitir sentencias, ya que no estrían legitimados para hacerlo”, explicó Castillo.
El experto en Derecho Constitucional también argumentó que el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejan claramente establecido quiénes pueden emitir sentencias. Éstos son aquellos que tienen o llevan aparejada jurisdicción, es decir, que han sido nombrados como jueces, magistrados de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso.
“Estos magistrados, al vencérseles el período, ya no son ni deben ser considerados como tales, por consiguiente, no tienen jurisdicción, y todo lo actuado será nulo. Ningún ciudadano estaría obligado a cumplir un fallo o una sentencia espuria, que ha sido emitida por una persona que no tiene ni está legitimada para ejercer jurisdicción”, enfatizó Castillo.
Para evitar el “caos jurídico” en el Poder Judicial y demás instituciones, lo mejor es realizar pronto un proceso de negociación política real, según Avendaño.
“Si no hay negociación, el país entra en inestabilidad política total a nivel de instituciones, y sin soporte jurídico, las personas empiezan a actuar sobre las instituciones, convirtiéndonos en una nación de acciones de hecho y el responsable es el Presidente y las fuerzas políticas”, expresó Avendaño.
Añadió que lo que debe haber es un pacto para el respeto de las leyes y de la Constitución del país, para que haya estabilidad económica y no abandonar la lucha contra la pobreza extrema.

“Usar al Ejército es inseguridad”
Respecto a las declaraciones del magistrado Rafael Solís, quien solicitó la presencia del Ejército de Nicaragua a la hora en que se “elucubren una serie de consecuencias”, provocadas por “cabezas calientes” en los próximos días, Avendaño descartó cualquier participación de los militares en tales situaciones.
“Yo creo que el Ejército jamás va a asumir la violación a la Constitución, porque tenemos el Ejército más profesional de Centroamérica”, aseguró el jurista.
El llamado de Solís denota las inseguridades de un magistrado que ya no debería estar en ese cargo. También es alarmante la petición, porque la ciudadanía tiene derecho a las protestas y el clamor por servidores públicos idóneos, y rechaza a los politiqueros que únicamente sirven a sus caudillos del partido, señaló Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.
Según Izabá, no es un magistrado de la CSJ, a quien se le acaba su período y quiere continuar en el cargo, quien debería están haciendo este tipo de comentarios, principalmente cuando no existen condiciones para que el Ejército salga a las calles.

No hay emergencia
“Ni siquiera durante las asonadas con paro nacional en el gobierno de Violeta Chamorro, o cuando se tomó Estelí un grupo de bandoleros, ni cuando los estudiantes quemaban buses exigiendo el 6 por ciento para las universidades, se llegó a niveles de estado de emergencia”, recordó Izabá.
Para que el Ejército salga a tomarse las calles se necesita la orden del Presidente de la República, y eso sólo ocurre cuando la situación rebasa las capacidades de la Policía Nacional. Otro momento es el Estado de Emergencia, que debe ser solicitado por el Presidente y ratificado por la Asamblea Nacional, explicó el representante del Cenidh.
Mientras tanto, el teniente coronel Romeo Álvarez, de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, al ser consultado sobre el tema, dijo que buscaría a la persona adecuada para pronunciarse y que regresaría la llamada.
El jefe de Relaciones Públicas, general Adolfo Cepeda, no respondió a las llamadas a su celular.