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Agentes de la Unidad corrían graves riesgos

* Manejaban información de inteligencia sin conocer barreras de cargo, apellidos, función o Partido * Un misterio más: ¿Por qué Ortega ordenó disolverla pese a que Nicaragua suscribió Convención de Palermo?

Luis Galeano

Los riesgos que corrían los ahora ex miembros de la disuelta Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional, por investigar a personajes importantes de la vida pública vinculados al crimen organizado eran enormes.
La mejor muestra de eso es que un poco más de seis meses después de haberse creado a finales de 2006, dos de sus soldados más destacados murieron trágicamente, sin que hasta ahora se conozca la verdad sobre sus decesos.

La muerte de comisionado Obando
“Asesinan a comisionado”, fue el titular del 13 de julio de 2007 de EL NUEVO DIARIO, referido a la confirmación de que un cuerpo sin vida encontrado en las cercanías de la arenera en Carretera Nueva a León, era el de Manuel Guillermo Obando, uno de los jefes de la Dirección de Anticorrupción, cerrada recientemente por el presidente Daniel Ortega.
“Ese es uno de los comisionados que manejaba información delicada de gente de la misma Policía, del Ejército y algunos políticos que están vinculados a asuntos de narcotráfico, y si vos recordás, su muerte realmente nunca fue aclarada, porque no convenía hacerlo”, dijo uno de los informantes policiales que ha explicado las razones de Ortega para cesar la Unidad.
El cadáver de Obando, con múltiples estocadas, fue encontrado por la Policía en un barranco en el kilómetro ocho y medio de la carretera nueva a León, y supuestamente fue víctimas de robo con violencia seguido de muerte. En el juicio en el que condenaron a 25 años a sus asesinos, quedó demostrado que Héctor Aragón y Luis Ordóñez dieron muerte a la víctima para robarle una tarjeta de crédito, crimen que fue planificado desde un mes antes de ser cometido.
“¿Vos creés que a ese comisionado lo iban a matar de esa forma sólo por robarle una tarjeta de crédito? ¡Nunca! Era de los que más sabía y cumplía con la labor que se le había encomendado, y por eso no convenía que siguiera vivo”, afirmó el informante.
Obando, según dijo al momento de su muerte, el entonces vocero de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, investigaba siete u ocho casos.
“Yo no sé qué casos eran, hermano, porque como vocero lo único que me dijeron que informara fue eso, y es todo lo que te puedo decir”, dijo Sevilla al ser consultado ayer.
Los informantes indicaron que la Unidad Anticorrupción era un cuerpo elite que tenía información que daba vueltas alrededor del crimen organizado y de personajes de la vida pública ligados a éste.
En sus archivos de investigación, según fuentes policiales que demandaron el anonimato, había desde ministros y secretarios de Estado, hasta jueces, magistrados, diputados, policías y altos mandos del Ejército. De todas las tendencias políticas, de ex funcionarios y de los actuales. Esa información la manejaba Estados Unidos, a través de la Agencia Antidrogas (DEA) gracias al convenio de colaboración que existía con la Policía Nacional.
El policía encubierto
Ese mismo mes de julio de 2007, específicamente el 29, el inspector Rómulo Antonio García Velásquez, originario del municipio de Chinandega, quien era miembro de la Unidad Anticorrupción, también fallece de manera extraña en un operativo antidrogas.
El enfrentamiento entre narcos y policías se dio en una propiedad ubicada frente al kilómetro 117 de la carretera Rivas-Peñas Blancas y ahí perdió la vida.
El entonces embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, lamentó la muerte del oficial de Policía, y la calificó como una tragedia, a la par que reafirmó el apoyo de su gobierno a la institución policial en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
García Velásquez murió combatiendo al lado de una agrupación de narcotraficantes que chocó contra una banda de delincuentes que, en la frontera sur, se dedica a interceptar los cargamentos de droga para robarlos.
El inspector era un policía encubierto que había logrado infiltrarse en la banda de narcotraficantes, y según la Directora de la Policía Nacional, gracias a su trabajo se había logrado dar duros golpes al narcotráfico.
“En ese caso la verdad es que nunca se supo qué fue realmente lo que pasó, y la Policía sabe que no es convencedor el relato de los hechos. Ese era un buen cuadro, disciplinado, que hacía su trabajo profesional, independientemente de quién estuviera en medio”, dijeron las fuentes.

Nicaragua se aleja de la Convención de Palermo
Las fuentes indicaron que la decisión del presidente Ortega de clausurar la Unidad, aleja a Nicaragua de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado, conocida como “Convención de Palermo” ratificado por nuestro país en junio de 2001.
Esta Convención reflejó el esfuerzo de todas las naciones del mundo para enfrentar los "delitos graves", por lo que la Policía Nacional podría, dentro de sus funciones, hacer "entregas vigiladas, operaciones encubiertas y vigilancia electrónica".
El artículo 30 de ese convenio relacionado a “Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica”, dice que “los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales para intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional”.
También orienta a los firmantes a “aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención, prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con su aplicación”.
Ortega decidió cerrar la Unidad sin una explicación sobre por qué tomó tal decisión. La jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, expresó que trabajarán de la misma forma, y que la colaboración con Estados Unidos se mantendrá, aunque no dijo cómo o bajo qué mecanismo.