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Acercan La Modelo a Alemán y a Montealegre

* Les reviven juicios mediante resoluciones cada vez más insólitas * Queda en evidencia que detrás de la “administración de justicia” está la “mano que aprieta” para reelegir a Roberto Rivas y compañía

La desesperación del Presidente de la República, Daniel Ortega, por reelegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y demás funcionarios públicos a quienes se les ha vencido su período constitucional o está por vencérseles, lo ha llevado a ‘socar más las tuercas’ --a través del Poder Judicial-- contra Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre.

Esta vez, la juez Primero Distrito del Crimen de Managua, Irma Laguna, mantuvo abiertas las causas penales contra Arnoldo Alemán Lacayo, declarando la inaplicabilidad e inconstitucionalidad en el caso concreto de la Ley 715 o Ley de Plazo Fatal.
La Ley citada entró en vigor el 23 de diciembre de 2009, y da 60 días para resolver los casos, y de no hacerlo, los judiciales deben ordenar el sobreseimiento definitivo; ante tal mandato, la juez Laguna resolvió declarar inaplicable para cada caso concreto en cada sentencia, y mandarlas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que ésta decida si rechaza o ratifica la inconstitucionalidad de ese instrumento.
La Juez sustenta la inaplicabilidad de la Ley 715 en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto.

Los tres casos
De esta manera, los casos de las Vaquillas del IDR, el Narcojet y el caso Mayco, que están pendientes de tramitarse con el antiguo Código Procesal Penal contra Arnoldo Alemán Lacayo, pueden seguir abiertas, si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ratifica la resolución de la juez Laguna.
“Resolvimos remitir estos casos a la CSJ, porque consideramos que son de orden grave y se debe guardar el derecho de la víctima en todo proceso”, dijo la juez Laguna en conferencia de prensa.
Entre los argumentos que presenta la juez Laguna para declarar la inaplicabilidad de la Ley 715 en el caso concreto, es que existen más de 4 mil causa penales radicadas y en trámite con el antiguo Código Procesal Penal, “por lo que humana y materialmente se me harían imposible resolverlo en plazo fatal de 60 días, y de no hacerlo, sobreseería a los procesados, violando los derechos constitucionales de la víctima”.

Igual medicina a Montealegre
En el caso de Eduardo Montealegre, el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, también presentó ante la CSJ una sentencia en la que declara la inaplicabilidad de la Ley 715 en un caso de Desobediencia que está engavetado desde 2003.
Ante esta ofensiva, el diputado Eduardo Montealegre se presentó ayer ante los Juzgados de Managua, para dar constancia de su inmunidad, ya que el miércoles pasado, el juez Rodríguez le notificó que un juicio que se abrió en su contra en 2003 se encuentra en estado de sentencia.
El delito de desobediencia que supuestamente cometió Montealegre se produjo cuando fungía como Ministro de Hacienda, durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
Montealegre habría incurrido en ese delito por no darle trámite a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que mandaba al Ministerio de Hacienda y a la Intendencia de la Propiedad a efectuar la compra de una propiedad llamada La Flor, en Río San Juan, valorada en 3 millones 560 mil dólares.
Montealegre alegó ayer que ya no es Ministro de Hacienda, y que por lo tanto no se le puede inhabilitar de ese cargo, además, que el demandante desistió de su denuncia en octubre de 2006, luego de que el Estado comprara la propiedad.
El 18 de abril de 2007, el juez Rodríguez admitió el desistimiento, y mandó a archivar el caso, pero una semana después la Procuraduría General de la República apeló solicitando que no se archivara el caso, a pesar del desistimiento del demandante.
Así, el 16 de agosto de 2007, el juez Primero de Distrito Penal de Managua admitió la apelación, y ordenó al juez Rodríguez reabrir el caso, pero según Montealegre, desde que el demandante desistió en 2006, él nunca fue notificado de ninguna de esas actuaciones judiciales, y ahora alega su inmunidad en calidad de diputado.

Nuevamente CSJ instrumento de aberraciones
Para el jurista Gabriel Álvarez, la reapertura de este caso es “una señal más” de la instrumentalización del Poder Judicial, que, a su criterio, “se ha reducido a ser un instrumento de persecución política”.
Para Álvarez, hay dos escenarios posibles. Uno es que tomando en cuenta que cuando se abrió el caso Montealegre no tenía inmunidad, el juez podría continuar con el proceso.
El otro tiene que ver con que “la Constitución dice que no se puede iniciar un proceso contra alguien que posee inmunidad, pero también establece que alguien que tiene inmunidad no puede ser condenado”.
Para el experto en Derecho Constitucional, Óscar Castillo, este acto demuestra que una vez más “la política está privando sobre lo jurídico. Lo grave de la situación es que aunque pareciera bien intencionado y ajustado a derecho el argumento de los jueces, esto no tiene en su esencia un interés de orden jurídico sino político”.
Castillo expresó que en derecho existe lo que se llama el precedente jurídico, y no es posible que hasta ahora los jueces se den cuenta de que esta disposición es aplicable a dicha ley, sobre todo si han venido fallando sobre ella, y ninguno de los jueces cuando fue emitida la misma, recurrió de inconstitucionalidad, ni mucho menos invocó en sus fallos o sentencias, la disposición del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene 15 días para pronunciarse sobre las sentencias de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley 715, en el caso concreto que presentaron los jueces sandinistas, el pasado martes 16 de febrero.
Junto a las sentencias de Alemán, también se presentaron otras 45 sentencias contra personas comunes y de diferentes delitos, como violación, robo y estafa, entre otros. Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad con la Ley de Amparo.

Vilma Núñez advierte:
“Montealegre, perseguido político”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, interpondrá una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para exigir que el Estado de Nicaragua brinde seguridad al diputado Eduardo Montealegre, debido a que es víctima “de una campaña de desprestigio que pone en riesgo su seguridad jurídica, integridad física y hasta su vida”.
Así lo anunció ayer la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez de Escorcia, quien aseguró que Montealegre es un perseguido político del gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Poder Judicial.
Agregó que el Cenidh también recurrirá a instancias internacionales, que vigilan el respeto de los derechos civiles y políticos como Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura.

Acoso judicial
Según Núñez de Escorcia, “toda esta situación que está viviendo el licenciado Montealegre, como el acoso judicial, los rótulos en las calles, constituyen una forma de tortura psicológica, que no es sólo contra él, sino contra su familia”.
El diputado se presentó ayer en las oficinas del Cenidh para denunciar una nueva persecución política, pues el miércoles el juez Ernesto Rodríguez, del Juzgado Tercero Penal, le notificó que un juicio que se abrió en su contra en 2003 y que ya se había archivado en 2007, se encuentra ahora en estado de sentencia.