Nacional

“Hambre Cero” con presupuestos paralelos

* CGR excluye procedimientos y nadie sabe como cuadrar las cuentas entre Presupuesto y las cooperaciones externas

Ary Pantoja

Uno de los principales hallazgos del estudio “Las voces de Hambre Cero”, elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, lo constituyen las fuentes adicionales de financiamiento del Bono Productivo Alimentario, BPA, que no necesariamente están registradas o incorporadas en el Presupuesto General de la República, lo que hace suponer un manejo altamente discrecional de esos recursos por parte del Ejecutivo.
En 2007, por ejemplo, el gobierno de la República de China Taiwan donó 500,000 dólares para financiar el BPA, mientras que en 2008 esa cifra se elevó a un millón 400,000 dólares para un total de 1 millón 900 mil dólares donados por Taiwan en los dos primeros años del programa “Hambre Cero”. En 2008, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela donó 8.4 millones de dólares; mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, donó 87,000 dólares en 2007, y 41,088 dólares en 2008.
“Estos 10.4 millones de dólares en el período 2007-2008, representan 198 millones de córdobas, equivalentes al 35.9 por ciento de los 548 millones de córdobas ejecutados en ese período de manera oficial”, se lee en el informe del Ieepp.
El estudio del Ieepp establece que el gobierno, a través del Ministerio Agropecuario y Forestal, Mag-For, entrega el Bono de Economía de Patio, “cuyos fondos no están registrados en el Presupuesto General de la República y su fuente de financiamiento provienen de los fondos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA”.

Clientelismo electoral
Este bono comenzó a entregarse durante la campaña electoral municipal de 2008 en Managua. En el período 2008-2009, al primero de septiembre del año pasado, el gobierno reporta 1,527 beneficiarios de este bono por un valor de 3,000 córdobas cada uno para un total de 4 millones 581 mil córdobas provenientes del ALBA. “En los informes de ejecución del Presupuesto General de la República, no aparece registrada esta partida presupuestaria, pero sí aparece contabilizada la entrega de estos bonos en la página web del Mag-For”, se explica en el informe del Ieepp.

Dinero lo maneja
el donante
El informe del Ieepp incluye declaraciones de la viceministra del Mag-For, Amanda Lorío, en las cuales la funcionaria asegura que en el caso de la donación de Taiwan, el dinero es administrado directamente por ese gobierno “el cual se encarga de pagar a proveedores del programa”.
En el caso de los fondos ALBA-Caruna, según Lorío, también son administrados por esta cooperativa de crédito de forma separada del gobierno, y el dinero es destinado al pago de los proveedores y de 70 técnicos de manera directa.
“Los únicos fondos que manejamos son los del Tesoro, y el año pasado no alcanzó, entonces Caruna puso el valor de las vacas, lo que nos ha generado problemas porque a la hora de rendir cuentas a la Contraloría, la ficha de la beneficiaria va con dos fuentes: Tesoro y vaca donada por Caruna”, explicó Lorío, citada en el informe del Ieepp.
En 2007, las fuentes de financiamiento del Programa Productivo Alimentario, PPA, en un 100 por ciento fueron Rentas del Tesoro, pero en 2008, las fuentes de financiamiento se ampliaron, pues el gobierno obtuvo donaciones y préstamos. Así, el gobierno ejecutó una donación de 32.1 millones de córdobas de la Unión Europea; otra de 37.3 millones del Programa Mundial de Alimentos, PMA, y un préstamo de 28.7 millones del Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura, FIDA, lo cual sumó 98.1 millones de córdobas, equivalentes al 23.4 por ciento del presupuesto total del PPA que alcanzó los 417.8 millones de córdobas en 2008.

Poca transparencia
Otra de las debilidades en la ejecución del PPA encontrada en el estudio del Ieepp, es la poca transparencia, pues las contrataciones para la adquisición de los bienes a entregar a través del Bono Productivo Alimentario, BPA, se realizan bajo la figura de exclusión de procedimiento, es decir, contrataciones directas o vía tres cotizaciones.
“La evidencia recopilada para esta investigación confirma la tendencia observada en un estudio anterior del Ieepp, que reveló que la administración del presidente Daniel Ortega ha realizado contrataciones sin licitación por el orden de los 393 millones de dólares, lesionando los criterios de transparencia, igualdad y competencia establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado”, se lee en el documento.
En 2009, la Contraloría General de la República autorizó al Mag-For la contratación de 134 millones 417 mil 342 córdobas por la vía de exclusión de procedimientos, lo que equivale al 42.37 por ciento del presupuesto asignado al Bono Productivo Alimentario, que fue de 317 millones de córdobas, antes de reducirse a 214 millones después de las tres reformas presupuestarias.
Durante los tres años del PPA, la Contraloría ha autorizado la contratación directa (sin licitación) de 606.4 millones de córdobas, equivalentes del 79.2 por ciento del total ejecutado para el Bono Productivo que supero los 765 millones de córdobas en los tres años.