Nacional

Decreto de prórrogas nunca ha existido

* “Ya no hay manera de explicar jurídicamente toda esta situación, Sala Constitucional es productora de aberraciones, expresa el jurista

Martha Vasquez

El decreto presidencial 03-2010, que prorroga en sus funciones a 25 funcionarios “nació muerto y sigue muerto”, según juristas independientes. “Lo que nació mal termina mal. Ya no hay explicaciones jurídicas para el Vía Crucis jurídico que ha pasado el decreto con tal de legitimarlo.
“Este decreto es inconstitucional, ilegal e inexistente, y, por consiguiente, no tiene vigencia alguna, no debe ser observado por nadie, ni objeto de cumplimiento por nadie”, expresó el doctor Óscar Castillo, Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica. Para Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, el decreto “por sí solo se cae y pretenden dirimir por conflicto de competencia. Lo que inicia mal termina mal”.
“Son aberraciones tras aberraciones. Este decreto es una expresión dictatorial más del presidente Ortega. El decreto es un verdadero atentado contra el Estado de Derecho, ya no hay manera de explicar jurídicamente toda esa situación, sencillamente, lo que hay son actores políticos incompetentes, incapaces y dictatoriales. Todo ese Vía Crucis judicial no tiene más explicación que los martillazos y pedradas de todos los jueces y magistrados”, refirió Álvarez.

¿Y los Tribunales de Granada y de Masaya?
Según Álvarez, las actuaciones del Tribunal de Masaya, dentro de los instrumentos que existen, era lo que más se aproximaba a resolver lo del Decreto conforme a derecho, pero el Tribunal de Granada prevaricó y regresó a la aberración en que se encontraba el país, por el famoso decreto.
“Lo de Masaya no violenta ningún principio fundamental, en su caso, es la Corte Suprema la que tendría que resolver si actuó bien o no, pero lo que hace el Tribunal de Granada es violar la ley, ya que la ley es clara en decir que no cabe el recurso de amparo contra sentencias judiciales, por tanto, el tribunal de Granada está actuando contra ley expresa al darle curso a un amparo contra una resolución judicial en asuntos de su competencia”, explicó el constitucionalista.
Además, según Álvarez, la introducción del recurso por conflicto de competencia entre poderes, que originó el decretazo, por la diputada Alba Palacios es ilegal, pues si bien es cierto que la Ley de Amparo dice que cualquier miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional puede introducir el escrito, se refiere cuando haya sido consensuado por todos los miembros de la Junta Directiva, y el presidente de la misma no haya podido ir a presentarlo.
Lo cierto es que los actores políticos, lejos de evocar la dignidad de la Sala Constitucional, donde se administra justicia, la toman como instrumento para legitimar aberraciones, recalcó Álvarez.