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En la Corte, la política es la Suprema


Martha Vasquez

Para juristas independientes, la posible declaración de inconstitucionalidad de la Ley 715 o Ley de Plazo razonable para caso concreto, de parte de los jueces que están tramitando los juicios con el Código de Instrucción Criminal, lamentablemente en su esencia no tiene un interés de orden jurídico, sino político, y vuelve a poner en entredicho la imparcialidad y la transparencia del Sistema de Justicia en Nicaragua.
“La política está privando sobre lo jurídico. Lo grave de la situación es que aunque pareciera bien intencionada y ajustado a derecho el argumento de los jueces, esto no tiene en su esencia un interés de orden jurídico, sino político”, aseguró Óscar Castillo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica (Upoli).
Castillo expresó que en derecho existe lo que se llama el precedente jurídico, y no es posible que hasta ahora los jueces se den cuenta de que esta disposición es aplicable a dicha ley, sobre todo si han venido fallando sobre ella, y ninguno de ellos, cuando fue emitida la misma, recurrió de inconstitucionalidad ni mucho menos invocó en sus fallos o sentencias, la disposición del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“La ley no siempre es perfecta”
Sin embargo, el Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez, al cuestionarle por qué dejaron correr tanto tiempo para aplicar la inconstitucionalidad de la Ley 715, aseguró en conferencia de prensa que la ley no es perfecta ni son predecibles sus efectos.
“Se deja correr tanto tiempo porque hay situaciones que la ley no prevé, es decir, la ley no siempre es perfecta ni predecible a todos los efectos que produce. Ahora, aunque se ha trabajado día y noche es imposible sacar todo y respetar garantías constitucionales”, dijo el magistrado Rodríguez.
“Todo juez de Nicaragua tiene facultades por la Ley Orgánica para declarar inaplicable la norma al caso concreto. Esa ley existe desde hace más de 10 años, no la inventamos ayer para perjudicar a tal persona como lo han dicho los medios. Se ha interpretado el asunto como una maniobra política para mantener un juicio vivo”, dijo Rodríguez.
Toda persona tiene derecho a apelar del fallo de primera instancia, y la Constitución dice que toda persona tiene derecho a que su causa la conozca un tribunal superior, y si no se aplica la inconstitucionalidad de la Ley 715 se violarían los derechos constitucionales, refirió el magistrado del TAM.
Sin embargo, el doctor Castillo refirió que no hay que olvidar que aunque fuese invocada esta ley, pasado el período de vencimiento del plazo para el cual fue aprobado y no habiendo recurso de casación sobre las sentencias que se emitan y declaren la inconstitucionalidad, ésta debe ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia.