Nacional

Albergues que mitigan golpes

* Existen nueve en todo el país y a ellos llegan diario centenares de féminas que sufren agresión de parte de sus parejas o familiares * No hay política de Estado para apoyarles, la mano la encuentra en organismos externos, entre ellos la Cooperación Española * En medio del dolor y trauma que les causa la agresión, al buscar la justicia se enrumban en un terrible camino que a veces termina en nada

Rafael Lara

Se llamen albergues o casas de acogida, lo cierto es que son lugares que le pueden cambiar la vida a una mujer o niña, víctimas del maltrato intrafamiliar o abuso sexual, e incluso puede salvarles su vida.
En medio del drama, la pesadez de absorber la carga psicológica de estas personas y poder manejarlo en busca de soluciones y superación, no es para cualquiera. Sin embargo, un grupo de mujeres, con apoyo de la cooperación internacional, se han dado a la tarea de aconsejar, dar tratamiento, proporcionar información legal y dar acompañamiento a las víctimas.
“No se trata de decir: ‘la pobrecita’ y sentir lástima por la persona violentada y su sufrimiento, lo importante es hacerla tomar conciencia de la injusticia, del abuso en el ejercicio del poder, y ayudar para que aquella mujer o niña recobre su autoestima, su dignidad y retome las riendas de su vida”.
Es la reflexión de la pedagoga especialista María Isabel Blanco Páez, coordinadora de proyectos de Casa de las Niñas y Adolescentes, del Instituto de Promoción Humana, Inprhu, y una de las fundadoras de estas casas que vienen trabajando desde hace 20 años en el país.
Blanco nos comentó esto durante el “Taller para el diseño de un modelo de atención de albergues o casas de acogida en Nicaragua”, en el cual participaron representantes de estas casas establecidas, cuya localización debe ser prácticamente clandestina para evitar la intromisión de los hombres violentos ofendidos, al ser denunciados ante las autoridades.
El encuentro fue impulsado y auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Aecid, como segunda fase y cierre de la primera etapa del proyecto de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género.
Actualmente existen nueve albergues a nivel nacional, tres en Managua, uno en Jalapa-Nueva Segovia, uno en León, Ciudad Darío-Matagalpa, y Estelí, mientras en la Región Autónoma del Atlántico Norte están uno en Waslala, y otro Puerto Cabezas. Estos difícilmente dan abasto para los quince departamentos del país, más las dos regiones autónomas especiales, en medio de los altos incrementos de la violencia intrafamiliar en el país.

La violencia de género
en Nicaragua
Estudios oficiales de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, indican que una de cada tres mujeres de Nicaragua, casadas o en unión de hecho, ha sufrido violencia física o sexual en su vida, y la mitad de las mujeres víctimas reportan que su primera experiencia de abuso ocurrió antes de los 15 años de edad.
Con frecuencia esta violencia trae una serie de consecuencias para la salud de las mujeres, afectando también a las niñas y niños del hogar, y si la mujer está embarazada puede ser causa de complicación y muerte de la mujer y su feto.
Las consecuencias más comunes para la salud física de las mujeres maltratadas incluyen heridas, fracturas, moretones y dolor secundario a los golpes. La violencia también afecta la salud mental de las mujeres causando depresión, estados de ansiedad y alcoholismo, entre otras. Otras secuelas importantes son los “trastornos funcionales” que se presentan en muchas mujeres.
Entre éstos están el síndrome del colon irritable; y varios síndromes de dolor crónico que incluyen el dolor pélvico. Los estudios constantemente vinculan esos trastornos con una historia de abuso físico o sexual.

Femicidios se han duplicado
En Nicaragua el estudio reporta que los femicidios han venido creciendo progresivamente a partir de 2003 hasta 2005. En 6 años (2000-2005) los femicidios se han más que duplicado, pasando de 29 en 2000, a 65 en 2005.
A través del monitoreo de los medios de comunicación, en 2008, la Red de Mujeres contra la Violencia, reportó 79 mujeres asesinadas de forma atroz, en el estudio 2009, sin contar las últimas semanas de noviembre y diciembre, la cifra fue de 69 asesinatos.
Según Milú Vargas Escobar, coordinadora del proyecto de Atención Integral, en una reunión iberoamericana, primeramente se conoció de la experiencia de 14 países y actualmente se trabaja en un modelo nacional de atención integral contra la violencia de género.
Sin embargo, esta es únicamente la base, pues un modelo no puede aplicarse de forma íntegra a todos por igual, sino que cada región lo adaptará a su entorno, sosteniendo sus aspectos principales.
“La necesidad de tener elementos comunes es la calidad, para mejorar la atención, el intercambio y apoyo entre los albergues para lo cual se necesita de un equipo multidisciplinario. Su importancia es la protección para las mujeres en situación de violencia. Se pretende que sea un lugar seguro para las mujeres en violencia intrafamiliar”, comentó agregando que algo importante son las normas éticas a lo interno del albergue, la discreción, la relación de empoderamiento de la mujer.
Acercar la justicia
a las mujeres
Yamilet Mejía, responsable de atención y formación del proyecto de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, dijo que los albergues son pocos y se cuentan con recursos humanos, pero que en el caso del proyecto de la cooperación española, lo que tratan es de facilitar el acceso de las mujeres a la justicia.
“Detrás de la cooperación española están los movimientos de mujeres de España, país donde tienen como política pública la atención de los albergues y han retomado la experiencia facilitándola a Nicaragua”, comenta Mejía.
Menciona que si bien es cierto que nuestra costumbre de la violencia, es un problema de ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres, imponiendo su verdad, liderazgo y posición, es que se debe combatir con procesos de formación, información y capacitación a las nuevas generaciones, para cambiar la cultura de violencia.

El proceso
En Jalapa, María Elena Rivera, es coordinadora del centro Vida y Esperanza “Oyanka”, y nos dice que en la zona es alta la cifra de incidencia de violencia intrafamiliar y sexual.
“En el centro atendemos al menos 20 casos diarios, entre nuevos y otros que están en seguimiento. Según los datos de la Policía, Jalapa es el municipio con más alto índice de delitos en violencia intrafamiliar”, dijo.
Indicó que la importancia del albergue es brindar refugio a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, sobre todo en estos últimos casos, mientras el proceso judicial realiza su marcha.
Cuando la usuaria llega a las oficinas centrales, no al albergue, llena un expediente, se habla con ella y se pide qué espera hacer y el siguiente paso es la terapia psicológica y se le acompaña a la policía para interponer la denuncia. Dependiendo de la gravedad del caso y su situación de riesgo o desprotección, la usuaria es albergada.
“Cuando va sola, en este municipio generalmente no se le da importancia a su caso, le dicen que eso es una falta por ser violencia intrafamiliar y regularmente la regresan con el victimario. Por eso, nosotras vamos para asegurarnos que quede la denuncia”, explicó.
“Luego –añadió- vamos al Ministerio de Salud y al examen médico, donde desgraciadamente no hay una política de atención ante estos casos. En el centro a veces dicen que sólo está autorizado por el director o el que está de turno y muchas veces el de turno no está”.
La coordinadora del centro “Oyanka”, señaló que en el municipio prevalece el maltrato físico, el golpe de puño y el fajazo, aunque la mujer sea adulta. En niñas y adolescentes la pauta está en el abuso sexual, violación, acoso y abusos deshonestos. Igual la negativa de la pensión alimenticia es de lo más común.
“En el abuso sexual el 80 por ciento de los casos se denuncian, pero hay otros problemas relacionados al acceso a la justicia. Comenzando con que en Jalapa sólo hay un juzgado local y por eso, en esos casos se debe ir hasta Ocotal en el juzgado de distrito”, relató.
De los casos denunciados, el 40 por ciento son abandonados, principalmente cuando los violadores son los padres o familiares muy cercanos. En muchos casos las madres no están de acuerdo con que su marido esté tras las rejas. Asimismo en otras ocasiones, por la lejanía abandonan el proceso y el violador sale libre porque no hay víctima, ni acusadora, lamentó Rivera y similares problemas se encuentran en Matagalpa, según Silvia Suárez, Directora del albergue Cecilia Tórrez, de Matagalpa.
“Después de Managua, Matagalpa tiene graves problemas con la violencia intrafamiliar. De los 69 casos de femicidios a nivel nacional, nuestro departamento contabiliza 25 de esas muertes”, expresó Suárez, recordando que uno de los principales problemas es la violación, acompañado de violencia física y psicológica.
Shira Miguel Down, Coordinadora del albergue “Nidia White” en Puerto Cabezas, nos menciona que no en todas las zonas del país se asume la violencia intrafamiliar de la misma manera, y en el Caribe Norte tiene que ver con la cultura y tradiciones, lo que hace más difícil el acceso a la justicia.
Señala que dependiendo de su procedencia ética, las mujeres pueden ser más sumisas, mientras otras tienen más carácter y pueden regresar el golpe. Por otra parte, en las comunidades el padre ofendido y el abusador pueden arreglar una violación a través del síndico, con el pago de un cerdo o una cabra.

Estado ausente
Al igual que en otras zonas, en Jalapa no hay Comisaría de la Mujer, y ese trabajo prácticamente lo han asumido los albergues. Tampoco existe una especialización para el tratamiento de este problema por parte de los centros de salud, principalmente los rurales, pues en su mayoría los médicos no están sensibilizados ante la violencia intrafamiliar. Llega una mujer golpeada y no les interesa saber qué le pasó.
Se destaca mucho la solidaridad, pero la solidaridad entre hombres porque también el golpe a la mujer lo ven como algo normal, o de la misma manera igual aplican violencia intrafamiliar en sus hogares, por lo que no les parece relevante.
Sobre el apoyo económico a los albergues el Estado no se hace presente, por lo que las representantes de los albergues demandan que la sostenibilidad de los mismos sea parte de una política pública de Estado, pues hasta este momento son los ONG quienes han sostenido esta responsabilidad, teniendo en cuenta que los albergues no son auto-sostenibles, ni generan algún tipo de ganancias.
“Nosotras más bien tenemos que darle materiales a las autoridades para que el proceso pueda continuar, tenemos que darles papel, combustible para efectuar una captura”, recalcó Rivera.
Por su parte, María Isabel Blanco Páez, del Inprhu, dijo estar convencida que solas no pueden avanzar a procesos más ágiles.
“Sentimos que el peso de la tensión está recayendo en la sociedad civil, Mifamilia con el Programa Amor tiene buenas voluntades y se están realizando coordinaciones. El Estado debe asumir por ser el primer responsable de la seguridad ciudadana y de tratar garantizar por políticas y leyes constitucionales de protección a las víctimas de violación, trata de personas y violencia intrafamiliar”, dijo.
“Debería ver qué necesidades tienen estos albergues a través de un presupuesto, para poder dar una respuesta como país. Para hacer un planteamiento y respuesta integral, enfocando más el trabajo en la prevención”, concluyó.