Nacional

Faltan mega rótulos en Jalapa para corruptos

* Uno de ellos hasta inventó un extenso parque ecológico que nadie ha visto, pero que costó 12 mil dólares, según acusación de la Fiscalía

Leoncio Vanegas

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA
La juez de Audiencias del Juzgado de Distrito del Crimen de Nueva Segovia, Marbelí Blandón, decidió una audiencia especial para el próximo viernes en la que resolverá si da lugar o no al alegato de la defensa sobre la prescripción del “tiempo razonable”, para acusar a dos ex ediles de Jalapa y sus respectivos ex vicealcaldes por el delito de peculado en perjuicio del patrimonio de la municipalidad.
Los citados para esta audiencia, en medio de dispositivos de seguridad policial, son Francisco Omar González Vílchez y José Tomás González Espinoza, ex alcalde y vicealcalde, respectivamente, en el período 2001-2004; y Humberto Pérez Largaespada y Óscar Danilo Montiel Sanabria, ex alcalde y vicealcalde, respectivamente, en el período 2005-2008. Para los primeros, la defensa la lleva Gabriel Díaz, y para los segundos, Evert René Acosta.
La defensa de los ex funcionarios esgrime la falta de “condiciones de procedibilidad”, porque sus clientes siguen amparados en contra de la Contraloría General de la República, instancia que los pegó con “presunción penal” por malversación de fondos de la comuna de Jalapa. La Resolución RIA-663-07, que el ente fiscalizador emitió el 8 de noviembre de 2007, detalla al menos cinco casos de corrupción en la Alcaldía.
También prescripción del tiempo razonable de cinco años para juzgarlos, según la ley, “porque la Contraloría resolvió en (noviembre) 2004, y la acusación la hicieron hasta en diciembre de 2009”, declaró Díaz, abogado defensor de González Vílchez y de González Espinoza, situación por la que se pronunciará la judicial el viernes próximo.

Finca “fantasma” prendió acusación
La Fiscalía Departamental del Ministerio Público radicó en el Juzgado de Distrito del Crimen, acusación penal por el delito de peculado, en contra de los cuatro ex funcionarios municipales de Jalapa, con base al expediente de la CGR.
Dos casos son los emblemáticos que envolvieron en escándalos tanto a la administración edilicia de González Vílchez como a la de Pérez Largaespada, pues ambos figuran como asociados para consumar los supuestos delitos en perjuicio del patrimonio municipal.
La Fiscalía prendió “mecha” por uno de los casos, el de la supuesta compra de una propiedad rústica de 40 manzanas llamada “La Jungla”, que en representación de la Alcaldía habría adquirido González Vílchez para un parque ecológico municipal.
La compra del terreno se realizó al señor José Antonio Galindo Urbina, por un valor de 12 mil dólares, cobró con los cheques 79, 80 y 81 de BDF, que al final fueron cobrados en caja por Pérez Largaespada, después de que el primero se los endosó.
Fuentes de la Fiscalía y de la Policía dijeron a EL NUEVO DIARIO que el supuesto parque ecológico es inexistente, tal como lo dictaminó la Contraloría.

Fue para financiar campaña electoral
Pérez Largaespada, una vez alcalde, hasta llevó a los donantes del Fons Catalá y a algunos periodistas a verificar su existencia. No obstante, críticos dentro de su propio partido político, el FSLN, no le dieron credibilidad, y comentaron que los cooperantes y los periodistas fueron llevados a una finca propiedad del alcalde, y se les hizo creer que estaban en el terreno que habían financiado.
El supuesto terreno fue un “señuelo” que ambos ex funcionarios utilizaron para sustraer los fondos públicos y utilizarlos presuntamente en la financiación de la campaña electoral de Pérez Largaespada, en su candidatura para su segundo período en la municipalidad, tal como lo admitió González Vílchez a los auditores.
Tanto la Fiscalía como la Policía han determinado que la supuesta propiedad vendida a la Alcaldía jalapeña es un terreno que en este momento está en posesión de un tercero, adjudicado por una microfinanciera, la cual lo embargó al ex alcalde Pérez Largaespada por un préstamo que no canceló.

Auditores no la hallaron ni con lupa
Para convencer a los contralores de la legalidad del terreno, el entonces alcalde Pérez Largaespada mandó el 15 de marzo de 2007 un testimonio de escritura pública No. 263 del 24 de noviembre de 2006, inscrito a su nombre en el Registro Público de Nueva Segovia, en calidad de alcalde, y donde figura como vendedor Galindo Urbina.
Como antecedente de la propiedad, el alcalde presentó un título de reforma agraria del 15 de noviembre de 1989, a nombre de una cooperativa “14 de Mayo”, de la que tampoco conocieron su existencia.
Los auditores dijeron en el informe que verificaron que tal documento es inexistente tanto en registro físico como computarizado en la Intendencia de la Propiedad, y de la Dirección de Titulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Además, el Laboratorio de Criminalística de la Policía, a petición de la CGR, efectuó un peritaje en el documento para determinar su autenticidad, y concluyeron que éste “presenta alteraciones en algunas líneas de texto, tanto en el anverso como en el reverso, siendo el método utilizado la enmienda y añadidura”, cita la resolución.
El supuesto bien está en posesión del señor Donald José Vílchez Gahona, con identidad 489-040963-0002T, y con domicilio en Jalapa, adjudicado por la microfinanciera “Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia”, Fundenuse, en la comarca El Sauce.
Fue ésta la razón por la que el Ministerio Público, a través de la fiscal, Melissa del Carmen Mairena Dávila, acusó a los ex funcionarios jalapeños, bajo el supuesto de que se malversó fondos donados al pueblo de Jalapa.