Nacional

No a minería a cielo abierto


Tatiana Rothschuh

RÍO SAN JUAN
Los obispos que integran la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitieron un pronunciamiento, en el cual solicitan al Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-Minae, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
Asimismo, demandan descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica, a la vez que piden se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.
Estiman continuar el precedente marcado por el decreto 30477-Minae, durante el gobierno del doctor Abel Pacheco de la Espriella, “compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año, y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo”.

“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano”
Dan a conocer que lo hacen “apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la y lo declarado por la Constitución Política: Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Refieren que “según lo han demostrado diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en zonas de rica biodiversidad como la nuestra”.

Por una política de paz con la naturaleza
Los máximos guías de la Iglesia Católica costarricense consideran “oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más armoniosa con la naturaleza”.
Los obispos consideran que “no es justo que un proyecto como éste, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones.
El pronunciamiento es firmado por monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de la Arquidiócesis de San José, en su calidad de Presidente; monseñor Ángel Sancasimiro Fernández, Obispo Diocesano de Alajuela; monseñor Guillermo Loría Garita, Obispo Diocesano de San Isidro de El General; vicepresidente; monseñor Oswaldo Brenes Álvarez, Obispo Diocesano de Ciudad Quesada; monseñor Óscar Fernández Guillén, Obispo Diocesano de Puntarenas y Secretario General; monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Obispo Diocesano de Cartago; monseñor Vittorino Girardi Stellin, Obispo Diocesano de Tilarán, y el tesorero, monseñor José Rafael Quirós Quirós, Obispo diocesano de Limón.

Allá hacen lo suyo y país sin políticas de fronteras
Gabriel Aguirre Marín, delegado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, reconoció el fuerte movimiento ambientalista de organizaciones y sociedad civil de Costa Rica contra el proyecto minero de Crucitas, y dijo confiar en la sensatez de la justicia costarricense en cuanto el fallo que deberá emitir la Sala IV Constitucional ante el recurso de amparo.
Expuso que su institución ha estado abocada al cumplimiento del reglamento que regula la navegación en el río. Expresó que además de los cinco puestos de control en el trayecto después de El Castillo, han propuesto la instalación de dos más, uno entre Bartola y Boca de San Carlos y otro cerca de Crucitas.
Hasta el momento, las aguas del caudal no presentan contaminación minera, según estudios realizado por el Centro de Investigaciones y Recursos Acuáticos.

Por una defensa integral del territorio
Para el director de Fundación del Río, Antonio Ruiz, “aún es insuficiente la gestión de una defensa integral del territorio nacional. Seguimos sin contar con una política de frontera, basada en un modelo actualizado para el desarrollo sostenible. Sólo tenemos una política de resguardo y seguridad”.
Según Ruiz, existen fuertes intereses de los grupos de poder político y económico en Costa Rica que han usado el Estado para satisfacer sus ambiciones.
“Estos intereses y ambiciones ponen en riesgo nuestro patrimonio natural y violentaría el marco internacional de la convivencia pacifica y la conservación de la naturaleza”, advirtió Ruiz.
Denunció que los ecosistemas de la región estarían en riesgo, “la calidad de las aguas, el paisaje, la biodiversidad, la conectividad biológica de los corredores, los flujos migratorios que invadirán áreas protegidas, las relaciones transfronterizas, nuestros potenciales naturales”.