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Liberar narcos son acciones “autónomas”

* Doce fueron sacados de las cárceles en cuatro días de diciembre por órdenes de jueces y de tribunales * Semejante situación no inmuta a CSJ, cuyo Presidente asegura que cada juez es independiente, y que ellos sólo sancionan faltas administrativas * ¿Se lavan las manos porque todos las tienen sucias?, se pregunta el Cenidh

Martha Vasquez

Entre el 14 y el 18 de diciembre de 2009, EL NUEVO DIARIO se enteró de la aprobación de 12 narcoliberaciones. De éstas, sólo dos órdenes se emitieron en Managua; la del mexicano José López y la de Wilfredo Barraza y su esposa.
Aunque se supo quiénes aprobaron las órdenes de libertad, nunca hubo sanciones o destituciones de funcionarios judiciales, sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, admitió que hubo anomalías en su emisión.
Una característica común entre los beneficiados es que en su mayoría eran narcos extranjeros y cabecillas de grupos narcos. La otra semejanza es que les otorgaron suspensión de la pena y libertad condicional, aunque no tuvieran arraigo en el país.

Sin sanciones
Las narcoliberaciones siempre se dan, pero casi nunca se habla de sanciones, destituciones, menos de abrir procesos penales contra funcionarios judiciales de altos rangos (jueces y magistrados).
“A lo sumo se sanciona a secretarios, jueces suplentes y trabajadores del Sistema Penitenciario de menor jerarquía”, son las críticas de representantes de organismos de la sociedad civil.
Un ejemplo claro fue en el caso de Chinandega, donde se liberaron, con sentencia falsa, a tres narcos guatemaltecos, y se procesó al alcaide y a la persona a cargo de control de reos de ese mismo Sistema Penitenciario.

Magistrados satisfechos
En cambio, en Managua, los magistrados de la Sala Penal de la CSJ quedaron satisfechos con las explicaciones de la juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Rosario Gaitán, quien otorgó la libertad condicional al mexicano en diciembre pasado, y solamente se requerirá a la judicial, si el Consejo Nacional de la CSJ lo pide, según lo manifestó el magistrado Armengol Cuadra.
“Todos los magistrados quedaron satisfechos con sus explicaciones. Lo que ella aplicó fue una fórmula matemática de los días trabajados y de cárcel, y otorgó un beneficio que la ley permite. Además, el caso está en apelación”, dijo Cuadra.

No importó lo dicho
por Gobernación
En la indagación a la jueza, no importó que esa misma semana la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, afirmara que la juez Gaitán es la judicial que más órdenes de libertad a favor de narcos envía a las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
Contrario al caso de Gaitán, dos jueces suplentes de Rivas --José Adán Castillo y Lindabeth Fariña-- no corrieron con la misma suerte, pues la semana pasada la Corte mandó a cancelar sus nombramientos por defender a narcotraficantes, y esto que no son empleados directos del Poder Judicial, porque les pagan cada vez que hacen de suplentes, según explicó en su momento el magistrado Martínez.

“Difícil de probar”
Cuadra también explicó que en los casos en los que se denuncian anomalías de jueces y de magistrados, es difícil probarlo, porque es la persona afectada o beneficiada quien tiene que dar las pruebas y llevar testigos ante el Ministerio Público, y “nadie lo va a hacer”.
“Nadie va a decir que lo liberaron por motivos pasionales o de cualquier otra índole, por eso, repito, es muy difícil, y nunca se ha procesado a nadie”, reiteró Cuadra.
Para Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “en el Poder Judicial está pasando como en la Policía, que se destituyen o dan bajas deshonrosas a los agentes de menor grado, mientras que a los grandes, como jueces y magistrados, se les perdona y tranquilamente se mandan de retiro con megapensiones”.

Martínez: jueces y tribunales
son independientes
Para el funcionario del Cenidh, esa aplicación de las leyes y normas administrativas debe ser pareja, ¿o es que “los de arriba” saben más información y por eso los tratan con consideración por conveniencia?, cuestionó.
Al referirse al tema de la falta de sanciones y destituciones para jueces y magistrados que se ven involucrados en escándalos de narcoliberaciones, como los recientemente denunciados, el magistrado Martínez dijo que ellos sólo toman medidas administrativas, pues cada juez es independiente en sus acciones y que por eso no caben los recursos.
Martínez añadió que la institución encargada de acusar e investigar es el Ministerio Público. END llamó al fiscal Julio Centeno Gómez, para saber la posición de esa institución respecto al tema, pero éste dijo estar muy ocupado.

A conveniencia
Otra de las prácticas que se presentan en el Poder Judicial y que es causa de inconformidad en los diferentes sindicatos judiciales, es que cuando el Consejo de Administración y Carrera Judicial encuentra méritos para destituir a un judicial por diferentes y consecutivas anomalías, como es el caso del ex juez civil de Tipitapa, Roberto Gómez Rosales, sobrino del magistrado Francisco Rosales, inmediatamente buscan cómo ubicarlo en otra dependencia.
En este caso, la destitución de Gómez Rosales se dio en septiembre de 2009 por practicar juicios bancarios fuera de jurisdicción, y en diciembre del mismo año, los magistrados de la CSJ lo nombraron asesor de la Corte Suprema de Justicia.
“Eso sucede con personas allegadas a ellos. Eso también ha sucedido con los robos en la administración en Juzgados de Managua”, refirió un trabajador.
Para Carrión, de estos escándalos judiciales nunca se sabe toda la verdad, porque aunque haya más gente detrás de todas las narcoliberaciones, sólo se juzga a los de menor rango.

Habla la PGR
La doctora Amy García Curtis, Coordinadora de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de la República, expresó que esos jueces y magistrados que son reincidentes en liberar a narcos, deben ser objeto de acciones de parte de la CSJ.
“Porque estar liberando narcos es ir contra una política de Estado, de garantizar y fortalecer la seguridad ciudadana. Es condenable que estén dando este tipo de resoluciones en delitos transnacionales, como el narcotráfico, que no es delito de barrio”, advirtió la procuradora.