Nacional

Abogada “cancela” con bien del Estado


Ernesto García

Cony Cary Grádiz Arce es la abogada a quien la Fiscalía le imputa cargos por la presunta autoría de los delitos de estafa y estelionato, porque supuestamente trató de pagar una deuda personal con una propiedad estatal.
La acusación de la Fiscalía refiere que Grádiz engañó a Guillermo Heberto Rivera, haciéndole creer que le cancelaba una deuda de cinco mil dólares al entregarle una propiedad rural en San Rafael del Sur.
El referido bien inmueble tiene una extensión de 60 manzanas y está en el lugar conocido como Hato Viejo, jurisdicción de San Rafael del Sur, al este de ese municipio.
Rivera se percató de la estafa cuando intentó inscribir la propiedad a su nombre en el Registro Mercantil de la Propiedad en Managua, donde le fue denegada la inscripción porque la propiedad pertenece al Estado, se señala en la acusación de la Fiscalía.
Para ejecutar el engaño, la abogada entregó una libertad de gravamen a Rivera con el número de boleta 10086, extendida en junio de 2004, pero que ella certificó el 15 de noviembre del año pasado.
En la libertad de gravamen no aparece la historia registral de la propiedad, subrayó la fiscal auxiliar Catalina Hernández, quien ha propuesto el referido documento como prueba para ser presentada en el juicio contra la acusada.

Dos veces engañado
Antes de embaucarlo con la supuesta entrega de la propiedad, Grádiz engañó a Rodríguez, entregándole una carta de venta por una camioneta Toyota, Land Cruiser, 1995, como garantía en caso de no pagar el préstamo de cinco mil dólares.
En la escritura de compra y venta inscrita en el protocolo del abogado Roberto Silva Beltrán, se establece que si Grádiz no cancelaba la deuda en dos meses la camioneta le quedaba en pagó a Rivera.
Cumplido el plazo, Rivera puso a la venta la camioneta frente a su casa, pero en vez de llegarle clientes, quien llegó fue la Policía, indicándole que la misma estaba reportada como robada.
La acusación del Ministerio Público también va enderezada contra el abogado Roberto Silva Beltrán, en calidad de cooperador necesario, porque en su protocolo está inscrita de compra y venta de la camioneta.
La abogada Cony Grádiz dijo vía telefónica que quien le debe a Rivera es su marido Oscar Morales, y no ella.
En declaraciones vía telefónica, la abogada negó haber dado en garantía la camioneta que la Policía le quitó a Rivera cuando éste la tenía a la venta frente a su casa.
“Lo que pasa es que el señor (Rivera) es un usurero que ha manipulado a la Fiscalía”, aseguró Grádiz, agregando que la propiedad ubicada en Hato Grande le pertenece a ella y no al Estado.
Según la abogada que enfrenta cargos por estafa y estelionato, ella compró la referida propiedad a Julio Padilla Parrales, la cual todavía aparece a nombre de éste en Registro de la Propiedad.