Nacional

Periodista tratada peor que narcos y asesinos

* “Es una forma de intimidar para que los comunicadores no transmitan información y llevaremos el caso a la CIDH”, expresaron * “Los tribunales están copados en su mayoría por personas comprometidas con el partido y no con el profesionalismo”, dice Marcos Carmona

Rafael Lara

Organizaciones de derechos humanos consideraron un abuso las férreas restricciones que ni a los narcotraficantes ni a los asesinos les impone el Poder Judicial, pero sí a la periodista María Mercedes Urbina, demandada por injurias y calumnias por investigar irregularidades en Nagarote, municipio del departamento de León.
Creadora del periódico local denominado El Nagaroteño, la periodista María Mercedes Urbina tiene pendiente un proceso judicial por injurias y calumnias, demanda interpuesta por haber publicado un artículo sobre la administración del edil Juan Gabriel Hernández, y señalar a Leopoldo del Carmen Ibarra Blanco, funcionario de la comuna, de recibir 17 mil córdobas mensuales por supuestamente reprimir a los trabajadores de dicha institución.
La doctora Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que el Poder Judicial, a través de la jueza que lleva el caso, está atacando a una periodista por denunciar irregularidades en la gestión de su municipio, mientras acusados por narcotráfico y asesinos se pasean campantemente por las calles y nunca llegan a las cárceles, o si van lo hacen por cortos períodos.
“Hay que respaldar a esta periodista. Lo que vive es una muestra de cómo los hombres y mujeres de prensa están en el ojo del huracán y están objetivizados. Los periodistas deben tener cuidado, porque en el caso de los periódicos independientes, son los que han sacado a luz los hechos más graves en los últimos momentos”, expresó.
La presidenta del Cenidh dijo que se debe confiar en que la presión de los medios de comunicación puede hacer retroceder en situaciones anómalas a los gobiernos.
Aunque la jueza Irene Hernández ha declarado que no tiene ningún interés particular para afectar a Urbina, las restricciones impuestas en su contra son: no salir de Nagarote, no asistir a lugares concurridos, no hablar con ciertas personas líderes de opinión, y debe comparecer ante los juzgados tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes.
Para Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que lleva el caso, ésta es una forma intimidatoria para que la periodista no transmita la información.
Los periodistas son ahora blanco de los ataques y se abren procesos judiciales a través de las municipalidades, cuando al gobierno no le gusta la información que se publica.

Igual pasará con otros periodistas
“Ésta es parte su estrategia a seguir, y ya sabemos que los tribunales están copados en su mayoría por personas comprometidas con el partido y no con el profesionalismo. Consideramos que con las medidas que dio la jueza en contra de la periodista María Mercedes Urbina, se extralimitó. No es posible que por ese caso se obligue a la joven a tener la municipalidad como cárcel, que se le obligue tres veces por semana a presentarse ante las autoridades, que le estén cobrando multa y se ensañen contra ella por denunciar irregularidades en la alcaldía. Igual estoy seguro de que pasará con el caso de Radio Darío, a cuyo propietario se le está demandando de igual forma, y dudamos mucho de que se les garantizará el debido proceso”, remarcó Carmona.
El representante de la CPDH aseguró que en dos oportunidades han ido a visitar a la jueza, y la han llamado telefónicamente infinidad de veces, pero no han podido entrevistarse con ella, pues ha tenido como excusa que está fuera del municipio o que está atendiendo casos.
“Ya que no puede atendernos para informarnos de su situación, enviaremos directamente la queja a la Corte Suprema de Justicia”, expresó Carmona, agregando que en esta semana la CPDH hará otro recorrido por Nagarote.
A su vez, anunció que están preparando un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en que se informará sobre la situación laboral, el acceso a la justicia, la actuación judicial, la actuación del Ministerio Público, y sobre el tema de libertad de prensa y de expresión. El informe será presentado en la segunda semana de noviembre.