Nacional

Nicas en el exterior demandan cargos de elección popular

* Y en el gobierno, por aporte “sin condiciones” vía remesas

Ary Pantoja

Los nicaragüenses en el exterior resienten los efectos de la crisis económica, sobre todo en Estados Unidos, donde la comunidad pinolera ha debido reducir entre un 15 y un 20 por ciento el volumen de remesas que envía mensualmente al país, según Raúl Valdivia, miembro del grupo Pro-Cedulación, en San Francisco, California, quien además señala que la comunidad nicaragüense aporta anualmente entre 700 y 800 millones de dólares en concepto de remesas familiares.
“Es la única ayuda financiera no condicionada que llega libre a Nicaragua”, expresó Valdivia, a la vez que demandó del gobierno mayor atención y apoyo a los nicaragüenses que residen, no sólo en Estados Unidos, sino también en Costa Rica, y en España y en otros países europeos adonde han tenido que emigrar miles de compatriotas por falta de opciones de empleo en su terruño.
Valdivia se encuentra en el país con el fin de reunirse con diferentes autoridades, entre ellas, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, para exponer la situación por la que atraviesan los nicaragüenses en el exterior.
Una de las demandas, expresó, es que aquellos ciudadanos nicaragüenses que han asumido la nacionalidad estadounidense gocen de los mismos derechos civiles que sus compatriotas que viven en Nicaragua, sobre todo lo relativo a la opción a un cargo público o de elección popular, pues actualmente la Constitución Política establece restricciones en ese sentido.

La nueva ley
Economista de profesión, Valdivia emigró a Estados Unidos hace 16 años. Él recibió con optimismo la iniciativa de ley que presentó la semana pasada la diputada Yamilet Bonilla, con el objetivo de proteger a los migrantes nicaragüenses.
La creación de un Consejo Nacional de Atención al Migrante Nicaragüense en el Exterior, Conamine, que “coordine, defina, supervise y fiscalice las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado que están obligadas por la ley a proteger, atender, brindar asistencia y auxilio a los migrantes nicaragüenses y a sus familias en el exterior”.
Según la iniciativa, el Conamine sería una entidad interinstitucional integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio del Trabajo, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Banco Central de Nicaragua, un representante de la Presidencia de la República, uno del Consejo Supremo Electoral y un representante de los organismos de la sociedad civil que trabajan el tema de las migraciones.