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Mujeres denuncian en Cenidh ser perseguidas políticas


Luis Alemán

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Leopoldo Brenes, negó que la Iglesia Católica esté involucrada en la supuesta persecución política denunciada por la Red de Mujeres contra la Violencia, tras una denuncia por delitos conexos en el caso de “Rosita”, interpuesta por la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, organismo de carácter religioso.
“No tenemos nada contra ellas”, dijo Brenes, quien reafirmó ser respetuoso de las creencias de cada persona. “Para mí las personas se merecen el respeto, no podemos estar de acuerdo con algunas ideas, pero nuestra postura es el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte”, dijo Brenes.
Mientras tanto, ocho de las nueve mujeres denunciadas por la Anpdh por diversos delitos en el caso “Rosita”, reiteraron que la “persecución política” desatada por el gobierno de Daniel Ortega “es un acto de revancha y pase de cuentas” contra el Movimiento de Mujeres, y tiene la “intencionalidad de descabezar y desmovilizar al Movimiento de Mujeres de Nicaragua que ha denunciado, acompañado y movilizado a la sociedad en la defensa de los derechos de las mujeres”.
Las mujeres se presentaron ayer tarde en el Cenidh, donde pidieron el acompañamiento del organismo defensor de los derechos humanos, a la par que mostraron su temor al encarcelamiento, luego que el Ministerio Público envió citas a cada una de ellas para que acudieran a rendir su declaración sobre el tema.

Cenidh preocupado
Bayardo Izabá, Director Ejecutivo del Cenidh, también mostró su preocupación por el encarcelamiento de las mujeres, asegurando que el gobierno pretende sentar precedentes contra organismos de la sociedad civil que le enfrenten. “Tenemos que privilegiar la libertad de todas, no queremos que ninguna sea detenida por autoridad alguna”, dijo.
En un documento que entregaron al Cenidh, las mujeres denunciadas responsabilizaron al gobierno y a la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos de “cualquier acto que atente contra nuestra integridad física, psíquica o moral”, y advirtieron que harán uso de los mecanismo del Sistema Interamericano y Mundial de Protección de los Derechos Humanos.
Según las mujeres, la denuncia en su contra no tiene asidero legal, y recordaron que en 2003, la misma Fiscalía General de la República cerró el caso, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una resolución que confirmó que todo lo actuado por la Red estaba dentro del marco de la Ley.