Nacional

Se declaran perseguidas por “pareja presidencial”

* Aseguran que tratan de desmantelar organizaciones civiles, mientras dan respaldo a estructura ilegal como son los CPC

Luis Alemán

Como perseguidas políticas se autocalificaron las nueve féminas pertenecientes a la Red de Mujeres contra la Violencia, denunciadas por la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos de ser encubridoras del delito de violación, autoras de los delitos contra la Administración de Justicia, Asociación e Instigación para Delinquir y de la Apología del Delito de Aborto, delitos conexos al caso de “Rosita”, a quien se le practicó un aborto terapéutico para suspender un embarazo producto de la violación cometida por su padrastro, Francisco Leonardo Fletes Reyes, en 2003.
Las mujeres denunciadas, con el respaldo de un nutrido grupo de organizaciones feministas, sin dar argumentos jurídicos rechazaron la denuncia mientras lanzaban una serie de señalamientos políticos en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega, y de su esposa Rosario Murillo, a quienes acusaron de ser los autores del “plan para destruir al movimiento de mujeres”.
Pero, además, las mujeres dirigieron sus ataques contra los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), en tanto la intención, según dijeron, “es desmantelar las organizaciones civiles mientras (el gobierno) da todo el respaldo a una estructura ilegal e ilegítima (los CPC).
La Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos introdujo el 31 de octubre ante el Ministerio Público, una denuncia en contra de María Luisa Molina Argüello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón Gadea, Martha Munguía Alvarado y Lorna Norori Gutiérrez, por delitos conexos al caso de “Rosita”.
La contestación de las demandadas fue culpar de ello a la “pareja presidencial” por tomar “una medida terrorista para desatar el miedo en la sociedad”, pero, además, la emprendieron contra la ministra de la Familia, Niñez y Adolescencia, Rosa Adilia Vizcaya Briones, al señalar que la denuncia “estaba siendo preparada en el seno del Ministerio de la Familia”.
Sofía Montenegro, que sirvió de vocera de las nueve mujeres denunciadas, aseguró que el ataque de Ortega y su esposa está dirigido contra el Movimiento de Mujeres por ser el más beligerante, denunciante y activo, “que no ha tenido pelos en la lengua para advertir que lo que se viene (en el país) es una dictadura”, pero también, señaló que todo se debe “al traido histórico”, contra el movimiento de mujeres porque respaldó la denuncia de Zoilamérica Narváez, “Estaban esperando desde el 98 llegar al poder para pasarle la cuenta a las mujeres”, dijo Montenegro.

Sin fundamento
Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aseguró a través de Bayardo Izabá, que a la denuncia de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos “no le vemos ningún fundamento jurídico” para alegar que se ha incurrido en los delitos señalados.

La denuncia
Roberto José Petray, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, en su denuncia, asegura que las nueve mujeres de la Red contra la Violencia practicaron el aborto de forma ilegal y al margen del dictamen médico-científico-técnico del Ministerio de Salud, en una clínica clandestina, facilitando para la consumación del hecho todos los medios materiales e intelectuales necesarios para el crimen.
También son encubridoras del delito de violación, al destruir y desaparecer los restos mortales del niño abortado que contenían en su sangre el ADN para identificar a su progenitor. “La situación se agrava por la mayor ilustración y educación profesional que gozan las denunciadas, lo cual les permitía saber que la prueba de ADN era la única vía para establecer la responsabilidad criminal del violador”, señalan.

Fiscalía niega interés político
La oficina de Relaciones Públicas del Ministerio Público negó que la institución tenga interés político de acusar a nadie. Desde esa dependencia confirmaron la recepción de la denuncia que presentó el pasado 30 de octubre el señor Roberto José Petray, en representación de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, pero negó que “haya interés político en el caso”.