Nacional

Fiscalía va tras red de Mujeres contra la Violencia

* Sofía Montenegro devuelve acusación a pareja presidencial * Fiscalía ya había avalado la actuación de la Red en el 2003 * Titular de Mifamilia se lanza contra la mamá de la niña

El Movimiento Amplio de Mujeres acusó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, de estar detrás de la denuncia que una “asociación nacional pro derechos humanos” formuló contra un grupo de mujeres de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaladas por encubrimiento de la violación a “Rosita”, apología del delito de aborto y otros delitos, mientras el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, delegó a la Fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido, para que atienda la denuncia del organismo de derechos humanos.
Pero también un equipo de abogados del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, estudia la posibilidad de acusar a la mamá de “Rosita” por considerar que ésta tenía conocimiento de que su hija era víctima de violación por parte de Francisco Fletes Sánchez.
La ANPDH interpuso denuncia contra María Luisa Molina Argüello, Juanita Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizzarro, Martha María Blandón Gadea y Lorena Norori Gutiérrez, por existir presunciones de su participación como encubridoras del delito de violación y autoras de los delitos contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología del delito aborto.
Venganza política
Para Sofía Montenegro, del Movimiento Amplio de Mujeres, se trata de “un caso de persecución y venganza política de la pareja presidencial”. A juicio de la lideresa feminista, la citada pareja está pasando la factura por “el apoyo histórico que desde el año 98 hizo la Red de Mujeres a la denuncia de Zoila América Narváez”.
“Somos nosotras las que acusamos de abusar al Presidente de la República y por complicidad a doña Rosario Murillo”, dijo Montenegro, quien recordó que nadie puede hablar “cuando se ha mandado a matar y morir (a la mujer) a partir de la prohibición del aborto terapéutico sin escrúpulos ni moral”.
La denuncia indica que la violación a Rosita, ocurrida presuntamente en Costa Rica, nunca fue investigada en Nicaragua, pese a una denuncia de Anprovida y otros grupos que ofrecieron alternativas legales y médicas para ayudarle en su primer mes de embarazo. Las mujeres de la Red se convirtieron en cómplices y encubridoras del delito de violación para mantener y defender sus fines pro aborto, señala la denuncia.
La denunciante asociación de derechos humanos expresó su confianza en que el Ministerio Público ejercerá debidamente la acción penal en esta ocasión y con esta nueva denuncia, esperando que la institución haya superado los obstáculos que le impidieron cumplir con su deber desde 2003, y que ahora con nuevos hechos, se vuelve a poner a prueba la imparcialidad.
Abusadores políticos
Para Montenegro, “si hay a quien acusar no es a la Red de Mujeres ni a las luchadoras por la defensa de las mujeres, sino a la pareja presidencial por ser abusadores sexuales y abusadores políticos del pueblo nicaragüense”.
En 2003, después de realizar una investigación por denuncia de una ciudadana por el aborto practicado a Rosita, la Fiscalía determinó que no hubo delito, porque se le practicó un aborto terapéutico, respaldado por las leyes, para salvar la vida de la niña, que estaba en riesgo.
En esa oportunidad, la Fiscalía determinó que la menor fue sometida a una valoración científico técnica en el Hospital “Fernando Vélez Paiz”, donde el Ministerio de Salud, designó una comisión médica, que concluyó que continuar el embarazo implicaba un riesgo para Rosita, lo mismo que si se daba una interrupción.
Ante tal disyuntiva, la comisión de especialistas recomendó que fueran los padres los que tomaran una decisión dado el riesgo, quienes optaron por el aborto terapéutico, y recibieron el respaldo inmediato de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Esta semana, un tribunal de jurados declaró culpable del delito de violación a Francisco Leonardo Fletes Sánchez, padrastro de Rosita, para quien la Fiscalía ha pedido una condena de 30 años de prisión, señalando como agravante el hecho de que víctima dependía del victimario.
Ministra contra mamá de Rosita
El Ministerio de la Familia estudia la posibilidad de llevar a los tribunales a María Esquivel, la mamá de “Rosita”, por considerar que ésta tenía conocimiento de que su hija era víctima de violación por parte de Francisco Fletes Sánchez, recientemente condenado a 30 años de prisión por un tribunal de jurados en la ciudad de Masaya.
La ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya Briones, declaró que en el caso de la mamá de Rosita, “se debió haber ampliado la investigación hacia su madre”, en tanto existían muchos elementos “que nos hacen llegar a indicios de que tenía conocimiento (de la violación) y que optó por callarse”.
Vizcaya lamentó que la legislación nacional no establezca penas mayores a los 30 años, “no se puede aplicar más”, afirmó, tras comentar la condena aplicada a Fletes Sánchez, el hombre que resultó ser el verdadero violador de la entonces niña de nueve años en Costa Rica y que luego siguió violándola cuando regresaron a Nicaragua hasta hacerla parir un niño que actualmente tiene dos años.
“Creo que en casos en que hay elementos que nos hacen presumir que las madres pudieran estar siendo cooperadores por omisión o por acción de estos hechos contra sus hijos, éstas también deben ser procesadas”, dijo Vizcaya Briones, quien explicó que un equipo de abogados del Ministerio de la Familia está estudiando el caso de la mamá de Rosita para establecer si se puede acusar por cooperador necesario.
Lanza su “pringuita” a la red
La ministra puso como ejemplo el caso de dos hermanas menores de edad originarias de Chinandega y que fueron sometidas sexualmente por un Pastor evangélico, mientras familiares maternos callaron u obligaron a las menores a que no denunciaran el caso. “A veces las madres son cooperadoras necesarias para que el hecho culmine con actos delictivos contra los niños”, aseguró la ministra Vizcaya.
Pero también se refirió a la posibilidad de que la Red de Mujeres Contra la Violencia haya manipulado el caso de la menor Rosita. “Pudiera ser que hubo manipulación”, dijo Vizcaya, quien prefirió no comentar sobre la campaña que la Red de Mujeres Contra la Violencia impulsó en contra del costarricense Alex Barquero Cascante, a quien señalaron en 2003 como el violador de Rosita, pero que al final se confirmó que éste era inocente de todo lo que se le acusó.
“Eso es una responsabilidad de la Red, ellas sabrán lo que hicieron y si actuaron de manera irregular, para eso están las leyes para que se termine la actuación”, afirmó la titular de MiFamilia.