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Fiscal sobre Solórzano: “Y todavía falta más”

*** “Ni que recurra de amparo, porque seguiremos investigando”, advierte fiscal Centeno

El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que la acusación que esta semana interpuso el Ministerio Público contra el ex ministro de Transporte, Pedro Solórzano, es apenas una de al menos siete investigaciones basadas en resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR), donde se le determinan presunciones de responsabilidad penal al ex funcionario.
Según Centeno, las acciones de investigaciones y posteriores acusaciones en los juzgados seguirán bajo el accionar del Ministerio Público, independientemente de que Solórzano recurra de amparo ante los Tribunales de Justicia.
“El amparo no detiene las acciones del Ministerio Público, ya lo hemos demostrado con casos serios”, dijo al respecto Centeno, quien precisó que a la acusación contra Solórzano podrían seguir otras.
“Hay muchas acciones que se están dando, hay como 10 mil casos que ve el Ministerio Público, y casos como estos de farándula, que le dicen ustedes, son varios, pero vamos a ir poco a poco, con mucho cuidado”, dijo Centeno.
Según el fiscal, las investigaciones contra Solórzano “son en base a resoluciones de la CGR que llegaron en presunciones de responsabilidad penal”.
“Nosotros guardamos mucha objetividad y mucha legalidad, por eso llevamos más de un año llevando los casos de él (Solórzano), estamos estudiando la carretera Ticuantepe-Granada, la de El Guasaule y otras dos que no recuerdo, pero que son objeto de análisis profundos, no queremos exponernos a errores”, expresó Centeno.
A Solórzano y otros ex funcionarios del Ministerio de Transporte, los acusó esta semana la fiscal Georgina Murillo por los delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio al Estado.
Según la Fiscalía, el perjuicio causado al país por Solórzano y ex funcionarios del gobierno del ex presidente Enrique Bolaños fue de 911,210 córdobas. La acusación precisa que los ex funcionarios públicos hicieron mal uso del dinero del Estado al utilizarlo para asuntos ajenos a las funciones de ese ministerio.