Nacional

Alto mando respaldó Operación Esquipulas

*** “Todo fue dentro del marco de la ley”, dice escuetamente el jefe del Ejército de Nicaragua *** Altos militares del IPSM participaron en acciones que llevaron al despojo de una finca que pertenecía a nueve ancianos campesinos

El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens Acevedo, defendió ayer la actuación del Instituto de Previsión Social Militar en la llamada “Operación Esquipulas”, por medio del cual sociedades y empresas vinculadas a las fuerzas armadas terminaron adquiriendo de manera irregular una finca que pertenecía desde 1947 a una familia de campesinos.
El caso, denunciado ampliamente en investigaciones periodísticas de EL NUEVO DIARIO, señala que al amparo del citado instituto se crearon varias sociedades comerciales que terminaron adquiriendo de manera irregular la finca de 31 manzanas de la familia Urbina Rivas, cuyos miembros fueron desalojados de sus tierras por medio de la fuerza policial.
Posteriormente, trabajadores y maquinarias de empresas donde el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) tiene acciones, incursionaron en la finca y tras destruir casas, siembras, pozos y árboles, prepararon el terreno para la construcción de la urbanización Desarrollos Monte Verde Sociedad Anónima, donde el brazo financiero del Ejército reconoce poseer acciones.
Acciones están en orden
Ayer se le preguntó al general Halleslevens si el alto mando del cuerpo castrense había tomado nota de la denuncia y si había ordenado una investigación al respecto, sobre todo por la participación de altos militares en sociedades que se valieron de métodos pocos transparentes para quedarse con las tierras de los campesinos.
“Sí, nosotros conocemos a fondo la situación que se mencionaba en el periódico que usted señala”, dijo inicialmente y de forma escueta el jefe militar.
Se le insistió sobre si la actuación del IPSM fue correcta y, un poco incómodo, el general respondió: “La conocemos a fondo la situación, y todo el actuar donde tiene que ver algo el Ejército está en el marco de la ley, y está en la formalidad, está respetando las cuestiones éticas”.
“Tenga la plena seguridad que todo eso está en orden, el porcentaje que tiene el IPSM en esas sociedades está bien…”, dijo el alto jefe militar, para inmediatamente después responder otras preguntas de los periodistas.
¿Y la investigación anunciada?
Dos semanas antes de las declaraciones del general, el inspector General del Ejército, mayor general Ramón Calderón Vindell, aseguró que el IPSM, estaba trabajando en función de esclarecer las irregularidades reveladas en el caso.
En ese entonces, 9 de noviembre, el alto oficial militar también afirmó que el IPSM estaría dispuesto a rendir cuentas a cualquier entidad fiscalizadora del Estado, como la Contraloría, sobre los procedimientos aplicados en sus actividades económicas y mercantiles.
Según la investigación periodística, la propiedad de los hermanos Urbina Rivas, ubicada en la comarca de Esquipulas, en Carretera a Masaya, en una zona de alto valor comercial, fue vendida en 1.9 millones de dólares por una inexistente cooperativa “Manuel Federico Castillo” a Reinaldo Antonio Fernández Téfel, quien de inmediato la cedió a Inversiones Guardabarranco.
La venta de la cooperativa, la cual fue organizada en tiempo récord con el apoyo de manos poderosas, se dio a pesar de que la propiedad de los ancianos nunca fue confiscada.
En Inversiones Guardabarranco figuran como accionistas familiares del general en retiro y hasta hace pocos meses director del IPSM, Adolfo Chamorro Téfel. En esta sociedad, además, el IPSM posee el 20 por ciento de las acciones.
Más presencia militar
Posteriormente, esta sociedad cedió inmediatamente la propiedad a otra sociedad, Desarrollos Monte Verde Sociedad Anónima, donde el IPSM es dueño del 20 por ciento de las acciones.
Una vez en manos de terceros dueños, el teniente coronel Félix Palacios Bragg, director jurídico del citado instituto encargado de administrar los fondos de pensiones para el retiro de los militares, elaboró una serie de contratos de construcción, administración, comercialización y supervisión del proyecto urbanístico Residencial Vista Verde, en las tierras de los ancianos Urbina Rivas.
En los contratos figuran empresas donde el IPSM tiene acciones como socios o co-dueños: las obras de movimiento de tierras fueron ejecutadas por Obras de Ingeniería, las labores de vigilancia fueron adjudicadas a la empresa Ultra de Nicaragua, la comercialización de las casas del proyecto fue adjudicada a Inmuebles de Nicaragua y la supervisión de la construcción de Desarrollos Monte Verde.
En todas esas acciones el IPSM, brazo financiero por la ley del Ejército de Nicaragua, tiene acciones comerciales. Aunque los afectados pelearon la propiedad por la vía judicial, el caso fue fallado a favor de las sociedades ligadas al citado instituto.