Nacional

CGR les acepta el “contratazo”

*** Auditores dicen que no fueron indemnizaciones ilegales, sino liquidaciones de contratos suspendidos “por justa causa” *** Esos contratos que no se estilan entre empleados públicos, sólo con asesores, fueron elaborados cuando sabían “que iban de viaje” *** Aun así, semejante patraña no cubre a Víctor Guerrero, nombrado por la Asamblea, pero CGR no resuelve porque “está amparado”

Luis Galeano

Los contralores colegiados no impondrán ningún tipo de responsabilidad a las autoridades de la extinta Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que aprobaron el pago de jugosas indemnizaciones a 80 trabajadores de esa entidad y que sumaron 8.7 millones de córdobas, pues todo fue legal, según la conclusión a la que llegaron los auditores el ente fiscalizador.
El caso podría fallarse hoy, pues se encuentra listo, y aunque no forma parte de la agenda de temas que discutirán los colegiados, podría abordarse como “puntos varios”, según confirmó el contralor Guillermo Argüello Poessy.
“(El caso) no está incluido en la agenda, pero podría abordarse porque efectivamente ya existe un informe final en el que se señala que no se pueden establecer responsabilidades porque todo se hizo de acuerdo a las leyes”, dijo Argüello Poessy.
Fue “liquidación”, no indemnización
Los auditores señalan en este caso que “lo pagado a los trabajadores de la Sisep no fue en concepto de indemnización, sino de liquidación, al cancelarse el contrato laboral que firmaron antes de tiempo”. Lo que no dicen es que estos contratos por tiempo indeterminado, fueron elaborados cuando sabían “que iban de viaje”.
Agregan que en ese contrato que fue negociado y firmado con autoridades del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Telecomunicaciones y Correos (Telcor) de la Administración de Enrique Bolaños, contiene cláusulas que establecen claramente el pago de las liquidaciones si el contrato se suspende o cancela por causa injusta. Esto no se estila para los empleados públicos, es propio de los asesores.
“En caso de rescindir el empleador sin justa causa el contrato antes de la fecha del vencimiento, se obliga a pagar el resto de tiempo por el cual se firmó dicho convenio”, señala la cláusula citada por los auditores. ¿Qué causal más justa que la ley que los suspendía?
Un Acta de Acuerdos fechada el 30 de noviembre de 2005 en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, revela que el pago fue aprobado en una reunión en la que participaron el entonces director General de Contabilidad Gubernamental del MHCP; la directora General de Relaciones Laborales del (Mitrab), Lydia Chamorro Zamora, por el inspector departamental del Trabajo de Telecomunicaciones, Eduardo Meniccucci, y por el director Administrativo Financiero de Telcor, Juan Ramón Navarro.
Fue un invento costoso
La Sisep fue un invento de las bancadas liberal y sandinista en 2005, para golpear políticamente al entonces presidente Enrique Bolaños, y restarle control sobre las instancias reguladoras de los servicios básicos.
Esta institución existió sólo por cuatro meses, pero nunca operó formalmente. Cuando las aguas políticas se calmaron con la aparición de la denominada Ley Marco, esta institución fue “congelada”. Negociaciones realizadas entre autoridades de Gobierno y la Sisep, lograron que en lugar de pagar un año como establecía el contrato, se pagara a los trabajadores sólo seis meses.
Fue así como se acordó el desembolso de 8.7 millones de córdobas para pagar “liquidaciones” a los ex empleados de la entidad. El dinero salió de las arcas de Telcor.

El principal beneficiado
El principal beneficiado fue Víctor Guerrero, con una indemnización de 360 mil córdobas en su cargo de superintendente, para luego asumir otra vez su curul en la Asamblea Nacional.
Otro caso emblemático fue el del reverendo Miguel Ángel Casco, contratado por un período de seis meses como “asesor social” de la Sisep el 18 de octubre de 2005, con un salario de 34 mil córdobas mensuales, es decir, un día antes de que la Asamblea aprobara la Ley Marco y suspendiera la vida de la institución, y a pesar de haber laborado apenas 24 horas, fue indemnizado con 170 mil córdobas.
Los auditores de la Contraloría señalaron que en el caso de Guerrero no se pronuncian debido a que éste fue amparado por el Tribunal de Apelaciones de Managua, que mandó a suspender la auditoría en su caso particular.
Argüello Poessy: “Fue una ley la que obligó suspender contrato”
El contralor Argüello Poessy dijo que viendo el informe final del caso, “habría que analizar si no fue una causa justa la que obligó la cancelación del contrato, porque se aprobó una ley que mandó a suspender o congelar la actuación de la Sisep”.
Agregó que en el caso de Guerrero “las cosas son distintas”, porque él era prácticamente el empleador nombrado por la Asamblea Nacional, no contratado como el resto de funcionarios que estuvieron “laborando” en la Sisep.
“Pero bueno, su caso no fue analizado por los auditores porque hay un amparo a su favor, y, mientras no se resuelva, pues estará pendiente de saber qué pasará con él”, dijo el contralor.