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“Sanciones estipuladas y sólo hay que aplicar ley”


Las sanciones existen, y lo que se requiere es aplicarlas con el rigor correspondiente, señalo la licenciada Ana Montano, encargada de asuntos judiciales del Centro Humboldt, respecto al derrame de cinco mil litros de petróleo del oleoducto Standard Oil en el plantel Piedras Blancas, propiedad de Petronic.
De acuerdo con Montano, tanto en la vía administrativa como en la judicial, es competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) encargarse de este derrame para, en primer lugar, determinar el impacto ambiental, el resarcimiento de daños y las sanciones que en la vía administrativa le corresponden, y después, junto a la Fiscalía y Procuraduría, dar seguimiento al caso en la vía judicial.
“Este tipo de casos no ameritan una demanda interpuesta, sino que se puede tomar de oficio, es decir, que a partir de la denuncia en los medios de comunicación, las instituciones a cargo deben comenzar a poner a trabajar sus mecanismos para sancionar a los dueños del petróleo que se derramo”, comento Montano.
Multas y prisión
La Ley de Delitos contra el Medio Ambiente (Ley 559) en sus artículos seis y once establece sanciones que oscilan entre los seis meses y cinco años de prisión para las personas naturales o jurídicas que propicien estas acciones, así como multas entre los mil y 50 mil dólares.
Pero estas sanciones pueden incrementarse si se determina que hay efectos sobre cuerpos de agua, manglares, bosques y territorios aledaños a asentamientos humanos.
“La Ley es clara en cuanto a las sanciones, lo que se tiene que determinar es cuánta beligerancia habrá en este caso, pues tenemos experiencia en otros casos de derrame como el de Puerto Sandino, ocurrido el año pasado, que no ha prosperado pese al daño que ocasionó”, enfatizó Montano
Todo un año sin avances
A un año del derrame en Puerto Sandino, que afectó el manglar cercano a la comunidad El Cobano, continúa sin determinarse la culpabilidad y sanciones, pues la jueza que llevaba el caso fue recusada por supuestos intereses personales en el caso.
“Lo último que supimos de ese caso es que ahora un juez se hará cargo, pero no sabemos cuándo, en la actualidad desconocemos si la Procuraduría o la Fiscalía ambiental han insistido en el caso para que de una vez se den avances”, concluyó.