Nacional

“Estoy amparado ante la CSJ”

* Atribuye su desgracia política a una trama fraguada por el diputado Castellanos y por el contralor Luis Ángel Montenegro, ambos de su mismo partido FSLN * Una vez más convocó a los CPC para que le demuestren solidaridad

Leoncio Vanegas

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA
El alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, dijo ayer en Radio Segovia, que la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) dada a conocer el jueves por el contralor Guillermo Argüello Poessy, es inválida, ateniéndose a un recurso de amparo ante el cual los fiscalizadores tienen 10 días para personarse ante la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir del 31 de octubre.
El alcalde sandinista reiteró varias veces que la resolución de la CGR, que le señala presunción penal por perjuicio al patrimonio municipal, junto al ex alcalde Francisco Omar González Vílchez y sus respectivos vicealcaldes, por la desaparición de fondos de la comuna, es una trama política que desde hace tiempo le ha fraguado el diputado de su partido, César Castellanos, intención que también la adjudica al contralor Luis Ángel Montenegro.
Manifestó que en tres ocasiones, el Concejo había solicitado a la CGR que entregara los resultados de la auditoría especial realizada a la administración de su antecesor González Vílchez, también del FSLN. “La Contraloría no ha tenido ni la amabilidad de contestarnos”, se quejó, agregando que también el Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de su municipio ha solicitado dicha resolución.
El fallo del ente fiscalizador del Estado hace mención de los 446 mil 216 córdobas que el organismo Apdel Danida entregó a la alcaldía, en la gestión de González Vílchez, para la construcción de una terminal de transporte público en la ciudad de Jalapa, la cual nunca se realizó.
Ese fondo, como lo informó públicamente el propio Pérez Largaespada, cuando asumió el gobierno local, le fue entregado a él por su antecesor, como una forma de “soborno”, la cual luego devolvió a las arcas de la comuna. Sin embargo, la CGR dictaminó que ese fondo, ya en poder de la nueva Administración, fue utilizado para otros fines sin la autorización de sus donantes.
El otro caso que inscribe la resolución, es la aparente compra que realizó el entonces alcalde (Vílchez) de una finca de 40 manzanas en la zona selvática La Jungla a José Galindo Urbina, por el precio de 12 mil dólares, aportados por un organismo español. No obstante, dos cheques: uno de 9 mil dólares y otro de mil, extendidos al supuesto vendedor, fueron también cobrados en fechas distintas por Pérez Largaespada.
Los auditores de la CGR no lograron ubicar la propiedad rural, la que también, de acuerdo con algunas referencias, colinda con una finca que el actual alcalde tiene en el mismo lugar. Tanto una escritura privada extendida por Galindo como un título de reforma agraria son de dudosa legalidad, se afirma en documentos que elaboraron los auditores.