Nacional

Esperan informe de Policía sobre atrocidad en El Rama


Luis Alemán

La Policía Nacional aún no ha dado a conocer los resultados de las investigaciones que una comisión encabezada por el comisionado general Juan Báez, Inspector General, realizó en el municipio de El Rama, tras las denuncias de desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense sobre la vinculación de jefes policiales en conflictos de propiedad, y hasta en la muerte de un joven, hijo de uno de los demandantes de tierras, mientras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos urgió los resultados “por la buena salud de la institución policial”.
Gonzalo Carrión, Director de Defensa del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, pidió al Ministerio Público una “investigación autónoma”, sobre los hechos denunciados por los desmovilizados de El Rama, en tanto “quien investiga es la institución involucrada en los hechos”, aseguró.
A inicios de octubre, una delegación de desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense denunció que agentes policiales llamados por el productor Julio Cerna Martínez, antiguo dueño de la finca El Espejo, ahora en manos de los desmovilizados, desalojaron a los ocupantes en una acción registrada en horas de la noche.
Los denunciantes aseguraron que los agentes del orden llegaron a la comunidad en bestias que fueron facilitadas por el productor Cerna Martínez.
Se parcializan
Pero, además, desmovilizados de la ex Resistencia de El Rama, denunciaron que la Policía se parcializa cuando se trata de atender denuncias de los finqueros, lo que no ocurre cuando los desmovilizados denuncian acciones criminales ejecutadas por los finqueros o por matones pagados por éstos.
“No nos atienden, y además cuando uno no sabe es como que no ve”, aseguró doña Catalina Rivera, dirigente de los desmovilizados de la ex Resistencia en La Patriota. “Cuando la Ley y el orden no son sentidos por la ciudadanía, eso es una característica de la impunidad”, advirtió Carrión, para quien la impunidad no puede ser permitida “aun en un contexto donde la gente se mata cuando están de por medio problemas de propiedad”.
La Policía tiene pendiente el esclarecimiento de la muerte del joven Guillermo Laguna Aguilar, de 22 años, ocurrida en enero de 2006 en la comarca La Patriota, en el municipio de Muelle de los Bueyes, en circunstancias no muy claras.
Los familiares de la víctima atribuyen el crimen a los problemas de la propiedad en la zona, en tanto Laguna era hijo de uno de los demandantes de la finca El Espejo, y los policías que dieron muerte al muchacho, pernoctaron en la casa hacienda que aún mantiene ocupada el productor Julio Cerna Martínez, quien reclama la propiedad.
Para Carrión, hay mayor énfasis en la transparencia de las investigaciones “cuando la vida se ha perdido en un contexto de intervención policial. Todavía debe haber mayor rigor en la investigación, porque quien investiga es la institución involucrada en la muerte”.
Laguna Aguilar murió abatido a balazos disparados supuestamente por agentes policiales vestidos con uniformes de las tropas especiales, y encapuchados, cuando intentaron detenerlo.
Un informe preliminar de la Policía indica que la víctima se enfrentó a los agentes y era jefe de una banda de abigeos. Hasta un arma apareció junto al cadáver del joven, mientras la Policía se apresuró a decir que el arma la portaba un agente y que el fallecido se la había arrebatado.
Homicidio, pero sin acusados
En la muerte de Laguna Aguilar no hay nadie acusado, y según la Fiscalía del municipio de El Rama, el caso estaba cerrado y ninguna persona se había presentado a denunciar. La dirigente de los desmovilizados en La Patriota desmintió a la Fiscalía, y aseguró que los familiares del fallecido tenían años de buscar justicia, “pero como son pobrecitos nadie les pone atención”.
Los cuestionamientos a la Policía también fueron hechos por desmovilizados de la ex Resistencia en la comarca El Pavón, donde en mayo pasado, un hombre armado con escopeta disparó contra José Isidro López Rodríguez, sin lograr matarlo. El hombre, antes de hacer los disparos, afirmó que su patrón, Genaro Zeledón, lo había mandado a matar. Zeledón reclama la finca que ocupa un grupo de desmovilizados, entre los que se encuentra López Rodríguez.
Los demandantes de tierra también exigen explicación de la Policía por la presunta participación de un subcomisionado en los litigios de propiedad, y de familiares de jefes policiales que actúan como abogados de los finqueros, lo que para los desmovilizados, representa un “tráfico de influencias”.
El comisionado mayor, Alonso Sevilla, Director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, confirmó que existe un informe preliminar sobre los hechos de El Rama, “pero hacen falta algunas diligencias para tener el conclusivo”.