Nacional

Ni venta ni confiscación

IV ENTREGA *** “Nunca di fe”, dice abogado señalado como notario de la supuesta venta a los Somoza *** Una oscura declaración jurada, protocolos quemados en la guerra, inscripciones de títulos y cooperativa 20 años después *** El supuesto vendedor a los Somoza no sabía leer ni escribir cuando presuntamente cedió propiedad, y los antimotines suplieron los capítulos del Código Civil que se inventaron.

Luis Galeano

Reynaldo Fernández Téfel y las sociedades ligadas al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) compraron la propiedad de más de 31 manzanas a la cooperativa “Manuel Federico Castillo”, con base en un título de reforma agraria extendido sobre tierras supuestamente confiscadas a la familia Somoza.
Sin embargo, no existe ninguna escritura de venta de los Urbina Rivas a los Somoza, ni por supuesto ninguna confiscación. Fernández Téfel y el director jurídico del IPSM, teniente coronel Félix Palacios Bragg, afirmaron que la finca había llegado a la cooperativa que luego se las vendió, vía confiscación
Fernández Téfel es socio de Desarrollo Monte Verde (Demovesa) que adquirió la propiedad por medio de Inversiones Guardabarranco, después de un proceso plagado de irregularidades legales.
El IPSM, brazo financiero del Ejército de Nicaragua, posee el 20 por ciento de las acciones en Guardabarranco y Demovesa, según confirmaron Palacios Bragg y Fernández Téfel. En el IPSM hasta hace unos meses era director ejecutivo el general Adolfo Chamorro Téfel, tío de Reynaldo Fernández Téfel.
La propiedad en litigio serviría para llevar a cabo un millonario proyecto urbanístico de 814 casas llamado Residencial Vista Verde, el cual sería ejecutado por Obrinsa e Innicsa, dos entidades también ligadas al IPSM.
Como los tres mosqueteros: 20 años después
“Yo mandé a investigar el título de reforma agraria con tres diferentes abogados, tenemos el original, y lo investigamos en todas las instancias y oficinas; primero, para ver si era auténtico, investigamos la cooperativa para ver si realmente existía, si funcionaba, porque no iba a invertir riales de mi familia en algo que después iba a tener problemas. Ellos (los Urbina) vendieron (la propiedad) a la Lilliam Somoza”, dijo Fernández Téfel en una entrevista con EL NUEVO DIARIO.
Esto lo dice sobre un título supuestamente extendido en 1985, sacado a luz hasta después de la derrota del FSLN, en 1990, e increíblemente inscrito en 2005, año en que también inscriben la cooperativa, y en 2006 le echan los antimotines a la propiedad de los Urbina Rivas, dejándola como tierra arrasada.
Al cuestionársele su vínculo con los negocios del IPSM, Fernández Téfel respondió incómodo: “No entiendo por qué mencionan al Ejército, si esto es un proyecto personal, y ¿qué importa si está metido el Ejército?”
Palacios Bragg, por su parte, explicó que el IPSM está facultado, según la Ley 181, para participar en sociedades y actividades de tipo mercantil, y que de acuerdo con lo que conocieron de la propiedad, fue vendida por Fermín Urbina a la sociedad Desarrollos de Nicaragua S.A. (Desnisa) ligada a la familia Somoza.
Fernández Téfel y Palacios Bragg mencionaron como prueba de la venta de la propiedad de los hermanos Urbina Rivas a Desnisa, la declaración jurada que brindó ante la Policía Nacional el 7 de junio de 2006, el doctor Mario Quintanilla Morales, el notario que supuestamente elaboró la escritura de compra-venta del bien.
Lo que verdaderamente juró
“Lamentablemente durante la guerra que el pueblo de Nicaragua sostuvo contra la dictadura de Anastasio Somoza, mis oficinas fueron destruidas en dos ocasiones, por lo que desaparecieron 11 de los 20 y tantos protocolos que llevaba como notario, por lo que no puedo señalar exactamente la fecha de las escrituras que autoricé”, declaró Quintanilla ante la Policía.
Agregó que entre los documentos de Ayuda Memoria con que cuenta de esa época, se encuentra un inventario que habla de una finca de 36 manzanas prometida en venta a Desnisa por Fermín Urbina, quien supuestamente recibió entre el 31 de diciembre de 1974 y el 29 de marzo de 1976, en tres abonos, la cantidad de 584 mil 340 córdobas en pago.
“Nosotros encontramos al abogado que hizo la transacción entre los abogados y la Lilliam Somoza, e increíblemente los tres años en donde tiene que estar la Escritura de Compra Venta, se le perdieron al abogado, se le quemaron cuando él salió del país para la guerra, para la revolución, pero él puede dar fe de ese asunto”, dijo Fernández Téfel.
“Ellos (los Urbina Rivas) recibieron esa plata y de todo esto puede dar fe y pueden llamarlo, el señor Mario Quintanilla Morales”, recomendó el teniente coronel Palacios Bragg.
Abogado: “Nunca di fe”
En su despacho, ubicado en el Módulo 24 del Centro Comercial Ciudad Jardín, de Managua, el notario confirmó su declaración ante la Policía Nacional, pero dejó claro que la misma no significa que da fe que él elaboró la escritura.
“Yo encontré en mis archivos de Desnisa un documento que no está firmado por nadie, ni tiene sello, es como un inventario de sus compras, y en este papel se habla de una promesa de venta de Fermín Urbina y la cancelación de promesa de venta de una propiedad, pero no puedo decir que se trate de esa misma propiedad que aparece ahora”, dijo Quintanilla.
“Es más, yo hice decenas de escrituras de Desnisa, pero no era el único escriturador (de la sociedad) hice la mayoría, pero no puedo decir que la escritura de la compra-venta de esa propiedad de los Urbina la hice yo, porque realmente no lo recuerdo, ha pasado mucho tiempo, son 40 años”, sostuvo.
¿Este documento que dice usted que es como un inventario, hace constar algo?
“Yo creo que no, y por eso les digo que les enseño lo que tengo, que es lo mismo que dije en la Policía, eso es todo”. Es decir, que Fernández Téfel y sus socios consideraron como instrumento de cesión de dominio, una imprecisa declaración de un abogado y un papel de inventario.

Presidente cooperativa afirma airado:
“No tenemos por qué rendir cuentas”
José Félix Rivas, presidente de la cooperativa “Manuel Federico Castillo”, afirma que no hay nada irregular en la venta de la propiedad que les entregó el gobierno sandinista en 1985, la cual vendieron a Inversiones Guardabarranco en supuestamente 1.9 millones de dólares en 2006.
¿Cuánto le pagaron por la propiedad?
¿Eso qué les interesa a ustedes? El título está inscrito desde 1985 (Registro dice 2005). Ellos (los Urbina) vendieron en 1972. Allí estuvo la cooperativa 25 años. ¿Qué quieren más allí? ¿Qué les devuelvan las tierras? ¿Ustedes se las van a recuperar a ellos?
Indicó que la cooperativa se constituyó el 25 de febrero de 1980, y que sembraron en sus tierras desde 1979 de manera informal.
¿Lo que se les pagó a ustedes por esas tierras fue 1.9 millones de dólares?
No puedo rendirle cuentas a usted yo. No sé, pregúntele a don Reynaldo (Fernández), porque él fue el que aflojó lo riales. Nunca trabajaron allí esos señores (Urbina). Si lo que alquilaban eran potreros, cuando les vendieron a los Somoza.
¿La cooperativa existe o ya se disolvió?
¿Cómo se pone a pensar usted que va a existir la cooperativa habiendo vendido? ¿Les voy a vender y voy a hacer cooperativa? ¡No hombre!

Fermín Urbina Rivas:
“No sabía ni leer, ¿cómo iba firmar?”, dice furioso
A don Fermín de Jesús Urbina Rivas se le crispan las manos sobre las muletas cuando le dicen que vendió la finca que él, y ocho hermanos y hermanas, recibieron de herencia en 1960 de parte de su padre, Cleto Urbina González.
“Dicen que yo vendí entre 1974 y 1976 la finca a unos hombres de Somoza, que existen papeles con mi firma vendiendo a doña Lilliam Somoza --que yo ni conocía--, y que por eso me dieron 500 mil pesos ¿Cómo iba a firmar si yo no sabía leer ni escribir?”, se queja don Fermín, iracundo y rojo el rostro de la rabia.
“Yo medio aprendí a leer en la Cruzada de Alfabetización (1980), no sabía leer ni escribir, no podía firmar y nunca vendimos ni regalamos ni le prestamos a nadie la tierra”, dice colérico don Fermín, a quien sus nietos tienen que calmar para evitar un mal mayor a su precaria salud de 85 años.
(Con la colaboración de José Adán Silva y Mauricio Miranda)

Félix Palacios Bragg, director jurídico del IPSM:
“La buena fe prima en los negocios”, pero enreda fecha y no halla pre-contratos
Félix José Palacios Bragg tiene el rango de teniente coronel del Ejército de Nicaragua, pero también es abogado y notario. Actualmente es director jurídico del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
En la entrevista realizada el viernes 2 de noviembre en las oficinas de prensa del Ejército, el militar --vestido de civil--, aceptó que en el proyecto Residencial Vista Verde participaron inicialmente empresas como Obrinsa, e Innicsa, ligadas al IPSM.
También aseguró que al momento que empezaron las obras de construcción del residencial, entre abril y mayo de 2006, Inversiones Guardabarranco ya había adquirido legalmente el terreno en disputa.
Un pre-contrato que no encontró
END le demostró lo contrario en base a datos del Registro de la Propiedad, y recurrió a la existencia de un acuerdo “pre-contractual”, del cual no pudo facilitar una copia.
“Lo que pasa es que aquí, en el ámbito de las empresas constructoras, por lo general siempre se comienzan a hacer los trabajos aunque no se haya terminado de legalizar”, dijo.
¿Por qué tienen la certeza de que la propiedad pasaría efectivamente a manos de Monteverde?
Existe en Derecho lo que se llaman relaciones pre-contractuales, que causan y generan obligaciones. Son acuerdos que llevan ambas partes, aunque no se haya finiquitado ni se haya perfeccionado una compraventa, que implican movimiento. ¿Por qué se comenzó a trabajar? Porque las partes que compraron el terreno ya habían comenzado a desembolsarle plata a los antiguos dueños (cooperativa).
¿Y no es demasiado riesgo?
No, porque esa es una práctica… La buena fe prima en los negocios. Si usted va a estar esperando hasta dentro de un año que le firmen una escritura, usted comienza a hacer sus trámites, porque usted ya le desembolsó plata, ya le recibió.
Le ejemplifico: usted va a comprar una casa, va a firmar un contrato. Sin embargo usted ya dio un adelanto y usted la ocupa aunque no haya firmado el contrato, pero ya hubo un contrato verbal. Entonces, ocupó el inmueble, pero hasta después del mes que ya está allí firmaron el contrato.
¿Tiene algún documento que nos demuestre esa relación pre-contractual?
Esos documentos tendrían que pedírselos directamente a la sociedad Guardabarranco y Monte Verde, entiendo yo que el licenciado Reynaldo Fernández se las puede suministrar.
El título de reforma agraria se extiende supuestamente en 1985 a favor de la cooperativa, pero se publica en La Gaceta hasta en 1990, y se inscribe hasta 2005 en el Registro. ¿Cómo se explica esto?
Porque los primeros títulos que se les entregaron muchos ni siquiera los inscribieron, y ese era un problema normal de los registradores aquí en Nicaragua. Es que es un problema propio de la cooperativa. Ustedes saben que la cooperativa llevaba sus asuntos legales, de una forma desordenada por sus propias características.
¿Cómo se explica que no haya un documento de solvencia a favor de la cooperativa de parte del Ministerio de Hacienda, en este caso de la Oficina de Cuantificación e Indemnizaciones?
Simple y sencillamente porque los títulos que fueron otorgados en el año 1985 no se someten al proceso de revisión administrativa que estableció la Ley 91, donde establecía el requisito de la solvencia. Esos títulos otorgados en los años 80 no requerían de solvencia. Así lo establece la actual Ley 278, Ley sobre la Propiedad…
¿Usted elaboró los contratos para la administración de la construcción entre Demovesa e Innicsa-D123, y el contrato para la construcción entre Demovesa y Obrinsa?
Únicamente para la creación de un consorcio entre Innicsa y Desarrollos 123, que es la que iba a desarrollar el proyecto. Nada más. Los otros contratos fueron mediante otros asesores legales de la empresa Guardabarranco.
Tenemos copia de los contratos, donde aparecen su firma y su sello, y donde dice “pasó ante mí”.
Sí, así es. Es correcto. Los contratos de construcción y de administración de construcción. En la construcción yo revisé los contratos y como notario di fe de la suscripción del mismo.
Firmó con consorcio que no existía
El contrato con Innicsa-D123 está fechado el 25 de abril de 2006; y el contrato con Obrinsa es del 6 de mayo de 2006. Pero legalmente el consorcio Innicsa-D123 se constituyó hasta el 8 de mayo de 2006. ¿Cómo se explica la firma de los contratos si una de las partes, el consorcio, ni siquiera se había constituido?
Sí, es probable que en el marco de las negociaciones se haya hecho esa asociación momentánea como una figura de hecho para avanzar en el proyecto, fundamentalmente. Es decir, estaba en proceso la creación del proyecto, y fueron trabajos que se realizaron de forma paralela.
¿No es más bien irregularidad legal?
Sí. Pudo haber sido a lo mejor algún error de fecha en el momento en que se suscribió el contrato. Lo que pasa es que ya existía un acuerdo privado entre la sociedad Innicsa y Desarrollos 123.
¿Tiene un documento que lo confirme?
Eso no lo tengo a mano ahorita.
¿Y en los próximos días?
Podríamos buscarlo para ver si lo tenemos a mano.

Mañana:
*** Guerra mafiosa entre abogados.