Nacional

Todo adulterado y lucha por tierras dirimida a balazos

* Deudas a bancos no saldadas, asignaciones de propiedades a distintas personas, y un Registro que ya no es garantía para nadie * Fiscal ve problemas de tierra de largo y dice que sólo investiga delitos, aunque está consciente de lo explosivo de la situación

Luis Alemán

Un solo recibo fue suficiente para que un productor reclamara la propiedad que había perdido ante el Banco Nacional de Desarrollo. Con ese documento y la decisión de las autoridades policiales y judiciales, logró el desalojo de los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense que mantenían ocupada la finca Nohomi, en la comarca La Sirena, 35 kilómetros al sur del municipio de El Rama.

Atacados a balazos
Jacinto Rocha, entonces coordinador de la delegación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en el municipio de El Rama, viajó junto a líderes de la ex Resistencia para verificar la denuncia formulada por Justino Jiménez Saballos, presidente de la Cooperativa, por el desalojo violento.
No hubo palabras, pero sí una lluvia de balazos, Jiménez Saballos cayó herido de dos disparos. Rocha no tardó en sentir un golpe en su brazo derecho, y al instante, la sangre comenzó a salpicar todo su costado. Matones armados que había contratado Germán Fonseca, antiguo dueño de la finca, fueron los autores de la emboscada. Ninguno de ellos fue condenado.
“Íbamos a verificar la denuncia del desalojo”, recuerda Rocha, quien sigue siendo del equipo de voluntarios del Cenidh. “El problema de la propiedad en la zona es explosivo”, asegura en un tono de recomendación. Tras el ataque de la comitiva también fueron destruidas 12 humildes casitas que los desmovilizados habían levantado en la finca.
“Tenemos 12 años de luchar persistentemente por alcanzar la titulación de la finca a nuestro favor”, asegura Jiménez Saballos, quien logró sobrevivir al ataque. “Nos acusaron de que andábamos armados. ¿Sabe el arma que me encontraron?, una navaja pequeña”, dice.
Los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense ahora enfrentan numerosos juicios por usurpación, tenencia de armas, falsificación de documentos. “No nos dejan tranquilos, muchos de nuestros socios están huyendo porque por cualquier cosa los busca la Policía”, afirma Saballos.

Vengo a matarte
“Mi patrón Genaro Zeledón me mandó a matarte”, fue la frase que Milder Miranda López, jornalero y trabajador del productor Zeledón le gritó a José Isidro López Rodríguez. De inmediato sonaron los disparos y López cayó gravemente herido. El matón, como si nada hubiera hecho, se alejó del lugar y dejó tirada la gorra blanca que cubría su cabeza.
Luisa Rosales Molina, presidenta de la Cooperativa “Juan Alberto Zelaya”, asegura que Zeledón es el autor intelectual del ataque a balazos contra José Isidro, que de paso es su marido.

“Es quiebra bancos” acusan
Genaro Zeledón perdió la finca San Juan, ubicada en la comarca Pavón, del municipio de El Rama, por una deuda que no pagó al banco. “Él es uno de los quiebra bancos, ahora asegura que pagó 420 mil córdobas por la deuda que tenía y por eso tiene derecho a la finca”, recuerda Rosales Molina, quien asegura que la propiedad está legalmente en manos de la cooperativa a través de una asignación hecha por la Intendencia de la Propiedad, y que está bajo el número registral 51541, tomo 296, folio 116, asiento primero. La finca tiene 255 manzanas repartidas entre 12 desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense.
Rosales Molina reclama que la Policía de El Rama nunca hizo nada por esclarecer el intento de homicidio. “Si yo hubiera herido a un hijo de Genaro ya estuviera presa”, asegura, mientras lamenta la decisión del Ministerio Público de no acusar a Genaro Zeledón.
Fátima Taleno, Fiscal del municipio de El Rama, confirmó que no existió prueba fundamental para acusar a Genaro Zeledón como autor intelectual.

Comisión inoperante
La solución al conflicto de la propiedad en el municipio de El Rama quedó en manos de una comisión llamada Operativa. La misma, de carácter institucional, está integrada por los autores en la problemática de la propiedad. Únicamente seis sesiones realizó la famosa comisión. Denis Báez, Procurador en el municipio de El Rama, reconoció que la comisión a pesar de su nombre, no ha sido funcional.
Su funcionalidad está marcada por la integración de la misma, para Juan Francisco Pérez Masís, líder de los demandantes de tierra, es ilógico que la comisión esté encabezada por productores con problemas de propiedad. “Son juez y parte”, asegura. ¿Cómo va a actuar un productor que perdió su finca con el banco y ahora a cualquier costo la quiere recuperar?, se pregunta, “lógicamente nunca vamos a llegar a un entendimiento”, asegura.
Según Báez, en El Rama hay por lo menos 250 propiedades que están el litigio. Como Procuraduría iniciaron un proceso dirigido a “sanear propiedades para luego entregarles legalmente”.
Detalló que primero se hizo un inventario real de los bienes que pasaron a manos del Estado; la segunda etapa busca la verificación en el Registro de la Propiedad, las transferencias pendientes de bienes al Estado, y la tercera etapa será la verificación en el terreno; “establecer cuál es la situación de cada propiedad”, asegura.
Para Báez, el problema de la propiedad en El Rama es realmente conflictivo, “hay propiedades que tienen hasta tres documentos (títulos) sobre el mismo terreno, grupos de desmovilizados con dos asignaciones y productores que las perdieron con el banco, teniendo títulos de las mismas”.
Según el funcionario, el problema que hay en la zona es que muchas propiedades fueron asignadas a pesar de que estaban en manos de otras personas con documentos, “entonces nuestro trabajo era sanearla y entregarla limpia”.
Báez está seguro de que la única forma de solucionar el conflicto de la propiedad es por la vía de la voluntad de diálogo, “debe haber espíritu de reconciliación”, sin embargo, para los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, eso no pasa de ser un eslogan.
“No tenemos más paciencia, se nos agotó la paciencia y nos empujan a un estado mucho más peligroso”, asegura Juan Francisco Pérez Masís. “Nadie nos escucha, nos matan, nos desalojan, nos queman las casas, nos persiguen, no tenemos sosiego, y las autoridades cuando denunciamos al productor, nunca hacen nada”, asegura.
Pérez Masís se queja que ninguna autoridad recoge con seriedad sus demandas, pero a la vez reflexiona: “Hay una red de abogados y funcionarios que están vinculados al problema y por eso nadie nos escucha”. “Una abogada que lleva casos de los productores es hermana de una jefa policial, un subcomisionado de El Rama es también dueño de una finca, entonces, ¿cuándo podremos tener la razón?”, se interroga.

Toros de largo
La Fiscal del municipio de El Rama, Fátima Taleno, prefiere ver los toros de largo. “En la zona el conflicto de la propiedad es crítico”, asegura, y afirma que a la Fiscalía no le compete dirimir “lo tuyo o lo mío”.
Para la fiscal, los desmovilizados de la ex Resistencia tienen mucha responsabilidad. “Muchos desmovilizados están traficando con tierras, agarran aquí y luego se van para allá; los productores son víctimas”, asegura.
“No tenemos a nadie que nos escuche”, asegura doña Luisa Rosales, presidente de la Cooperativa “Juan Alberto Zelaya”, ubicada en la comarca Pavón del municipio de El Rama.
Un documento de la Intendencia de la Propiedad al que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO, confirma que las propiedades en conflicto fueron ejecutadas judicialmente por los bancos y pasaron a la administración del Banco Central de Nicaragua.

También acusan a FSLN
Pero los campesinos demandantes de tierra, llamados de forma despectiva “los toma tierra”, acusan no sólo a los funcionarios del Estado de no contribuir a la solución del conflicto por la propiedad, también señalan a dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional de profundizar el conflicto promoviendo a grupos de ex militares sandinistas a tomarse las tierras ocupadas por los ex Resistencia.
Celestino García, Secretario Político del FSLN en el municipio de El Rama, fue señalado por los demandantes de tierras como uno de los promotores del conflicto de propiedad. “Él organiza grupos de armados que mete en las propiedades que nosotros tenemos asignadas”, asegura Justo Jiménez Saballos.
Juan Francisco Pérez Masís confirma lo anterior. La finca Llanos de Pilam, ubicada en la comarca Musuwaca, está enfrentando ese problema. “Celestino les dijo a los ex miembros del Ejército que podían ocupar las tierras y ahora están ahí armados con fusiles”, afirmó.
“Ellos nos dijeron que fue Celestino quien les ordenó que se tomaran las tierras”, asegura. La finca tiene mil 500 manzanas, 500 están ocupadas por los ex miembros del Ejército.
Las fincas Buenos Aires y San Martín, en la comarca Wapí, también tienen ese problema. 19 armados comandados por César Gómez se metieron a la propiedad de 730 manzanas. La propiedad era de Mercedes Quezada, que la perdió por el valor de mil cabezas de ganado en 1996.
El procurador Báez asegura que dentro del proceso de verificación que realiza la oficina a su cargo, han detectado transferencias fraudulentas de bienes que eran del Banco Central de Nicaragua. “Las transfirieron a sus nombres nuevamente y luego las inscribieron en el Registro de la Propiedad”.
Según Báez, han presentado 24 demandas civiles en el Juzgado de Distrito Civil de El Rama por nulidad de instrumentos públicos y cancelación de cuenta registral.
Señaló que “fueron transferencia fraudulentas que hicieron funcionarios del Banco como ventas anómalas, lo que hacemos es anular esos instrumentos públicos para cancelar el asiento registral, y con ello dar atención a las demandas de la ex Resistencia.
Aseguró que también elevaran ante la Fiscalía, 16 casos por la vía penal por falsificación de documentos y otros delitos.
Sin embargo, para Báez, algunos líderes de la ex Resistencia hicieron negocio con el tráfico de propiedades. “Tenemos dos grupos con dos asignaciones, y tenemos un título de un productor inscrito en el registro”.