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“Todo lo ordenó y supervisó FMI”


Eloisa Ibarra

El ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Alonso, se escudó en los organismos financieros internacionales para justificar las irregularidades que, según la Contraloría General de la República (CGR), ocurrieron en el proceso de subasta de los bienes provenientes de bancos liquidados.
Alonso, a quien la CGR estableció presunciones de responsabilidad penal, compareció ante la Fiscalía General de la República a ampliar su declaración dentro de la investigación que se realiza de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).
La CGR estableció un daño económico de 3,106 millones 748 mil 518 córdobas --más de 160 millones de dólares--, por haber vendido a un precio menor al establecido en libros los activos de los bancos desincorporados: Interbank, Bancafé, Bamer y Banic.
Asimismo, estableció un daño patrimonial de 111 millones 920 mil 289 dólares, derivados del pago adicional de la compra-venta y reinversión con el Banpro, para sustituir los Cenis por Bonos Cupón Cero y Bonos Bancarios.
Por ambas acciones, la CGR estableció presunción de responsabilidad penal a los ex miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), Eduardo Montealegre, ex ministro de Hacienda y Crédito Público; Silvio Conrado, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas, Ricardo Parrales y Alonso Icabalceta.

Condición del FMI
Alonso aseguró que la subasta de los bienes fue una condición establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no era negociable, o “sea que estábamos obligados a cumplirla y ello requería que los activos se vendieran en subasta a valores determinados por el mercado, vía las ofertas”.
Según Alonso, el FMI también requirió que la subasta la hiciera una empresa con experiencia internacional en ese tipo de actividades, y que fuera la empresa --y no el BCN ni ninguna organización del gobierno-- la que manejara el proceso, y que el banco participara únicamente en las cuestiones requeridas desde el punto de vista legal, para maximizar las recuperaciones y evitar presiones y malas interpretaciones.
El BCN, según Alonso, escogió a la empresa FFN para efectuar la subasta, y todos los documentos de contratación y de la misma subasta fueron firmados de previo con el visto bueno del FMI.
Sin embargo, en mayo de 2006, Ricardo Terán, representante de la FFN en Nicaragua, dijo que la última palabra de a quién venderle o no una propiedad, la tenía el Consejo Directivo del BCN siempre. “La empresa hacía la presentación, oferta, tabulación de los datos e interpretación con su puntuación, y el BCN decía sí o no”.
Declaró que previo a la subasta, los activos fueron valorados por consultores de la AID pero sólo con estimados. “Ellos estimaron un máximo y un mínimo, y que se podían vender entre 23 y 58 millones de dólares, los 400 millones que se suponía iban a subasta”.
Alonso no aclaró ante la Fiscalía la pregunta: ¿Por qué si el BCN recibió de las Juntas Liquidadoras de los bancos desincorporados un valor en libros por el monto de 3,423,104,673 córdobas al momento de la subasta de los activos, únicamente se pudo obtener un monto de 316 millones resultado de la subasta realizada por la FFN?