Nacional

Agresiones contra las personas incrementaron un 130%

* Se duplicó el riesgo de un(a) nicaragüense a ser víctima de un hecho delictivo * Homicidios pasaron de 9 x 100 mil habitantes 2000 a 14 x 100 mil en 2006 * La profundización de la desigualdad extrema genera inconformidad y violencia delictiva

Se ha afirmado reiteradamente que el delito es multicausal, existen factores sociales, económicos, culturales, institucionales, etc., que contribuyen al incremento de la tasa delictiva del país. El análisis responsable de dichas causas y la incidencia sistemática y sostenible sobre ellas, desde un enfoque de largo plazo, integral, multiinstitucional y multisectorial, es uno de los retos de la política de convivencia y seguridad ciudadana que el Estado debe promover.
El incremento de la tasa delictiva aumenta la inseguridad ciudadana, y ésta, a su vez, es afectada por otros factores. Dado su carácter indivisible e inseparable de la percepción humana, el individuo recibe en su naturaleza física, síquica y social, particular y colectiva, el conjunto de preocupaciones internas y externas que le generan intranquilidad, temor, incertidumbre y desconfianza, y éstos se manifiestan en inseguridad.
Desde el punto de vista de la violencia delictiva, la política pública en la materia debe pretender incidir sobre tendencias, y no sobre sus variaciones temporales, circunstanciales, que pueden ser motivadas por cuestiones ocasionales, aparentes, no sistémicas. A pesar de ser necesario insistir en que los datos son relativos, pueden ser inexactos, pero son una referencia útil.
Hemos tomando en cuenta el Anuario Estadístico 2006 de la Policía Nacional, de donde es posible concluir que en la década 1996–2006 se duplicó el riesgo de un(a) nicaragüense a ser víctima de un hecho delictivo. Éste pasó de 12 a 23 por cada mil habitantes en los delitos en general. En los casos contra las personas (homicidios, lesiones, violaciones, etc.) pasó de 4.6 a 9.8 por mil, lo que representa un significativo incremento del 130%. El riesgo por delitos contra la propiedad se incrementó en 48%, y pasó de 7.5 a 11 por cada mil habitantes.
Lo anterior deriva en la probabilidad de que una persona pudo ser afectada por un delito criminal en 2006, dos veces más que la de diez años atrás, en 1996. Esto explica, en parte, el creciente índice de victimización identificado por distintas encuestas en 1999 como de 14%, y en 2007 de 19%. En la actualidad, más personas se sienten afectadas por variadas formas delictivas, aunque no lo denuncien.
La atención de la política estatal en materia de seguridad pública debe centrarse en la composición cualitativa de dichos delitos, su gravedad, nivel de daño y complejidad. Es mucho más importante, en el incremento de la inseguridad, la afectación delictiva contra las personas que contra los bienes materiales, de tal forma que el alto incremento porcentual en delitos afectando directamente al individuo es sobre lo cual hay que actuar y observar con prontitud.
Particularmente, la tasa de homicidios pasó de 9 x 100 mil habitantes (su nivel histórico más bajo en 2000) a 14 x 100 mil en 2006, y aunque dicha tasa, en el período 1990–1999 fue mayor, ésta no se desvinculó de los remanentes del conflicto armado provocado por grupos irregulares no desmovilizados o realzados, es decir, prevalecía un factor excepcional que no puede ser analizado a la luz del fenómeno puramente criminal.
¿Qué factores incidieron en el incremento del delito en Nicaragua en esta década recién pasada? ¿Han fallado los mecanismos sociales e institucionales para administrar o gestionar la creciente conflictividad social? El problema no se resuelve incidiendo sólo en los efectos, ni es exclusivamente policiaco o penal, tampoco es un asunto de debilidad que requiere la sustitución por la coerción y la “mano dura”, evidentemente fracasadas en otras experiencias. Trataremos de especular sobre algunas causalidades, no sin antes afirmar que el análisis específico de vulnerabilidades, riesgos y circunstancias, sigue siendo un tema insuficientemente estudiado:
1. Abandono de las políticas sociales del Estado, al reducirse en términos relativos el gasto social en salud, educación, cultura, deporte, etc.
2. Ausencia de políticas públicas integrales y sostenibles, insuficiente cumplimiento y/o carencia de regulaciones en materia de convivencia ciudadana, expendios de licor, tráfico vehicular, transporte colectivo, etc.
3. Incremento de la desigualdad, el cual se profundizó en la década anterior en un 3%. La profundización de la desigualdad extrema, el no acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, genera inconformidad, rebeldía, violencia social y delictiva.
4. Situación de pobreza y pobreza extrema persiste en más del 60% de la población.
5. Altas tasas de desempleo abierto e informal. No hay capacidad del sistema socioeconómico para absorber el crecimiento de la fuerza laboral, por lo cual se ven obligados a salir del país (principalmente a Costa Rica y a Estados Unidos), provocando la desintegración familiar, o a pulular en la desocupación.
6. Analfabetismo mayor del 30%.
7. Desiguales opciones de trabajo y desarrollo del país en las distintas regiones y departamentos, entre las zonas urbanas y rurales, particularmente en la Costa Atlántica de Nicaragua, donde se presentan las mayores tasas relativas de homicidios y de victimizaciones.
8. Crecimiento desordenado de las principales ciudades del país, carencia de un plan urbanístico, de espacios públicos y recreativos, hacinamiento, asentamientos espontáneos carentes de los servicios básicos.
9. Crecientes demandas insatisfechas de la población a sus necesidades.
10. Problemas de gobernabilidad y desarrollo social, los que resultan inseparables al incremento de la violencia criminal.
11. Insuficiente promoción y desarrollo de una cultura de solución pacífica de conflictos, educación cívica y respeto al derecho ajeno con equidad.
12. Deportaciones de inmigrantes, los cuales carecen de opciones en el país.
13. Enfoques no educativos y amarillistas de los medios de comunicación, exacerbando comportamientos violentos.
14. Incremento del consumo de drogas, principalmente en la población joven.
15. Aumento de operaciones de la delincuencia organizada transnacional, particularmente vinculados al narcotráfico, tráfico de personas y de armas.
16. Deterioro de la confianza y credibilidad en las instituciones públicas.
17. Fragilidad institucional en el abordaje integral, multisectorial y preventivo del problema delictivo.
18. Carencia de política de persecución criminal del sistema de justicia penal.
El Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional tiene el reto de revertir o al menos frenar esta tendencia adversa de la seguridad pública, manifestada en el incremento significativo del nivel de riesgo de las personas a ser víctimas de un hecho criminal, incidiendo sobre las causas, riesgos y circunstancias reales y no sólo sobre los efectos. Las cifras no llegan aún a los extremos de gravedad observados en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero parecen deteriorarse paulatinamente. Podemos evitarlo.
*Especial para
EL NUEVO DIARIO
Víctimas por mil habitantes
Año Delitos general Contra personas Contra propiedad
1996 12.1 4.6 7.5
1998 13.6 5.3 7.7
2000 14.7 5.2 8.0
2002 17.5 6.2 8.7
2004 20.0 7.6 8.7
2006 23.2 9.8 11.1
Variación Riesgo 1996-2006
Variación Delitos general Contra personas Contra propiedad
Víctimas por mil hab.
+ 11.1
+ 5.2
+ 3.6
% Incremento
+ 91.7%
+ 130.4%
+ 48.0%
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