Nacional

PGR se traga Intendencia de Propiedad


La Procuraduría General de la República asumió por mandato presidencial de Daniel Ortega, las funciones de importantes dependencias de la Intendencia de la Propiedad, incluyendo la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones, reveló ayer la Oficina de Prensa de la Procuraduría (PGR).
Esta semana el sindicalista Luis Beltrán Flores, de la Intendencia de la Propiedad, denunció que las autoridades bajo el mando de la intendente Yara Pérez Calero, estaban cometiendo abusos, despidos y creando incertidumbre entre el personal del Proyecto de la Propiedad, lo que incluía el despido de varios trabajadores, la intervención de computadores y expedientes de trabajo, y el traslado sin aviso de personal del edificio de la Intendencia al inmueble de la PGR.
Ayer la Oficina de Prensa de la Procuraduría reveló que el traslado del personal de la Intendencia de la Propiedad, una instancia supeditada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la PGR, se justifica mediante el decreto presidencial 93-2007, mediante el cual el mandatario Daniel Ortega ordena que varias funciones que tienen que ver con la resolución de conflictos de propiedad pasen a la subordinación directa del procurador Hernán Estrada.

Decreto clandestino
El decreto fue firmado por Ortega el viernes 21 de septiembre y en él se dicta que la PGR asume la dirección y coordinación del Consejo Técnico de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), instancia a cuya cabeza estaba Rosa Argentina Solís, quien fue despedida esta semana por la intendente Yara Pérez.
La OCI es la instancia encargada de valorar y analizar las indemnizaciones que el Estado debe realizar a las personas que han sido objeto de intervención o afectación por parte del Estado. Desde su creación, a finales de los años 90, la citada oficina ha centrado sus funciones principalmente en valorar las tierras y propiedades confiscadas por la Revolución Sandinista durante los años ochenta y autoadjudicadas en los primeros meses de 1990, cuando el entonces partido de gobierno perdió las elecciones.
De acuerdo con el decreto presidencial, las oficinas y autoridades autónomas y semiautónomas que antes realizaban las funciones de resolución de conflictos de propiedad por la vía del Estado, ahora deberán pasar bajo la administración de la PGR que, del mismo modo, será la última instancia administrativa en caso de revisiones y soluciones en temas de propiedad.

Boicot contra trabajadores
Según Luis Beltrán Flores, las autoridades de la Intendencia de la Propiedad explicaron a los trabajadores el motivo de los traslados a la PGR, lo cual, señalaron los sindicalistas, “no justifica de ninguna manera las anomalías y el maltrato al que han sido sometidos los trabajadores”. La denuncia de los sindicalistas es que aparte de las amenazas de despidos, en la Intendencia de la Propiedad les están requisando los equipos informáticos a los trabajadores, les están retirando los expedientes de trabajo y le niegan la información oficial, y después les exigen informes diarios de cumplimiento de trabajo que, obviamente, no se cumplen por la falta de condiciones y equipos.
“Luego vienen los reclamos, las presiones, las amenazas de despidos y hasta amenazas de cárcel, pues mucha gente anda repitiendo que aquí opera una mafia de roba-tierras que están siendo investigados para procesarlos penalmente, pero nadie dice quiénes son, y todos tememos que nos metan en ese saco”, dijo uno de los miembros del sindicato, quien llamó la atención al Ministerio de Trabajo y a organismos de defensa de derechos humanos, “ya que se está atentando contra la integridad de los trabajadores y contra la salud mental de más de 300 personas”.