Nacional

Revisan irregularidades en las indemnizaciones


Eloisa Ibarra

Autoridades que atienden el tema de la propiedad realizan una investigación sobre las indemnizaciones en las que supuestamente existen irregularidades que causan perjuicio económico al Estado.
Hasta el momento tienen contabilizados diez casos, en los que han descubierto que se autorizaron indemnizaciones sobre propiedades que no fueron confiscadas, tierras ejidales o bien los reclamantes las habían perdido en ventas forzadas.
A José Duquestrada Lugo y Renée Lucía Ortiz de Duquestrada les pagaron dos millones 750,800 córdobas por un inmueble rústico denominado “La Argentina”, que había dejado de estar en posesión de los reclamantes por venta forzada. No hubo afectación por parte del Estado, y el reclamo fue extemporáneo, por ende, el pago es indebido, según la investigación.

Más “perlas”
Al ex ministro de Turismo, René Molina Valenzuela, lo indemnizaron con 549 mil córdobas por un yacimiento de mármol que no tiene registro ni ubicación de la propiedad, según documentos de la investigación a los que tuvimos acceso.
A Caroll Hupp lo indemnizaron con nueve millones 558,936 mil córdobas por 196 trozas de caoba, 2,257 tablas aserradas y 556 tablas de seis pies de largo, de las que, de acuerdo a lo investigado, nunca demostró el dominio.
La administración les ha pagado en concepto de indemnización a Oscar Sevilla Sacasa y a Emilio Dowing Arceyut, un millón 679,567 córdobas de un total cuantificado en tres millones 359,135 córdobas por un inmueble ubicado en Ciudad Sandino, con un área de 16.079 manzanas.
Sin embargo, en la investigación se descubrió que el inmueble tenía un área inicial de 246.679 manzanas, que se desmembró en diez partes, de 1959 a 1974, y quedó un saldo registral para efectos de indemnización de 16.079 manzanas, sin meter calles ni áreas verdes, y se constató que no había remanente que indemnizar y se hizo.

Otros casos
A los socios del Centro Comercial La Cascada S.A. se les cuantificó la propiedad en 13,884,853.29 córdobas, y al final se les aprobó 14,884,853.29, o sea, un millón de córdobas adicional sin justificación, según parte de la investigación en proceso.
A una persona de nombre José Antonio Hooker le pagaron 52,500 córdobas por una propiedad de 500 metros en Managua, sobre la que nunca demostró dominio y ni siquiera está inscrita en el Registro Público.
Las autoridades también investigan la cuantificación de dos casos donde aún no se ha finiquitado, pero ya se cuantificó. Una es de Insecticidas de Nicaragua S.A., la fábrica de insecticida y su laboratorio cuya indemnización se cuantificó en 113 millones, 761,926 córdobas sin demostrar el dominio de los bienes reclamados. La cuantificación se hizo por analogía.
El otro caso es el de la sucesión de Alberto Reyes: Olga Reyes de Suhr, Esperanza Reyes viuda de Salazar y Antonio Reyes Pereira, a quienes se les cuantificó una indemnización sobre un inmueble rústico ubicado en Aguas Frías, departamento de León, con un área total de 913 manzanas.
Lo cuantificado, sumando todo, es de catorce millones 829 córdobas, sin que, de acuerdo a la investigación, haya sido afectada por la reforma agraria, ni confiscada porque son terrenos ejidales de esa zona y la propiedad está desocupada.
Una fuente que participa de la investigación informó que todas estas personas serán citadas para que demuestren con documentos que sus reclamos son legítimos, de lo contrario se tomarán medidas para resarcir el presunto daño ocasionado al Estado.