Nacional

Intendencia de Propiedad, un campo de concentración

* Buscan a “mafias roba-tierras” entre trabajadores de pasadas administraciones, y vuelan cabezas de destacados cuadros del FSLN

Trabajadores y sindicalistas de la Intendencia de la Propiedad denunciaron ayer que están siendo víctimas de presiones, violaciones laborales y otras irregularidades a raíz de la denuncia del presidente Daniel Ortega, quien la semana pasada dijo que traficantes de tierras operaban en esa institución del Estado.
José Meneses Martínez, Secretario General del Sindicato, denunció ayer que las autoridades centrales de esa dependencia del Ministerio de Hacienda están violando el Código Laboral al trasladarlos de institución sin consulta ni previo aviso, al requisarle los equipos informáticos y expedientes de trabajo, y al negarles información para el cumplimiento de sus funciones.
“Han estado trasladando a personal de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones a trabajar a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, sin ningún argumento técnico”, dijo Meneses, quien señaló que tras la denuncia del procurador Hernán Estrada de estar investigando a 30 trabajadores vinculados a las “mafias” vende-tierras, se ha desatado una “cacería de brujas” contra los trabajadores.

Despiden a combatiente histórica
“Vemos que dicen que hay 30 funcionarios corruptos en la Intendencia, pero no dicen quiénes son, lo que nosotros tememos es que haya una ‘cacería de brujas’ para correr gente y ellos meter a sus allegados”, expresó el sindicalista, quien acusó a la intendente Yara Pérez Calero de estar “quebrando” el sistema de la institución al “quitar” y “poner” personal de un área a otra sin tomar en cuenta sus capacidades o experiencias.
Prueba de la presunta guerra contra los trabajadores es la destitución ayer en horas de la tarde de la Directora de la Oficina de Cuantificación e Indemnizaciones, Rosa Argentina Solís.
Solís fue nombrada directamente por el presidente Daniel Ortega y fue combatiente histórica sandinista. Pero ayer, su amplia trayectoria como militante del partido de gobierno no le valió de mucho ante las decisiones de Pérez Calero.
EL NUEVO DIARIO llamó a la Intendencia de la Propiedad para obtener una versión de la señora Pérez, pero no fue posible comunicarse con ella. También se le llamó al celular y se le dejó mensaje, pero no respondió.
“Se le llevan las computadoras y les quitan los expedientes, después les piden informes a diario, luego los acusan de ineficientes cuando no entregan los trabajos, pero si les quitan los equipos y los documentos ¿cómo van a responder en el trabajo?”, se pregunta Meneses, quien señala que a modo de presión hay personas a las que les atrasan los pagos o les hacen firmar adéndums de trabajo cada tres meses, “lo que desestabiliza a cualquiera”.

Bozal laboral
Meneses también denunció que bajo la administración de Pérez Calero se ha impuesto “un bozal” a los trabajadores. Prueba de ello es un memorando del pasado nueve de octubre, donde les dice a los trabajadores que tienen prohibido pedir información a las direcciones de la institución y otras instancias sin el permiso de ella.
Según Meneses y otros trabajadores del sindicato, las acciones ejecutadas en esa instancia gubernamental deben llamar la atención de la Contraloría General de la República, ya que las computadoras e inmuebles de la Intendencia son propiedad del Ministerio de Hacienda y no de la Procuraduría General de la República, y el traslado de trabajadores hacia esa institución viola la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.