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La caravana de los pobres

El diario electrónico costarricense Nación.com publicó hoy un editorial que critica al gobierno de Nicaragua, a continuación el artículo de opinión tal y como fue divulgado

NACION.com

El caso de 90 nicaragüenses indocumentados, dirigidos por ‘coyotes’, refleja la realidad centroamericana

Los pobres son los que están pagando la ambigüedad y desaciertos del Gobierno de Nicaragua

Entre el jueves y viernes de la semana pasada miembros de la Fuerza Pública detuvieron a 90 nicaragüenses indocumentados en la zona norte del país. Un grupo de 32 personas, compuesto de adultos, hombres y mujeres, y de 15 menores de edad, viajaban ocultos en el cajón de un camión ganadero. En el otro grupo venían 14 adultos y 18 niños, entre ellos un bebé de dos meses, hacinados en una vagoneta, al mando de dos “coyotes” nicaragüenses y un costarricense, ahora presos por orden judicial. Antes del encuentro con estos traficantes, habían caminado 12 horas.
El dolor y desesperación de estas personas quedó documentada en nuestra edición de ayer en la entrevista de nuestro corresponsal Carlos E. Hernández a María del Carmen Martínez. Interrogada sobre el móvil de su salida de Nicaragua, respondió: “La miseria en que vivimos”. Venía con la ilusión de “reunir dinero” para comprar bloques de concreto y colocarlos sobre las láminas de zinc herrumbrado de su rancho. Contó, asimismo, que viajaba ilegalmente pues, si no tenía siete córdobas (300 colones) para comprar una libra de arroz, menos podía pagar los 1.000 córdobas del pasaporte. Una persona le prestó 2.500 córdobas a un interés del 10% mensual, que deberá cancelar. Al chofer de la vagoneta le pagaron 100.000 colones (Aproximadamente 3 mil 629.83 córdobas) en Pocosol y otros 50.000 (Aproximadamente 1814.92 córdobas) se le darían en Alajuela., Epílogo: “Ahora regreso con las manos vacías, mucho más pobre y sin dinero para pagar las deudas”.
Todos quieren trabajar o coger café para comer, y, si regresan a Nicaragua, como expresaron, estarán mucho peor. Esta historia o caravana de dolor y de amargura lleva ya muchos años entre Nicaragua y Costa Rica. Es la saga de la gente pobre, en el mundo actual, que vive cerca de un país que está un poco mejor, y que precisamente nuestra nación ha afrontado con dignidad y solidaridad. El problema, sin embargo, continúa y tenemos que hacerle frente en dos direcciones: mediante un esfuerzo tesonero y sin tregua para superar nuestras condiciones actuales, a sabiendas de la complejidad y volumen de los desafíos actuales, y, por otro lado, mediante una vigorosa y constante labor de solidaridad y de trabajo en equipo en el istmo centroamericano en el orden de la economía, de la política social y de la seguridad ciudadana. La cuestión que se refiere a la cooperación internacional tiene que ocupar un lugar preferente en esta agenda inmediata.
Mal haríamos, por otra parte, en dejar de lado una cuestión apremiante ante la crisis social que, desde hace años, padece el pueblo de Nicaragua. Nos referimos a la responsabilidad moral y política que incumbe, ahora, al gobierno de Daniel Ortega y al expresidente Alemán. Al primero, por las graves desviaciones que se le achacan en su gestión presidencial, y a ambos por su vergonzoso pacto o piñata, cuyo único propósito fue poner a su servicio las instituciones públicas claves, a fin de proteger e incrementar su poder económico mal habido y así disfrutar de la más amplia impunidad. Este asalto contra la institucionalidad democrática se ha hecho a costa de los sectores más pobres de Nicaragua, pues en el estilo de gobierno patrimonial no caben la compasión ni el bien común.
La inseguridad jurídica en Nicaragua, el quebranto del derecho de propiedad, la errática y peligrosa política exterior, del brazo de regímenes dictatoriales como el de Irán y Cuba, y, en general, la falta de transparencia en la gestión pública aleja las inversiones y la cooperación internacional, desalienta a la empresa privada y exaspera a los países centroamericanos. En estas condiciones, serán los pobres los que pagarán la factura de la injusticia y de la irresponsabilidad gubernamental.

Editorial NACION.COM